Un escándalo de fuerte impacto institucional sacude a la justicia santafesina: el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Vera, Leandro Darío Benegas, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor de edad.
Por Marcos Anglada (*)
Sin embargo, y pese a la gravedad de la acusación, no se ordenó su detención preventiva, debido a los privilegios propios de los fueros que protegen a los funcionarios judiciales.
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Audiencia Imputativa contra el fiscal BENEGAS, LEANDRO_230226_36_111 by Apropol Noticias
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La noticia tomó estado público tras una audiencia celebrada ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Norma Senn, y volvió a poner en foco el funcionamiento institucional de los mecanismos de control interno y externo sobre los representantes del sistema de justicia provincial.
Imputación formalizada, pero sin prisión preventiva
Según la investigación, la acusación sostiene que Benegas habría cometido abusos sexuales en reiteradas oportunidades cuando la víctima aún era menor de edad, en un contexto donde el fiscal mantuvo posiciones de autoridad respecto de su entorno familiar. La Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual del MPA fue la encargada de impulsar la formulación de cargos ante el tribunal.
La jueza Senn dictó la prisión preventiva como medida cautelar; sin embargo, esa orden no fue ejecutada debido a las disposiciones de la Ley 25.320, que garantizan inmunidad contra arresto a fiscales, jueces y defensores. En consecuencia, Benegas seguirá en libertad mientras avanza el proceso, con restricciones de movimiento y la prohibición de contacto con la víctima y testigos.
El antecedente: ya había sido denunciado por arbitrariedades contra policías
Este episodio no surge de la nada. En 2024 APROPOL Noticias publicó una investigación que señalaba al mismo fiscal por armar causas falsas contra policías en Vera, un comportamiento que según la denuncia judicial habría sido arbitrario, contrario a normas de debido proceso y utilizado incluso para perseguir a oficiales sin fundamentos probatorios sólidos.
El antecedente dejó al descubierto:
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Manipulación procesal en investigaciones penales,
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Carencia de pruebas objetivas en acusaciones contra agentes policiales,
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Decisiones desproporcionadas tomadas por la fiscalía sin control judicial previo.
Ese caso terminó con un fallo judicial que desnudó la arbitrariedad de la actuación fiscal y generó fuertes cuestionamientos de las defensas y de sectores vinculados a la seguridad pública.
Polémica institucional y privilegios procesales
La continuidad en libertad del fiscal imputado, aun ante acusaciones de extrema gravedad, llevó el caso más allá de lo estrictamente penal y lo instaló como un tema de debate sobre las normas que protegen a magistrados y fiscales de medidas privativas de libertad. Esa protección, prevista para preservar la independencia judicial, suele ser objeto de tensiones cuando se aplica en casos resonantes y de alta sensibilidad pública.
La jueza Senn elevó las notificaciones a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, instancia obligatoria para avanzar en la evaluación del caso y los fueros del imputado. Esa intervención será clave no sólo para determinar la suerte procesal de Benegas, sino también para discutir hasta qué punto las normas de inmunidad deben operar en casos de abuso de autoridad o delitos graves.
Repercusiones y reclamos de transparencia
La imputación y el cuestionamiento público sobre la suspensión de la prisión preventiva generaron una respuesta inmediata de distintos sectores sociales y jurídicos que exigen mayor transparencia y un control más efectivo sobre el ejercicio del poder fiscal y judicial en la provincia.
El caso llega en un momento político y social en el que la confianza institucional es un tema de debate permanente, y la percepción de impunidad o privilegios procesales exacerba las críticas hacia el sistema de justicia santafesino.
Lo que sigue en la causa
La investigación continúa adelante, con múltiples pasos procesales pendientes: la evaluación de la Comisión de Acuerdos, el posible requerimiento de juicio oral, la producción de pruebas adicionales y la definición de medidas cautelares que aseguren la presencia y comparecencia del fiscal imputado durante el proceso.
Más allá del desenlace judicial, este escándalo sacude el entramado institucional y abre preguntas sobre cómo se ejercen y cómo se controlan las funciones de quienes tienen poder de acusación en nombre del Estado.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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