Con una fuerza de aproximadamente 25.000 efectivos en servicio activo y más de 650 casos reconocidos dentro de dispositivos oficiales de salud mental —sin contar la cifra negra de quienes no piden ayuda por temor a consecuencias laborales— la pregunta deja de ser individual y pasa a ser estructural.
Por Rubén Pombo (*)
A pocos días de la denuncia pública sobre la ausencia de cambios estructurales tras el frágil acuerdo que desactivó la reciente protesta policial, el Gobierno provincial brindó una conferencia de prensa en la sede de Gobierno en Rosario para anunciar nuevas medidas vinculadas al bienestar del personal policial y penitenciario.
La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, explicó que se trata del fortalecimiento de programas ya existentes, con eje en transporte, alojamiento y salud mental. La arquitectura anunciada incluye cobertura total en medicamentos vinculados a tratamientos psicológicos y psiquiátricos y la incorporación del grupo familiar.
Las medidas pueden ser necesarias pero no responden la pregunta central.
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El dato oficial: 650 casos
La cifra reconocida oficialmente habla de aproximadamente 650 efectivos incorporados a dispositivos de asistencia en salud mental dentro de una fuerza que ronda los 25.000 agentes activos.
Aceptemos ese número. Se trata de casi el 2,5 % del total del personal.
En cualquier organización armada de carácter civil, esa proporción constituye un indicador serio de desgaste institucional. No estamos hablando de situaciones aisladas. Estamos hablando de cientos de agentes que formalmente han requerido asistencia.
La cifra negra: lo que el sistema no registra
Sin embargo, ningún análisis serio puede limitarse al número oficial. En instituciones jerárquicas como las fuerzas de seguridad, el subregistro en salud mental es un fenómeno ampliamente documentado.
Existen factores que desalientan la consulta formal:
- temor a perder la portación del arma,
- riesgo de quedar fuera de tareas operativas,
- pérdida de adicionales que sostienen el ingreso familiar,
- impacto negativo en concursos y ascensos,
- estigmatización interna.
Cuando el salario base es bajo y los adicionales resultan determinantes para la economía familiar, pedir asistencia puede percibirse como un riesgo económico.
Si 650 están registrados, es razonable preguntarse cuántos no lo están.
Ausencia de controles psicofísicos sistemáticos
Otro aspecto relevante es la inexistencia de programas públicos, periódicos e independientes de evaluación psicofísica integral del personal en servicio activo.
Las evaluaciones formales suelen aparecer:
- al ingreso al Instituto de Seguridad Pública (ISEP),
- en instancias de capacitación o concursos.
Y aun en esos casos, muchas veces se limitan a la presentación de certificados médicos formales. Nadie va a arriesgar su proyección salarial o su posibilidad de ascenso exponiéndose en un contexto donde la evaluación puede convertirse en obstáculo.
El sistema, así diseñado, no incentiva la detección temprana. Incentiva el silencio.
Las causas estructurales que no se abordan
El anuncio oficial detalla transporte, alojamiento y cobertura farmacológica. Sin embargo, no hubo anuncios sobre factores estructurales que están directamente vinculados con el deterioro psicológico:
- revisión del salario base,
- reducción de jornadas extensas,
- regulación efectiva de adicionales,
- prevención del acoso y la violencia laboral,
- mejora integral de condiciones materiales de trabajo,
- estabilidad normativa y previsibilidad disciplinaria.
- La salud mental no se deteriora en el vacío.
- Se deteriora cuando el trabajador percibe que:
- no tiene voz institucional,
- su estabilidad depende de la verticalidad,
- y su economía depende de la discrecionalidad.
Mientras esos factores permanezcan intactos, la asistencia clínica será necesaria pero insuficiente.
Sin participación no hay prevención real
El Gobierno anunció una unidad tripartita entre Economía, Salud y Justicia y Seguridad pero no mencionó mecanismos de participación activa del personal. Propuestas como la implementación efectiva de los comités previstos en la Ley 12.913 —espacios de seguimiento institucional con participación de trabajadores— no fueron abordadas.
Sin participación orgánica no hay prevención integral. Hay administración vertical del problema.
Una crisis estructural, no individual
Cuando 650 casos están formalmente registrados y no existe un esquema preventivo integral, estamos ante un indicador de crisis estructural en el modelo organizacional de la seguridad pública. No es un problema privado, no es una suma de fragilidades individuales. Es un problema institucional.
La cadena de responsabilidades
La conducción política de la seguridad pública es indelegable. Gobernadores, ministros y autoridades administrativas diseñan el modelo organizacional, salarial y disciplinario. Las decisiones sobre traslados, régimen de adicionales, estructura jerárquica y canales de representación no surgen por generación espontánea, son decisiones políticas y administrativas.
También existe responsabilidad legislativa cuando durante años no se actualizan estatutos ni se crean mecanismos formales de representación y existe una dimensión cultural: la naturalización histórica del “hay que aguantar”.
- aguantar el traslado.
- aguantar el horario.
- aguantar la presión.
- aguantar el silencio.
Ese mandato también forma parte del problema.
La pregunta que sigue vigente
¿Cómo llegó el sistema a tener más de 600 policías quebrados psicológicamente? y surge otras: ¿Fue una acumulación inevitable? ¿O es el resultado de años de presión estructural sin reformas profundas en salario, horarios, condiciones laborales y canales de participación?
Cuando el número es masivo, la explicación no puede ser individual, debe ser institucional. Y cuando el problema es estructural, la solución también debe serlo.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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