Santa Fe – Dos agentes de la Comisaría 8ª de Santa Fe, imputados por exigir dinero a cambio de devolver una motocicleta, recuperaron la libertad este jueves luego de firmar un acuerdo de juicio abreviado que prevé condenas en suspenso e inhabilitación para ejercer la función policial.
Por Marcos Anglada (*)
La audiencia se realizó en Tribunales y fue presidida por el juez Martín Torres, quien homologará el acuerdo y dictará sentencia por escrito en los próximos días.
Los policías, identificados como Patricio Piacenza y Germán Noval (ambos familiares de altos oficiales), fueron acusados como coautores del delito de exacciones ilegales agravadas. El acuerdo, firmado por el fiscal Ezequiel Hernández y las defensas, establece una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de dos millones de pesos para cada uno.
Las víctimas participaron de la audiencia y manifestaron su conformidad con la resolución.
Según la investigación, los hechos comenzaron cuando la víctima acudió a la policía en busca de ayuda: había entregado su moto como garantía de un préstamo y luego supo que el vehículo estaba siendo utilizado para cometer delitos.
Los agentes se dirigieron al lugar, secuestraron la motocicleta y la trasladaron a la comisaría. Fue entonces cuando, de acuerdo a la acusación, exigieron un millón de pesos para devolverla.
La maniobra incluyó una amenaza: le advirtieron a la víctima que, si no pagaba, podría enfrentar una causa penal con una pena de hasta 15 años de prisión. Para sostener esa presión, le hicieron firmar un documento que —según la investigación— era una denuncia por robo que nunca había ocurrido.
La entrega controlada
Tras la extorsión, la víctima consultó en otra dependencia policial y luego radicó la denuncia en Asuntos Internos, donde se organizó un operativo de “entrega controlada”.
Con dinero previamente preparado, el denunciante regresó a la comisaría mientras agentes encubiertos vigilaban la zona. Una señal acordada —colocarse la capucha al salir— indicó que la transacción se había concretado.
Minutos después, personal de Asuntos Internos ingresó a la dependencia y encontró el dinero oculto en una maceta. Los policías fueron detenidos en el lugar.
Condena sin prisión efectiva
A partir del acuerdo judicial, Piacenza y Noval evitarán la prisión efectiva. Además de la pena en suspenso y la inhabilitación, deberán cumplir reglas de conducta: no podrán portar armas, tendrán prohibido acercarse o contactar a las víctimas, deberán fijar domicilio y someterse a controles de organismos estatales.
El trasfondo: corrupción de baja escala, daño profundo
El caso expone un mecanismo clásico pero persistente: la utilización del uniforme y la autoridad estatal para obtener beneficios económicos ilegales en situaciones de vulnerabilidad.
No se trata de grandes redes ni de cifras millonarias. Es corrupción “de mostrador”, directa, sin intermediarios. Pero su impacto es igual de corrosivo: destruye la confianza básica en la institución policial, especialmente en quienes acuden a ella buscando protección.
Y deja una conclusión incómoda: cuando un ciudadano duda entre denunciar o resignarse a pagar, el problema ya no es solo de dos agentes. Es del sistema.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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