SANTA FE: Según el gobierno los policías duermen en hoteles y cobran plus de 500 mil pesos

El Gobierno provincial asegura que el conflicto policial está resuelto y defiende un nuevo esquema basado en mayor exigencia operativa y plus por productividad. Sin embargo, en la base crecen los cuestionamientos sobre salarios, condiciones laborales y presión sobre el personal.

Por Marcos Anglada (*)

Pullaro: “El conflicto no fue salarial”

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que la protesta policial tuvo su origen en las condiciones de trabajo y no en una cuestión salarial. Según explicó, el aumento de la exigencia operativa dentro del plan de seguridad generó un nivel de estrés que terminó desencadenando el conflicto.

Plus operativo y control por objetivos

En ese marco, confirmó que el plus operativo —que puede alcanzar los 500.000 pesos— continuará vigente como parte del esquema de seguridad. También dejó en claro que ese adicional está atado a resultados: puede ser retirado a quienes no cumplan con ciertos objetivos, algo que ya ocurrió con algunos efectivos. Además aseguró que el personal que no vive en Rosario se esta alojando el hoteles (obvio la factura a cargo del Estado).

Medidas “estructurales” y sin cambios de fondo en horarios

Pullaro sostuvo además que la situación fue encauzada sin modificar de manera sustancial los horarios laborales. Destacó que la provincia implementó medidas como alojamiento en hoteles y mejoras en el traslado del personal, con el objetivo de sostener la operatividad.

Un conflicto que, según el Gobierno, está cerrado

Para el mandatario, las decisiones adoptadas no solo resolvieron el problema, sino que consolidaron un modelo que “llegó para quedarse”. Esta mirada oficial instala la idea de una etapa superada, que ahora abre el debate sobre qué ocurre realmente en la base policial.

El salario sigue siendo el problema central

Desde una mirada crítica que desarrollo Alberto Martínez en su programa «Temática Seguridad», el diagnóstico es diferente. Se rechaza que el conflicto haya sido exclusivamente por condiciones de trabajo. Por el contrario, se sostiene que el reclamo salarial fue —y sigue siendo— el eje principal.

El argumento es simple: si hoy el propio Gobierno destaca adicionales, plus y compensaciones, es porque el salario básico no alcanza. Y cuando el ingreso depende de variables condicionadas, la estabilidad económica del trabajador queda en entredicho.

A esto se suma un dato clave: el aumento otorgado quedó rápidamente erosionado por la inflación, dejando a muchos efectivos nuevamente en una situación de vulnerabilidad.

Plus operativos: ¿incentivo o herramienta de presión?

Uno de los puntos más cuestionados es el sistema de plus por productividad. La confirmación de que se retiró este adicional a agentes que no alcanzaron ciertos niveles de identificación encendió alarmas.

El problema no es menor. Atar el salario a objetivos cuantitativos puede derivar en:

• Intervenciones apresuradas.
• Procedimientos de baja calidad.
• Presión constante sobre el personal.

En términos prácticos, se instala un modelo donde el policía no solo debe cumplir su función, sino también “hacer números” para sostener su ingreso.

Desgaste, traslados y una realidad que no cierra

Otro eje que aparece con fuerza es el desgaste operativo. Jornadas exigentes, cambios de destino, largos traslados y situaciones de desarraigo forman parte del día a día.

En algunos casos, se describen condiciones precarias de traslado e incluso dificultades básicas para el personal desplazado. La promesa de hoteles y mejoras logísticas, según se señala, no siempre se refleja en la práctica.

El resultado es un cuadro de estrés acumulado que impacta no solo en el desempeño, sino también en la salud física y mental del personal.

Sin representación, el conflicto se repite

Uno de los déficits más profundos sigue siendo la falta de canales formales de representación. Sin interlocutores claros, los reclamos escalan hasta convertirse en crisis.

La necesidad de estructuras como delegados en seguridad e higiene o espacios de diálogo institucional aparece como una deuda pendiente. No se trata solo de organización sindical, sino de prevenir conflictos que terminan afectando tanto al personal como al servicio de seguridad.

Un conflicto que no terminó

El Gobierno provincial busca instalar la idea de una etapa superada. Pero en la base policial la percepción es otra: el conflicto cambió de forma, pero no desapareció.

Salarios insuficientes, dependencia de incentivos, presión operativa y falta de representación siguen siendo los pilares de un malestar que persiste.

En definitiva, mientras el discurso oficial habla de estabilidad, en la calle la realidad todavía muestra señales de tensión. Y como suele pasar en estos casos, cuando los problemas de fondo no se resuelven, lo único que cambia es el momento en que vuelven a estallar.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

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