La imagen de un trabajador policial dependiendo de un bolsón de alimentos o de un “merendero” no puede ni debe naturalizarse. No es solidaridad: es el síntoma más crudo de un sistema que ha fallado en lo esencial.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
Un policía no puede estar en condición de mendigo. Es un trabajador del Estado, con responsabilidades críticas para la sociedad, y como tal debe percibir un salario digno que le permita vivir, sostener a su familia y proyectar un futuro con ahorro y estabilidad. Todo lo demás es precarización encubierta.
En ese marco, y dejando a salvo la buena voluntad de organizaciones como la que emitió el comunicado, es necesario decir algo incómodo pero imprescindible: ninguna persona ni institución debería prestarse —ni voluntaria ni involuntariamente— a este esquema que termina funcionando como una trampa.
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Porque cuando la asistencia alimentaria sustituye al salario, se convierte en un mecanismo funcional al deterioro. Se instala una lógica donde el Estado deja de cumplir su obligación básica —pagar salarios dignos— y desplaza esa responsabilidad hacia redes solidarias que no están para reemplazar derechos.
La ayuda comunitaria tiene un lugar, claro que sí. Pero debe ser excepcional, nacida de la solidaridad genuina —y especialmente dentro de la propia familia policial— frente a situaciones urgentes. Nunca como política permanente ni como complemento estructural del ingreso.
De lo contrario, no solo se erosiona la dignidad del trabajador policial. También se expone a organizaciones y referentes a un desgaste innecesario, muchas veces irreversible, al quedar en el medio de una situación que no generaron pero que terminan sosteniendo.
Hay que decirlo sin rodeos: aceptar este esquema es correr el riesgo de volverse cómplice —aunque no sea esa la intención— de un modelo que primero explota laboralmente y luego pretende contener con asistencia lo que debería garantizar con derechos.
No se trata de un plato de comida. Se trata de dignidad. Y eso, en una democracia, no debería estar en discusión.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros La La Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» y «El Principio de Reciprocidad Institucional».
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