
El secretario de Análisis Criminal cobraba el doble que un policía y difundió cifras que hoy quedaron desmentidas.
Por Marcos Anglada (*)
En medio de la crisis institucional más grave que ha atravesado la policía de Santa Fe en décadas, quedó expuesta una fuerte contradicción entre las cifras difundidas por el propio Ministerio de Seguridad y la realidad salarial que finalmente reconoció el gobernador Maximiliano Pullaro.
El secretario de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino, percibe un salario de bolsillo cercano a los cuatro millones de pesos mensuales, al que se suman viáticos, manutención y otros conceptos que, en la práctica, duplican ese ingreso. Es decir, su remuneración total supera ampliamente los ocho millones de pesos mensuales.
Sin embargo, en declaraciones públicas realizadas en pleno desarrollo del conflicto, el funcionario sostuvo ante la prensa y la comunidad que el salario policial alcanzaba los 1.800.000 pesos de bolsillo, cifra que hoy quedó completamente desmentida por el propio gobernador.
Pullaro anunció un salario inicial de 1,3 millones y dejó en evidencia la brecha real
En su conferencia, Pullaro anunció que el salario inicial de bolsillo para el personal policial pasará a ser de 1.300.000 pesos, presentándolo como un gesto significativo y un gran esfuerzo del gobierno provincial.



Este dato confirma una diferencia de al menos 500.000 pesos respecto de las cifras previamente difundidas por el secretario de Análisis Criminal. La contradicción no es menor, ya que se produjo en el contexto de una crisis institucional en la que la información salarial era uno de los puntos centrales del conflicto.
El funcionario, por su posición jerárquica y su responsabilidad directa en el análisis y la gestión del sistema de seguridad, no puede alegar desconocimiento sobre la estructura salarial del personal policial.
Una diferencia que expone la distancia entre la conducción política y el personal operativo
La revelación de estas cifras no sólo expone una diferencia económica significativa entre la conducción política y el personal operativo, sino también una profunda desconexión entre quienes diseñan las políticas de seguridad y quienes las ejecutan en el territorio.
Mientras el personal policial debió recurrir a protestas para reclamar mejoras salariales que recién ahora comienzan a implementarse, los niveles superiores de la estructura política perciben ingresos que multiplican varias veces el salario básico de quienes cumplen funciones operativas.
Este contraste se produce en un contexto donde el propio gobierno reconoció la necesidad de mejorar las condiciones salariales, confirmando implícitamente que la situación previa era insostenible.
La crisis dejó al descubierto no sólo un problema salarial, sino también una brecha estructural entre la conducción política y el personal que sostiene el sistema de seguridad provincial.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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