CAUSA ARMADA: Cobran todos, menos el hijo

Por Hugo Alvarez (*)

La última jornada en el juicio de la emblemática CAUSA ARMADA por la lamentable muerte de Franco Casco deja a los jueces una información sobre la cuál se debe hacer foco: el desequilibrio de posibilidades entre las partes. En la jornada del pasado jueves hubo tres testimonios vertebrales.

Alejandra Ojeda Garnero, licenciada en periodismo, editora del Diario Conclusión y profesora de Periodismo, Alberto Martínez, secretario de APROPOL y Daniel Alfredo Giménez, Director General de Policía, ex subjefe de la URII y de otras divisiones como la sección Judiciales o Asuntos Internos, así como profesor de Derecho Constitucional y procedimientos policiales en la cátedra de la escuela de Oficiales de la Provincia de Santa Fe.

El compromiso de informar

La licenciada Ojeda Garnero, ante la pregunta de la Dra. Antonella Travesaro contó al tribunal "escribí muchas notas e hice diversas entrevistas sobre el caso. Al igual que la mayoría de los medios tomé contacto primero con la familia de Franco y con sus abogados".

Relató en el mismo orden que luego de recibir la información les pidió a los abogados de la familia Casco si le podían acercar una copia del expediente, lo cuál "jamás hicieron".

Por su parte confirmó que posteriormente tomó contacto con familiares de los acusados a los cuáles entrevistó, y los mismos pusieron a su disposición un pen drive con toda la información judicial del caso, fotos, videos, pericias e informes oficiales.

"Posteriormente entrevisté a muchos de los acusados. A Diego Álvarez, a César Acosta, a Cecilia Contino, a Guillermo Gysell, a Cintia Greiner".

La Dra. Travesaro le pidió si podía relatar que surgió de esas entrevistas "bueno, que todo lo que ellos me contaron estaba en el expediente".

Un capítulo aparte mereció la atención que pusieron los Magistrados cuando a la editora de Conclusión se le preguntó si había sido hostigada o había recibido presiones por escribir sobre el caso "entiendo que cumplo un trabajo, vengo a cada audiencia porque quiero saber que es lo que pasa y lo que se expone ante el Tribunal, para mí es la forma correcta de trabajar y de obtener información objetiva.

He sido criticada por algún colega. Uno esperaba que yo sacara una nota para criticarla con dureza pero jamás lo vi en ninguna de las audiencias interiorizandose de lo que pasa acá.

Otra persona realizó posteos en redes sociales afirmando que soy 'vocera de la policía' o también han afirmado que 'recibo dinero' por escribir.

Para mí sería más sencillo llamar por teléfono a los abogados y preguntarles 'que paso en la audiencia de hoy' sin embargo empleo horas oyendo, tomo nota, y luego paso muchas horas escribiendo y sintetizando la información para que sea objetiva, plural, y que refleje lo que sucede en cada audiencia.

En Conclusión trabajamos de esa forma y siempre damos cobertura a las dos partes en cualquier conflicto, sea un caso amplio como este o sea la rotura de un caño en un barrio".

La Dra. Travesaro consulto si alguna vez había sido presionada u hostigada por algún abogado "si, el Dr. Salvador Vera me envió un mensaje de whatsapp en una oportunidad, se molestó por una nota que no le gustó".

Al cierre de su testimonio el Juez Moisés Vázquez solicitó que ante cualquier amenza que sufriera en relación con la labor que realiza se la hiciera saber inmediatamente a ese Tribunal y que ellos tomarían las medidas al respecto.

El jefe de una comisaría puede realizar procedimientos

Por su parte el Director General de Policía Daniel Alfredo Giménez fue categórico al resolver cuestiones que los acusadores vienen confundiendo desde el inicio.
En ese sentido el primer fiscal del caso había cuestionado la detención de Franco al entender que ese acto "no contó con testigos de actuación".

"Una aprehensión en flagrancia -cómo fue este caso- no requiere testigos de actuación. El código Procesal Penal de Santa Fe no lo exige, y la obligación del personal policial es poner al demorado a disposición de un fiscal en el lapso de dos horas".

Este extremo ya había sido acreditado por fiscales provinciales que declararon en el juicio, aunque Giménez se explayo sobre cuestiones más esclarecedoras aún.
"Acá no hubo una detención por averiguación de antecedentes o por el art. 10 bis, lo que hubo es un llamado de auxilio y posteriormente un atentado y resistencia a la autoridad. En ese marco el delito se cometió cuando Franco agrede a los policías, estos lo demoran y ponen en conocimiento inmediato al Fiscal".

Otro punto con el cuál los acusadores lograron confundir a los jueces de primera instancia fue la cuestión alusiva a la "numeración de las actas de procedimiento".
Si bien en el libro de guardia se corrobora que las actas de procedimiento de la comisaría no llevan número y si lo tienen la de las patrullas exteriores (comando radioeléctrico, brigada motorizada, patrulla de acción táctica u otras) los acusadores utilizaron el argumento potencial de que "llamativamente el acta de procedimiento que ilustra los hechos en torno a Franco no tiene número" para confundir las aguas.

Giménez afirmó "las actas de una comisaría no llevan número, en todo caso los números son para control de los cuerpos exteriores que lleven procedimientos a la comisaría como comando radioeléctrico, brigada motorizada y similares. Alguna comisaría puede poner número a sus actas pero no es una exigencia legal ni formal".

Otro de los puntos cuestionados por la acusación fue que el comisario Álvarez hubiera realizado la detención de Franco Casco.

La Dra. Travesaro consultó "al jefe de una comisaría ¿le está prohibido realizar procedimientos o detener personas en el ámbito de sus funciones?".

Giménez afirmó "de ninguna manera, es su obligación y está facultado para ello".

La Dra. Travesaro volvió a insistir para que no quede duda "el jefe de la provincia, señor Miguel Oliva ¿Podría encabezar un procedimiento y detener personas?", la respuesta de Giménez no se hizo esperar "por supuesto que sí, es parte de su función".

Política de odio y "apriete" a los jueces

Por su parte el Secretario de APROPOL -el señor Alberto Martínez- se expresó en duros términos al sostener que los trabajadores policiales son estigmatizados y criminalizados por realizar ese trabajo.

En el marco del juicio destacó que "a estos compañeros se les violaron multiplicidad de derechos, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en plazo razonable, a no ser encarcelado arbitrariamente, a ser oído, a la dignidad y la honra, a la protección jurídica o la igualdad ante la ley".

En ese marco de falta de igualdad sentenció "es una atrocidad que los abogados de la acusación hayan cobrado al momento más de 298 millones de pesos y que nuestros compañeros, acusados de un delito del cuál se afirman inocentes tengan que hacer rifas, sorteos y vender tortas para pagar los costos de la defensa. No veo mal que el Estado asista a las personas, pero en este caso ¿Porque solo ayuda a una parte?".

En la misma inteligencia Martínez disparó "en la puerta de este Tribunal se presentó el Secretario Nacional de Derechos Humanos, un funcionario de la presidencia para afirmar que estos compañeros son culpables y pedir lisa y llanamente que haya condenas, todo cuando aún no hay sentencia. No es un hecho aislado, hubo diputados, concejales y hasta el rector de la UNR constituidos en acusadores. La propia Facultad financia una historieta donde afirman que estas personas son culpables, mucho antes de una sentencia definitiva.

Hay todo un entramado bien constituido a fin de presionar y apretar a la justicia para que condene a gente inocente si o si".

El próximo 15 de diciembre continúa el debate.

(*) Presidente de la Asociación Civil Inocente Colectivo

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