Por Alberto Rubén Martínez (*)
Una medida que excede el caso puntual
La decisión oficial de intimar a la madre de un alumno de 13 años a pagar más de seis millones de pesos por un operativo policial desplegado tras una amenaza escolar abre un debate que excede largamente el hecho puntual. No se trata sólo de una discusión jurídica. Se trata del modelo de Estado que se pretende construir y del uso político de las sanciones ejemplificadoras.
Es evidente que una amenaza en una escuela no puede minimizarse. Obliga a activar protocolos, moviliza recursos públicos y altera la vida educativa de toda una comunidad. El problema comienza cuando la respuesta estatal abandona el terreno de la prevención, la responsabilidad institucional y el debido proceso para ingresar en el de la espectacularización punitiva.
Más impacto que eficacia
La intimación millonaria a la familia de un menor parece orientada más a producir impacto social que a lograr un recupero efectivo. Difícilmente el objetivo principal sea cobrar semejante suma. Todo indica que el mensaje buscado es otro: exhibir dureza, imponer temor y convertir un expediente en escarmiento público.
El número impacta, la noticia circula y el gobierno muestra firmeza. Pero entre el anuncio y el cobro real suele existir una distancia enorme, tanto jurídica como material.
El riesgo del precedente
Ese mecanismo no es nuevo. Se instala primero en casos sensibles, donde buena parte de la sociedad acompaña el enojo inicial. Luego se extiende.
Hoy puede ser una familia señalada por una amenaza escolar; mañana, comerciantes por cortes de calle, organizaciones sociales por movilizaciones, trabajadores por protestas gremiales, clubes por disturbios o vecinos por manifestaciones espontáneas. Cuando la lógica del Estado pasa de garantizar derechos a facturar costos políticos, la frontera se vuelve difusa.
Ciudadanos o deudores
El peligro no reside sólo en el monto reclamado, sino en el precedente cultural que se intenta sembrar: que toda conflictividad social puede resolverse con una cuenta de cobro.
Bajo esa mirada, la ciudadanía deja de ser sujeto de derechos para convertirse en potencial deudora del aparato estatal.
Qué hacer cuando el involucrado es un menor
En el caso de un adolescente de 13 años, además, la respuesta debería enfocarse en comprender causas, intervenir pedagógicamente, acompañar a la escuela y fortalecer la prevención.
Un Estado inteligente corrige. Un Estado ansioso por mostrar autoridad escenifica castigos.
Gobernar para la tribuna
No se discute la necesidad de sancionar conductas graves. Se discute otra cosa: si la sanción será legal, proporcional y útil, o si sólo servirá para alimentar titulares.
Cuando el poder empieza a gobernar con medidas pensadas para la tribuna, rara vez se detiene en el primer caso. Y lo que hoy parece excepcional, mañana puede convertirse en costumbre.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
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