Pero detrás del cierre administrativo hay una historia mucho más profunda: detenciones, exposición mediática y una condena pública que, con el tiempo, no pudo sostenerse en la Justicia.
Por Rubén Pombo (*)
El origen: un caso mediático por presuntas coimas
El hecho que dio inicio a la causa ocurrió en 2019 y tuvo fuerte repercusión pública. Según la acusación inicial, los policías habrían anulado un acta de infracción para exigir una coima a un automovilista. Según medios con pauta oficial provincial dijeron: «…Tres agentes de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe que pidieron coimas a un infractor fueron detenidos el lunes…»
Policías Detenidos Por Coimas Dejaron Las Pruebas en Un Cajón (Rosario3) by Apropol Noticias
La causa fue presentada como un caso testigo de corrupción dentro de la fuerza, lo que derivó en detenciones y en una inmediata reacción política y administrativa.
RESOLUCIÓN Nro 78/26 Asuntos Internos Santa Fe by Apropol Noticias
Condena antes del juicio
En ese contexto, la respuesta institucional fue contundente y anticipada. Sin embargo, con el correr del tiempo, la causa judicial no logró sostener las imputaciones con el grado de certeza necesario, dejando en evidencia una distancia entre la acusación inicial y el resultado final.
El entonces ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, hoy gobernador, se expresó públicamente en línea con una política de “tolerancia cero” frente a hechos de corrupción policial, en un clima donde la condena social e institucional fue prácticamente inmediata. En esa oportunidad dijo además: «…La Secretaría de Control puede hacer una destitución rápida y en un mes y medio es posible que esos policías estén fuera de la fuerza de seguridad…”
Una defensa que sostuvo el proceso
Durante todo el largo trámite el Dr. Germán Corazza fue el defensor de los policias injustamente acusados. En la faz administrativa contaron con representación legal de los abogados Nicholas Oviedo, Federico Godoy y Nair Moreno, quienes llevaron adelante la estrategia de defensa en las distintas instancias.
El trabajo de la defensa resultó determinante en el desarrollo del caso, especialmente en sede judicial, donde finalmente no se lograron acreditar los hechos imputados.
La Justicia no confirmó la acusación
Tal como surge de la resolución administrativa reciente, en sede penal se dictaron resoluciones favorables a los efectivos, lo que debilitó el sustento del sumario.
El propio expediente reconoce que no se alcanzó el estándar probatorio necesario para avanzar con sanciones disciplinarias.
Años en disponibilidad y daño acumulado
Desde 2019 hasta 2026, los efectivos permanecieron en situación de disponibilidad, con impacto directo en:
- sus ingresos
- su carrera
- su vida personal
- y su reputación
Recién ahora, el Estado reconoce que no hay elementos suficientes para sostener la acusación.
Reincorporación y devolución de haberes
La resolución dispone:
- el cese de la disponibilidad
- la reincorporación al servicio activo
- evaluaciones previas
- y la devolución de haberes retenidos
Cuando el daño ya está hecho
El caso deja expuesta una problemática estructural: la rapidez de la condena pública frente a la lentitud de los procesos que terminan desestimando las acusaciones.
Porque mientras la imputación fue inmediata y visible, la absolución llegó años después, en un escenario mucho más silencioso.
La pregunta que queda
Los efectivos:
- Guillermo Alcides Valiente
- Gonzalo Matías Marín
- Fernando Florentino Alderete
- Lucas Iván Cabrera
hoy recuperan su situación dentro de la fuerza.
Pero el interrogante sigue vigente: ¿Quién repara los años perdidos?
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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