La medida llega luego del rechazo de la Corte a su intento de apartar jueces y en medio de la protesta policial y la tensión salarial con estatales. CULPAN A LA NACIÓN ADMITIENDO LA VERDADERA RAZÓN DE LOS «APORTES SOLIDARIOS»
Por Marcos Anglada (*)
El gobernador Maximiliano Pullaro decidió poner fin al descuento extraordinario aplicado sobre las jubilaciones provinciales, en una medida que reconfigura el escenario previsional santafesino y expone el delicado equilibrio político, judicial y social que atraviesa la provincia.
El anuncio implica que el llamado “aporte solidario”, que retenía entre el 3 % y el 6 % de los haberes jubilatorios desde septiembre de 2024, dejará de cobrarse dentro del cronograma previsto por el Ejecutivo, descartando su extensión hasta 2027.
La decisión fue presentada oficialmente como una definición política del gobernador, luego de que la reforma previsional permitiera reducir significativamente el déficit del sistema jubilatorio provincial, que en 2025 alcanzó los 311.000 millones de pesos.
Sin embargo, el momento elegido para el anuncio revela una dimensión institucional mucho más profunda.
Fin del descuento y del atraso previsional
La decisión del gobierno provincial no solo pone fin al aporte solidario extraordinario que se descontaba directamente de los haberes jubilatorios, sino que también elimina el mecanismo que trasladaba los aumentos salariales al personal retirado con un retraso de hasta 60 días, una práctica que en los hechos funcionaba como una forma de licuación indirecta del ingreso previsional en contextos inflacionarios. A partir del nuevo esquema, las actualizaciones comenzarán a reflejarse en el mes siguiente al otorgamiento al personal activo, restableciendo un principio básico de equidad previsional y corrigiendo un doble perjuicio que afectaba especialmente a policías y penitenciarios retirados, quienes no solo sufrían el descuento directo, sino también la pérdida acumulativa derivada del diferimiento temporal de sus haberes.
La Corte cerró el camino al Ejecutivo
El giro del gobierno provincial se produjo pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazara por unanimidad la recusación presentada por el Ejecutivo contra cuatro ministros del tribunal, quienes deberán intervenir en los amparos contra la reforma previsional.
Ese fallo dejó al gobierno sin margen para alterar la composición del tribunal que deberá resolver la constitucionalidad de los descuentos a jubilados, consolidando el avance judicial de las demandas presentadas por sectores afectados.
En términos institucionales, la Corte fijó un límite claro a la estrategia del Ejecutivo y garantizó la continuidad de los procesos judiciales.
Una medida preventiva frente a un escenario adverso
El propio secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, confirmó que el Ejecutivo se encuentra a la espera de la resolución de los amparos presentados ante la Corte Suprema provincial, algunos de ellos impulsados por exfuncionarios y jubilados que cuestionaron el aporte solidario.
Este dato resulta central.
La eliminación del descuento aparece así no solo como una decisión administrativa o fiscal, sino como una respuesta política frente a un escenario judicial incierto, que podría haber derivado en un fallo adverso con consecuencias institucionales más amplias.
Al retirar el descuento antes de una eventual sentencia, el Ejecutivo evita que sea el Poder Judicial quien imponga esa decisión.
El frente estatal, el otro factor determinante
La medida también se inscribe en un contexto de alta conflictividad dentro del Estado provincial.
La reciente protesta policial, las negociaciones paritarias abiertas y el creciente malestar entre trabajadores activos y pasivos generaron un escenario de fuerte presión política sobre el gobierno.
En ese marco, el levantamiento del aporte extraordinario funciona como una señal hacia el conjunto del sector estatal, en un intento por descomprimir un frente que venía escalando en tensión.
El sistema previsional sigue en crisis estructural
Desde el propio gobierno provincial sostienen que la reforma previsional permitió reducir a la mitad el déficit del sistema y evitar un colapso financiero mayor.
No obstante, el problema estructural persiste.
La provincia reclama a la Nación transferencias mensuales que, según las autoridades santafesinas, permitirían equilibrar el sistema previsional y eliminar la necesidad de ajustes extraordinarios sobre jubilados.
Un retroceso táctico que redefine el escenario institucional
Lo ocurrido marca un punto de inflexión en el conflicto previsional santafesino.
La Corte Suprema provincial consolidó su independencia institucional al rechazar el intento del Ejecutivo de apartar jueces, mientras el gobierno optó por retirar uno de los componentes más cuestionados de la reforma.
En política, las decisiones rara vez son aisladas. La eliminación del descuento previsional aparece así como el resultado de una combinación de factores: presión judicial, conflictividad estatal y necesidad de preservar el equilibrio institucional.
En ese cruce de fuerzas, el gobierno eligió retroceder en el terreno previsional para evitar una derrota mayor en el plano judicial y político.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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