Santa Fe – Un agente del Servicio Penitenciario, de 36 años, fue imputado este jueves por el delito de abuso sexual simple agravado por su condición de funcionario público, tras una denuncia realizada por una estudiante que cumplía prácticas profesionales en la cárcel de Las Flores. ¿quién dispuso que una joven aspirante, sin experiencia y en etapa de prácticas, fuera destinada a una garita alejada junto a un agente que ya tenía señalamientos previos?
Por Marcos Anglada (*)
La audiencia se desarrolló en Tribunales y estuvo encabezada por el juez penal Sergio Carraro. La imputación fue presentada por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual, Vivian Galeano, con el acompañamiento del fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández.
El acusado, identificado como Matías Gabriel S., se encuentra actualmente en situación de disponibilidad dentro del Servicio Penitenciario. Fue asistido en la audiencia por el abogado defensor Federico Kiener. El próximo martes se definirá si continuará detenido bajo prisión preventiva o si transitará el proceso en libertad con medidas alternativas.
El hecho denunciado
Según la imputación fiscal, el hecho ocurrió el 8 de enero, alrededor de las 22, en la garita 20 del establecimiento penitenciario. En ese lugar, el agente habría comenzado a realizarle preguntas de contenido sexual a la joven, quien se encontraba realizando prácticas profesionales.
Ante la negativa de la estudiante, el imputado habría continuado con una conducta de connotación sexual: se abrió la camisa, se desabrochó el pantalón y le insinuó mantener algún tipo de contacto. La joven volvió a rechazar la situación e intentó alejarse.
De acuerdo a la acusación, el agente se acercó por detrás, se apoyó sobre ella y le tocó los hombros. La víctima logró apartarse nuevamente.
Investigación en curso
Días después del episodio, la estudiante realizó la denuncia en un Centro Territorial, lo que dio inicio a la causa penal. Entre las pruebas incorporadas al expediente se incluyen testimonios, intervenciones y registros digitales, como capturas de pantalla y audios de WhatsApp.
Además de esta causa, sobre el agente pesan al menos dos denuncias adicionales por acoso sexual, que serán tramitadas en el ámbito contravencional.
La investigación continúa en etapa inicial, mientras la Justicia define las condiciones en las que el imputado afrontará el proceso.
La pregunta de fondo: ¿por qué seguía trabajando?
El dato más grave, desde el punto de vista institucional, es que el agente imputado no llegaba a esta causa sin antecedentes administrativos: ya registraba dos denuncias previas por acoso sexual.
Ese elemento abre un interrogante inevitable: ¿cómo es posible que un penitenciario con denuncias anteriores continuara prestando servicio con normalidad? Y más aún: ¿quién dispuso que una joven aspirante, sin experiencia y en etapa de prácticas, fuera destinada a una garita alejada junto a un agente que ya tenía señalamientos previos?
La responsabilidad penal individual deberá ser determinada por la Justicia. Pero la responsabilidad administrativa y política no puede quedar fuera del análisis. En instituciones verticales, cerradas y jerárquicas como el Servicio Penitenciario, nada ocurre en el vacío: los destinos, guardias, traslados y asignaciones tienen responsables.
Por eso, además de investigar al imputado, corresponde determinar si hubo omisiones, negligencia o encubrimiento por parte de superiores que conocían —o debían conocer— las denuncias anteriores.
Porque si una institución recibe alertas previas y no actúa, el problema deja de ser solamente un hecho individual: pasa a ser una falla del sistema.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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