El Mayor (R) Carlos Maure, referente de APPA, denunció que fue detenido de manera arbitraria el viernes 13 de febrero de 2026 frente a Casa de Gobierno en La Plata cuando intentaba participar de una asamblea por mejoras salariales y laborales.
Por Marcos Anglada (*)
El viernes 13 de febrero de 2026, en inmediaciones de Casa de Gobierno y Plaza San Martín (La Plata), el Mayor (R) Carlos Hugo Maure, ex integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y referente de la Asociación de Policías y Penitenciarios Agremiados (APPA), fue demorado/aprehendido cuando —según relató— se disponía a colocar banderas de la organización y aguardar el inicio de una asamblea para reclamar mejoras salariales y laborales. El testimonio fue brindado en el programa “Se presume culpable”, conducido por Alejandra Ojeda Garnero, emitido el sábado por la mañana en FM Wox 88.3 MHz, y quedó registrado en video.
“No me dijeron el motivo”: el relato de Maure
En la entrevista, Maure sostuvo que se identificó ante personal apostado en el lugar y explicó que no pretendían cortar calles ni realizar acciones violentas, sino reunirse, debatir puntos y elevar un petitorio. Sin embargo, afirmó que un jefe policial se acercó, le retiraron una bandera y luego lo obligaron a subir a un patrullero sin explicarle formalmente la causa, describiendo el hecho como un “secuestro” y denunciando que permaneció incomunicado durante horas en la Comisaría 1ª.
Maure también denunció irregularidades en el procedimiento y en el encuadre posterior del hecho (negativa a identificarlo, resistencia, etc.), y cuestionó el silencio institucional y político frente a lo ocurrido.
Antecedentes: protesta en pandemia, sanciones y “cacería de brujas”
El ex efectivo vinculó el episodio con el conflicto de 2020, en plena pandemia, cuando —según su testimonio— reclamaron por salario y condiciones de trabajo, y denunció que hubo más de 700 efectivos desafectados/sumariados en aquel contexto. También sostuvo que durante esa etapa se registraron muertes por COVID entre personal policial y que las condiciones de protección sanitaria fueron insuficientes. (Estos datos fueron expuestos por Maure como parte de su denuncia pública).
Derechos en juego: protesta, petición y libertad sindical
Un punto central del planteo fue el derecho a peticionar y manifestarse en un espacio público, y el debate sobre la libertad sindical en fuerzas de seguridad. En ese marco, Maure citó la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana, referida a derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos.
Más allá de cómo se implemente en cada jurisdicción (y del debate local), el dato político es evidente: cuando un reclamo laboral termina en un patrullero, el mensaje no se le “envía” solo a quien protesta; se le manda a todos los que estaban pensando en hacerlo.
Suicidios, salud mental y condiciones indignas
Otro tramo fuerte de la entrevista fue el vinculado a salud mental y suicidios en fuerzas de seguridad: Maure atribuyó responsabilidad política a la ausencia de políticas eficaces de bienestar y afirmó cifras gravísimas (mencionó centenas de casos, y un conteo parcial anual). Son afirmaciones de enorme gravedad que, justamente por eso, exigen respuesta pública, auditoría y datos oficiales verificables: cuando la tragedia se vuelve estadística informal, el Estado se compra un problema más grande… y lo paga con vidas.
La “caja” de los adicionales y el trasfondo del conflicto
Maure también apuntó a los servicios adicionales (horas extra y adicionales en espectáculos), denunciando prácticas de intermediación y reparto desigual. No presentó pruebas en la entrevista, pero lo planteó como uno de los “negocios” que —a su criterio— quedarían expuestos si avanzara la sindicalización y un esquema de control transparente.
Un espejo que Santa Fe ya conoce
Lo ocurrido en La Plata resuena porque no es “folklore bonaerense”: en distintas provincias —y Santa Fe no es excepción— se repite el mismo guion. Reclamo laboral, estigmatización, aprietes, sumarios, y un Estado que muchas veces confunde autoridad con castigo. Si el objetivo fuera ordenar la institución, el camino lógico sería mesa de diálogo, canales formales, control con garantías y reglas claras. Si el objetivo fuera disciplinar, el camino es exactamente el que denuncian: amedrentar para que nadie más se anime.
Cierre: diálogo, garantías y una pregunta incómoda
La entrevista cerró con un llamado a sostener el reclamo “dentro de la ley” y evitar provocaciones, insistiendo en la necesidad de una mesa de diálogo sobre salario, condiciones edilicias y bienestar.
APROPOL seguirá el tema, porque detrás de cada detención discutida hay una pregunta que el poder detesta: ¿quién controla al que controla, cuando el control se vuelve abuso? Y ojo: cuando el Estado no responde con institucionalidad, responde el conflicto. Y ahí nadie gana… salvo los que viven de que todo siga igual.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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