Para Presti, el hundimiento del Belgrano no fue un crimen de guerra sino un acto de guerra.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
hace décadas que el hundimiento del Belgrano fue ilegal —sobre todo por haberse producido fuera de la zona de exclusión fijada por el propio Reino Unido—, el ministro eligió pararse en una lógica fría: la del combate.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la diferencia es clave: un acto de guerra es una acción militar en un conflicto armado; un crimen de guerra, en cambio, implica violar reglas básicas como atacar fuera de condiciones permitidas o sin justificación militar directa. La discusión, entonces, no es semántica: es política, jurídica y moral.
Reacción política y disputa por la memoria
Las declaraciones generaron un inmediato rechazo. El diputado nacional Esteban Paulón (Santa Fe) presentó un proyecto en el Congreso para repudiar los dichos, señalando que constituyen una “ofensa inexcusable” para los caídos y sus familias.
El punto central sigue siendo el mismo desde 1982: el Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión. Para muchos, eso convierte el ataque en una decisión deliberada que rompió incluso las reglas fijadas por los propios británicos.
El dato incómodo: Malvinas en la política actual
Pero la polémica no ocurre en el vacío. Y ahí es donde el asunto se vuelve más incómodo.
Porque quien ordenó el ataque fue Margaret Thatcher. Y hoy, el presidente Javier Milei no solo ha elogiado públicamente su figura, sino que además mantiene una imagen de la ex primera ministra británica en su despacho presidencial junto a la de Ronald Reagan. No es un detalle menor: es un gesto político cargado de significado en un país donde Malvinas sigue siendo una causa nacional.
Como si eso fuera poco, el empresario Eduardo Eurnekian —último empleador de Milei antes de la política y uno de sus principales mecenas— fue distinguido por la reina Isabel II, un dato que vuelve a cruzarse simbólicamente con la discusión de fondo.
El marco legal actual: ni guerra ni cierre del conflicto
A más de cuatro décadas del conflicto, Argentina y el Reino Unido no están en guerra y mantienen relaciones diplomáticas normales desde 1989-1990. Sin embargo, la disputa de soberanía sigue abierta: Argentina reclama las islas y el Reino Unido mantiene el control efectivo del territorio.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que se trata de un caso de descolonización pendiente e insta a ambas partes a negociar, algo que Londres rechaza. En los hechos, rige un “paraguas de soberanía”: se coopera en aspectos puntuales sin resolver la cuestión de fondo.
En ese escenario, y sin una condena internacional firme sobre lo ocurrido en 1982, el debate sobre el Belgrano quedó abierto. No lo resolvió un tribunal: lo sigue discutiendo la política.
Más allá del discurso: radar, presencia y geopolítica
Pero hay un punto donde el debate deja de ser histórico y pasa a ser actual.
Distintos análisis advierten sobre la creciente presencia británica —directa o indirecta— en el Atlántico Sur y el propio territorio argentino. Un caso emblemático es la controversia por el radar instalado en Tierra del Fuego por una empresa con vínculos británicos, señalado por especialistas como una pieza potencial dentro de un esquema de vigilancia estratégica más amplio.
En ese marco, sectores críticos sostienen que el actual gobierno —cuyo presidente se definió a sí mismo como “el más sionista del mundo”— ha adoptado una política exterior que, por acción u omisión, termina allanando el despliegue de la pretensión británica, no solo en Malvinas sino también en el continente.
No es una afirmación menor. Pero tampoco es una discusión aislada: forma parte de un debate creciente sobre soberanía, defensa y alineamientos internacionales.
Una pregunta que no fue ingenua
Hay otro elemento que no puede pasarse por alto. La pregunta realizada por el periodista Eduardo Feinmann en La Nación+ al ministro Presti —si el hundimiento del Belgrano fue un crimen de guerra o un acto de guerra— difícilmente pueda considerarse ingenua. Tampoco lo es la fecha elegida para formularla.
En política, y más aún cuando se trata de Malvinas, las palabras, los tiempos y los escenarios importan.
La instalación de ese eje de debate en un medio masivo, en un aniversario cargado de simbolismo, parece inscribirse en una línea discursiva que empieza a repetirse en sectores vinculados al oficialismo.
Porque cuando ciertos conceptos que durante décadas formaron parte de un consenso nacional comienzan a ser relativizados, ya no se trata solo de opiniones aisladas. Se trata de señales.
Señales que, leídas en conjunto con gestos políticos, posicionamientos internacionales y decisiones estratégicas, sugieren la construcción de un nuevo clima en torno a Malvinas.
Entre la técnica y la política
El planteo del ministro expone una tensión de fondo. La mirada militar tiende a analizar la guerra como un sistema de operaciones. La política —y la memoria colectiva— la juzga en términos de legitimidad, justicia y dolor.
El hundimiento del ARA General Belgrano dejó 323 muertos. No es un dato más: es casi la mitad de las bajas argentinas en toda la guerra.
Y en la Argentina, donde la historia nunca termina de irse, decir “acto de guerra” o “crimen de guerra” no es un tecnicismo.
Es tomar posición.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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