Una relación en tensión que no le sirve a nadie

Un episodio que deja al descubierto una tensión creciente entre prensa y policía, donde la falta de contexto, la parcialidad en la información y las reacciones desmedidas solo profundizan un conflicto que no beneficia a nadie.

Por Alberto Rubén Martínez (*)

Lo ocurrido hoy en Rosario expone una preocupación de fondo que trasciende el episodio puntual: una tensión creciente entre dos actores centrales de la vida democrática, como lo son el periodismo y las fuerzas de seguridad, que en esta etapa democrática —con matices— han sabido convivir en un marco de respeto y colaboración. Por un lado, está el derecho a informar y garantizar el acceso a la información, un principio básico en cualquier sociedad abierta; por el otro, la responsabilidad del Estado de intervenir en contextos muchas veces críticos, donde lo que está en juego no es menor. En este caso, aunque finalmente no pasó a mayores, se trataba de una posible situación de riesgo vinculada a gas o a una instalación eléctrica subterránea.

Sin embargo, cuando se difunden versiones parciales o se omiten hechos relevantes —como el episodio en el que un camarógrafo agredió a una joven policía—, lo que se construye no es información sino una verdad incompleta. Y una verdad incompleta, en los hechos, termina siendo otra forma de distorsión. A eso se suma un contexto previo de desconfianza, donde algunos sectores del periodismo han sido señalados por su rol en coberturas de conflictos gremiales policiales, lo que también contribuye a enrarecer el vínculo.

Nada de esto justifica la violencia: una agresión es reprochable venga de donde venga, como también lo es cualquier forma de censura o manipulación informativa. Pero sí obliga a una reflexión más profunda. Porque cuando se rompe el equilibrio, cuando se pierde el respeto mutuo y la honestidad en lo que se muestra, el resultado es siempre el mismo: más tensión, menos confianza y una sociedad peor informada.

Por otra parte es bueno señalar que resulta, cuanto menos, contradictorio que hoy algunos sectores de la prensa denuncien prácticas que guardan similitudes con aspectos de la política de seguridad que durante mucho tiempo avalaron —ya sea por silencio cómplice o por apoyos explícitos—. Desde este medio hemos señalado en reiteradas oportunidades la aplicación de procedimientos como las razzias amparadas en figuras como el “10 bis”, con lógicas de cupos que recaen especialmente sobre sectores vulnerables, en particular jóvenes. Ese mismo espíritu, que naturaliza excesos y distorsiona prioridades, es el que hoy parece reflejarse en otros ámbitos. En definitiva, se trata de una forma de ejercer el poder que atraviesa a toda la comunidad y cuya responsabilidad política última recae en la conducción del gobierno provincial.

Recuperar ese punto de encuentro —donde primaban cierta armonía y reglas claras— no es solo deseable, es necesario. Porque sin prensa responsable ni fuerzas de seguridad profesionalizadas, el que termina perdiendo es el conjunto de la sociedad.

(*) Director de APROPOL Noticias

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