Graves acusaciones por falsedad, ocultamiento de pruebas y violación del derecho de defensa.
Por Rubén Pombo (*)
Una denuncia de alto impacto institucional fue presentada contra el fiscal federal Fernando Arrigo, en el marco de la causa por la muerte de Franco Casco. El planteo fue impulsado por el comisario supervisor Diego Álvarez, quien resultó absuelto en el juicio oral, junto a sus abogados defensores Antonella Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, con la colaboración del letrado Daniel Giménez.
La presentación, de más de 30 páginas, fue radicada ante la Procuración General de la Nación y apunta a un presunto mal desempeño funcional, con acusaciones que incluyen la introducción de hechos falsos, tergiversación de testimonios, ocultamiento de pruebas y vulneración del derecho de defensa.
El núcleo de la denuncia: un relato construido fuera del juicio
Según lo expuesto por Álvarez y sus defensores, el fiscal Arrigo habría sostenido ante la Cámara de Casación un conjunto de afirmaciones que no formaron parte del debate oral, incorporando hechos nuevos y modificando otros ya discutidos.
Entre los ejemplos señalados, se menciona la atribución de acciones al propio Álvarez en un móvil policial en el que —según la defensa— nunca estuvo presente, lo que habría sido presentado como un dato cierto ante el tribunal revisor.
Para los denunciantes, este tipo de afirmaciones no solo implican una irregularidad grave, sino que afectan directamente el principio de contradicción y la igualdad de armas, pilares básicos del debido proceso.
Tres hipótesis, ningún hecho claro
Uno de los aspectos más críticos señalados en la denuncia es la existencia de múltiples teorías contradictorias sostenidas a lo largo del proceso.
De acuerdo a lo expuesto públicamente, la acusación habría variado en distintos momentos respecto de:
- el lugar del hecho,
- el momento de la supuesta detención,
- y los agentes involucrados.
Esta mutación del objeto de la imputación —según la defensa— habría terminado en una formulación abierta: “en algún momento, en algún lugar, algún personal policial”, lo que impide materialmente ejercer una defensa concreta.
Pruebas ocultas y elementos desaparecidos
Otro de los ejes centrales de la denuncia apunta al presunto ocultamiento de evidencia clave.
Según relataron los denunciantes, durante años la fiscalía habría tenido en su poder registros fílmicos que mostrarían a Franco Casco con vida en horarios posteriores a los sostenidos por la acusación, los cuales no fueron incorporados oportunamente al proceso.
Además, se denunció la desaparición de elementos probatorios, entre ellos:
- soportes digitales (CDs),
- pericias completas,
- y documentación remitida formalmente que nunca apareció en la causa.
La existencia de sobres vacíos y registros incompletos dentro del expediente fue señalada como indicio de irregularidades graves en la cadena de custodia.
Testigos cuestionados y declaraciones bajo sospecha
La denuncia también pone el foco en el rol de determinados testigos considerados “clave”.
Se señala que:
- algunos testigos habrían declarado en juicio en sentido contrario a lo asentado en el expediente,
- otros afirmaron no reconocer sus propias declaraciones o incluso sus firmas,
- y se mencionaron situaciones irregulares en la toma de testimonios, incluyendo presencia de terceros ajenos al proceso.
Particular gravedad reviste el caso de un testigo que, según lo manifestado en audiencia, habría recibido beneficios a cambio de su declaración, lo que ya motivó presentaciones por presunto falso testimonio.
El deber de objetividad en cuestión
Uno de los ejes doctrinarios más fuertes de la denuncia es la presunta violación del deber de objetividad del Ministerio Público Fiscal.
Este principio obliga al fiscal no solo a acusar, sino también a abstenerse cuando la prueba no respalda la imputación, e incluso a impulsar la absolución si corresponde.
Para los denunciantes, lejos de cumplir ese rol, el fiscal habría sostenido la acusación a cualquier costo, incluso —según afirman— mediante la introducción de datos falsos.
Impacto institucional y posible derivación penal
La presentación no se limita al plano administrativo. Los denunciantes solicitaron que se evalúe también la eventual responsabilidad penal, al considerar que podrían haberse configurado delitos vinculados a la introducción de información falsa en un proceso judicial.
Actualmente, la denuncia se encuentra en etapa inicial, a la espera de medidas por parte de la Procuración General, que podría convocar a ampliar declaraciones o requerir nueva prueba.
Una causa que sigue abierta en el plano político y judicial
El caso Casco, lejos de cerrarse con el juicio oral, continúa generando derivaciones que ponen en discusión no solo responsabilidades individuales, sino también el funcionamiento del sistema judicial.
La denuncia contra Arrigo introduce un elemento de máxima gravedad: la posibilidad de que la construcción del relato acusatorio haya prevalecido sobre la verdad procesal.
Si estas acusaciones avanzan y logran ser probadas, el impacto no será menor. No solo por lo que implica para esta causa, sino por lo que revela sobre un problema más profundo:
cuando la justicia deja de buscar la verdad y empieza a sostener relatos, el Estado de Derecho entra en zona de riesgo.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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