Mientras seis policías de un grupo táctico operaban como una banda criminal —torturando, robando droga y montando operativos ilegales según la justicia—, puertas adentro de la misma fuerza otros efectivos soportaban acoso, precarización y violencia laboral bajo una conducción que, enfocada en los números, miraba para otro lado. Dos realidades que conviven y exponen la vara con la que se gestiona hoy la seguridad.
Por Rubén Pombo (*)
Seis policías de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario fueron condenados a prisión efectiva tras comprobarse que realizaban allanamientos ilegales, robaban droga y torturaban a detenidos con picana eléctrica para obtener información.
Lejos de ser un exceso aislado, los hechos muestran una estructura organizada: ingresaban sin orden judicial a viviendas donde sabían que había droga, reducían a los ocupantes —incluso menores— y se llevaban cocaína, dinero y bienes, para luego revender parte de esa droga.
Tortura como método: la picana para llegar al “pescado gordo”
Uno de los puntos más graves de la causa fue el uso sistemático de tormentos. Dos personas fueron interceptadas en la vía pública y sometidas a descargas eléctricas y golpes para obligarlas a revelar quiénes eran sus proveedores.
El relato de una de las víctimas es contundente:
“Ahí nomás nos empezaron a picanear… nos hacían agachar la cabeza y se reían”.
No hubo resistencia. No hubo enfrentamiento. Hubo tortura. El objetivo era claro: que hablaran. Que entregaran al “pescado gordo”.
Allanamientos ilegales, robo y negocio propio
Con la información obtenida bajo tormento, los efectivos avanzaban sobre domicilios sin orden judicial. En uno de los casos, se apropiaron de entre 12 y 15 kilos de cocaína, además de dinero, armas y otros bienes.
Uno de los propios damnificados reconstruyó la escena con crudeza:
“Ya perdí, dejá de lado mi familia, te entrego todo… hay droga, dólares y pesos”.
La respuesta que recibió resume el nivel de impunidad:
“Te dejo medio kilo así te dan poco tiempo… confiá en mí que yo sé de esto”.
Parte de esa droga, lejos de ser secuestrada legalmente, fue revendida por los propios policías.
Cinismo, burlas y una cultura de la ilegalidad
Las pruebas incluyen audios y mensajes donde los propios policías describen los hechos con total naturalidad, incluso con tono burlón.
“Jajaja. Cómo lloraba el de la vía”
“No tiene desperdicio”
“Necesito dar otra sesión de masajes eléctricos”
Para los fiscales, el jefe del grupo actuaba como un “pedagogo de la ilegalidad”, enseñando a sus subordinados cómo operar fuera de la ley.
La violencia no solo era práctica. Era cultura.
El contexto que nadie quiere mirar
Pero hay un dato que agrava aún más el cuadro: todo esto ocurrió dentro de la Policía de Acción Táctica, un ámbito donde desde hace tiempo se denuncian condiciones laborales precarias, presión extrema y prácticas de violencia interna.
En ese mismo espacio donde se violan sistemáticamente derechos laborales, donde el personal trabaja bajo exigencias desmedidas, sin respaldo real y bajo un esquema de disciplinamiento constante, también emergen estas conductas.
No es casualidad. Es el resultado de un sistema.
La vara de la conducción: presión hacia abajo, silencio hacia arriba
El caso obliga a mirar más arriba. Cuando la conducción política y operativa pone el foco en los resultados —detenciones, procedimientos, números— y no en la legalidad, el mensaje baja claro: hay que cumplir, como sea.
Y cuando ese “como sea” se traduce en prácticas ilegales, la responsabilidad no puede quedar solo en el último eslabón.
Sin embargo, la lógica se repite: se castiga al ejecutor, se protege el sistema.
No es desviación: es consecuencia
Reducir este caso a “manzanas podridas” es una forma de evitar el problema de fondo.
Porque cuando dentro de la propia estructura hay precarización, presión, violencia interna y falta de controles reales, lo que aparece no es una anomalía. Es una consecuencia.
Cuando el sistema vulnera derechos hacia adentro, pierde autoridad hacia afuera. Y en ese punto, la ilegalidad deja de ser excepción y pasa a ser parte del funcionamiento.
El debate que sigue pendiente
Las condenas marcan un límite judicial. Pero el problema sigue intacto. ¿Qué policía se está formando? ¿En qué condiciones trabaja? ¿Y bajo qué lógica se conduce?
Sin responder eso, todo lo demás es relato.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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