Por Alberto Rubén Martínez (*)
El gobierno de Maximiliano Pullaro ha dejado de actuar en el terreno de la política para ingresar en uno mucho más peligroso: el de la división entre amigos y enemigos, entre los que merecen protección y los que deben ser castigados. Ese desplazamiento no es teórico. Es concreto. Se verifica en los hechos, cuando el Estado deja de dialogar con sus propios trabajadores y comienza a tratarlos como sospechosos.
La política existe para resolver conflictos. Cuando el poder abandona el diálogo y elige el castigo, deja de hacer política. Comienza a ejercer otra cosa: control, disciplinamiento, confrontación.
Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en Santa Fe.
El conflicto ha ingresado en su fase más crítica: la ruptura de la autoridad
La situación actual ha superado el marco de un reclamo sectorial para ingresar en una verdadera crisis institucional, caracterizada por el quiebre de la relación de autoridad entre la conducción formal y el personal subordinado. Cuando la cadena de mandos deja de funcionar como estructura real de conducción y comienza a sostenerse únicamente en la formalidad administrativa, se configura un vacío de autoridad que no puede resolverse mediante sanciones ni amenazas.
En este punto, el conflicto deja de ser laboral y se transforma en un problema estructural de legitimidad. La conducción ya no se define por el cargo que se ocupa, sino por el reconocimiento efectivo de quienes deben obedecer.
Restablecer ese vínculo exige decisiones políticas urgentes, porque ninguna institución puede sostenerse cuando la autoridad existe en los papeles, pero ha desaparecido en la realidad.
En una clara maniobra de presión sobre la población, el gobierno apeló a la exposición de sectores marginales para instalar la idea de que el reclamo policial conspira contra el autodenominado “exitoso plan de seguridad”, trasladando así el eje del conflicto desde la responsabilidad política hacia el terreno del temor social.
Primero rompieron el diálogo, después aplicaron castigos
El proceso ha sido claro. Primero, el gobierno no dio respuestas a los reclamos. Luego, rompió el canal de diálogo que había comenzado a construirse. Después, avanzó con sumarios, disponibilidades y medidas judiciales.
Es decir: cuando no pudo resolver el conflicto, decidió castigarlo.
Al mismo tiempo, sostiene que no hay interlocutores válidos. Pero durante años rechazó la sindicalización policial y nunca implementó una comisión paritaria —prevista en la Ley 12.913— que hubiera permitido canalizar los reclamos dentro de un marco institucional.
No es que no haya interlocutores. Es que el gobierno no quiere reconocerlos.
REHENES DEL PODER. La disponibilidad como herramienta de disciplinamiento
Los policías pasados a disponibilidad han sido convertidos, en los hechos, en rehenes administrativos de una estrategia gubernamental orientada a disciplinar al conjunto de la fuerza. La medida no sólo afecta sus derechos individuales, sino que además funciona como un mensaje implícito hacia el resto del personal: el costo de reclamar puede ser la sanción y la exclusión.
De este modo, la disponibilidad deja de ser una herramienta excepcional para convertirse en un instrumento de presión institucional.
La peligrosa lógica de dividir entre “buenos” y “malos”
Lo más grave es el cambio de mirada. El poder ha comenzado a dividir entre los que considera “buenos” y los que señala como “malos”. Esta clasificación no resuelve el conflicto. Lo agrava. Porque transforma un reclamo legítimo en una supuesta amenaza.
Cuando el Estado comienza a tratar a sus propios trabajadores como enemigos, rompe el vínculo básico sobre el que se sostiene toda institución.
El trabajador que reclama no es un enemigo. Es parte de la comunidad. Es parte del Estado. Es parte de la solución.
Convertirlo en un problema es el primer paso hacia una crisis mayor.
El gobierno eligió el castigo en lugar de la conducción
El gobierno no carece de recursos. Lo que ha faltado es decisión política para resolver el conflicto con responsabilidad. En lugar de conducir, eligió confrontar. En lugar de dialogar, eligió disciplinar. En lugar de ordenar, eligió provocar.
Incluso sostiene en sus cargos a una conducción policial desacreditada y desbordada, enviándola a confrontar con su propio personal y profundizando una fractura que ya es inocultable.
No se puede conducir una institución contra sus propios integrantes.
Un gobierno atrapado en el presente, sin visión del mañana
Lo más alarmante es la ausencia de visión política sobre las consecuencias futuras de las decisiones actuales. Un gobierno que actúa desde la reacción inmediata, sin medir el impacto institucional de sus actos, compromete no sólo el presente, sino también el futuro de la institución que tiene la responsabilidad de conducir.
La reconstrucción de la autoridad no puede lograrse mediante el castigo ni la negación del conflicto, sino mediante decisiones que restablezcan la legitimidad y la confianza.
Ignorar esta realidad no elimina el problema. Sólo lo traslada al mañana, donde sus efectos serán más profundos y más difíciles de reparar.
Todavía están a tiempo de volver a la política
La única salida posible es clara: abandonar la lógica de la confrontación, dejar sin efecto las medidas disciplinarias que agravaron el conflicto, relevar a una conducción policial sin legitimidad y reconstruir un canal de diálogo real.
Gobernar no es castigar. Gobernar es conducir.
Y conducir exige reconocer que los trabajadores no son enemigos, sino parte esencial de la comunidad que el propio Estado tiene la obligación de proteger.
Persistir en este camino sólo profundizará la crisis.
Todavía están a tiempo de volver a la política.
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«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública Y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP) y «La Teoría del Foco y la Vara» (que será lanzado en marzo próximo)
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