El gobierno santafesino decidió avanzar con una política de alto impacto: cobrarle a las familias los costos de los operativos originados por amenazas falsas a escuelas.
Por Alberto Rubén Martínez (*)
El caso que explotó públicamente —la intimación por más de seis millones de pesos a la familia de un menor— fue presentado como una señal de autoridad. Un mensaje directo: “la joda se terminó”.
Pero detrás del golpe mediático aparece una pregunta mucho más profunda y políticamente riesgosa:
¿Y si le sale mal?
Porque una cosa es el impacto comunicacional y otra muy distinta la solidez institucional de la medida.
El gobierno de Maximiliano Pullaro sabe perfectamente que la sociedad está agotada de amenazas, violencia y falsas alarmas. Rosario vive hace años bajo una tensión permanente donde cualquier intimidación escolar activa miedo real, despliegues policiales y costos millonarios. En ese contexto, endurecer respuestas parece políticamente rentable.
Y probablemente lo sea.
La mayoría de la gente escucha “6 millones” y piensa:
“Perfecto. Que paguen”.
Ese reflejo social existe. Negarlo sería ingenuo.
Pero el problema empieza cuando el Estado intenta convertir una necesidad política en una herramienta jurídica apurada.
Porque aquí aparece una cuestión delicadísima: el Ejecutivo provincial parece querer transformarse simultáneamente en denunciante, calculador del daño y ejecutor del cobro. Todo antes de una sentencia judicial firme.
Y ahí comienzan las zonas grises.
La familia que recurrió a la Justicia no sólo cuestiona el monto. Cuestiona algo mucho más serio:
- quién tiene facultad para imponer ese pago,
- bajo qué ley,
- con qué procedimiento,
- y con qué garantías de defensa.
No es un detalle técnico. Es el corazón del Estado de Derecho.
Porque si mañana un ministerio puede determinar unilateralmente cuánto “costó” un operativo y trasladarlo directamente al ciudadano, entonces la discusión deja de ser una amenaza escolar. Pasa a ser otra cosa:
¿hasta dónde puede avanzar el poder administrativo sin control judicial previo?
Y ese terreno históricamente fue explosivo en la Argentina.
Los gobiernos suelen enamorarse de las herramientas rápidas cuando sienten respaldo social. Sobre todo en seguridad. El problema es que muchas veces esas herramientas funcionan bien como espectáculo político pero mal como arquitectura institucional.
El riesgo para la Casa Gris no es sólo perder este caso. El verdadero riesgo es abrir un precedente débil, mal fundamentado o directamente inconstitucional.
Porque si los tribunales entienden que:
- no existe base legal suficiente,
- el monto fue arbitrario,
- no hubo debido proceso,
- o se violó el derecho de defensa,
entonces la medida puede derrumbarse completa.
Y ahí el relato cambia.
Lo que hoy se presenta como firmeza podría terminar pareciendo improvisación punitiva. Un operativo mediático más pensado para el título periodístico que para resistir el primer examen judicial serio.
Hay además otro punto incómodo: el gobierno eligió un caso emocionalmente imposible de defender públicamente. Nadie quiere quedar del lado de las amenazas escolares. Nadie quiere parecer indulgente con falsas alarmas. Y precisamente por eso el expediente sirve como “caso testigo” ideal para expandir facultades estatales.
La historia argentina está llena de precedentes donde medidas excepcionales nacieron con amplio consenso social… hasta que después comenzaron a aplicarse sobre otros sectores.
Porque la lógica es siempre la misma: primero se justifica por un caso extremo; después se naturaliza.
Y entonces aparece la pregunta que nadie en el oficialismo quiere formular en voz alta:
- mañana, ¿esto podría aplicarse a protestas?
- ¿a movilizaciones?
- ¿a reclamos sindicales?
- ¿a operativos en conflictos sociales?
Cuando el Estado empieza a ponerle precio económico a la intervención policial, el límite se vuelve peligrosamente difuso.
El gobierno santafesino quizás ya consiguió lo que quería en términos políticos inmediatos:
- instalar autoridad,
- mostrar dureza,
- ocupar agenda,
- y capitalizar el cansancio social.
Pero las decisiones importantes no se miden sólo por el aplauso inicial.
Se miden también por lo que dejan habilitado después.
Porque gobernar con mano firme puede dar resultados. Gobernar corriendo los límites institucionales también. El problema aparece cuando el poder empieza a confundirse con la facultad de hacer cualquier cosa mientras la opinión pública acompañe.
Y ahí es donde surge la pregunta incómoda.
No si la amenaza falsa fue grave. Claro que lo fue.
La verdadera pregunta es otra:
¿qué pasa si, intentando mostrarse fuerte, el gobierno termina debilitando las propias reglas que dice defender?
–
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV) y «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI).
Facebook: Temática Seguridad
Linkedin: Martínez Alberto Rubén
Web: Temática Seguridad (Blogspot)
Web: Confianza Soberana – Teoría política en desarrollo
–
–
El libro, de distribución gratuita y sin fines comerciales, puede consultarse en formato digital aquí:
Descargar el libro
📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<
Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución–No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).
–
Invitamos a todos nuestros lectores, al personal policial y sus familias a sumarse al canal oficial de APROPOL en WhatsApp, donde compartimos información actualizada, comunicados, noticias y novedades de interés institucional.
Podés unirte de forma directa a través del siguiente enlace:
https://whatsapp.com/channel/0029VaAjYc1K5cDJMmGyyA15
25 AÑOS DE APROPOL NOTICIAS
“Información y algo más”
Hace 25 años nació un espacio pensado para informar con compromiso, independencia y cercanía.
Este año APROPOL Noticias celebra un cuarto de siglo acompañando a sus lectores, contando la realidad con la voz de quienes la viven y defendiendo el derecho a estar informados.
Seguimos adelante, con la misma pasión de siempre y la convicción de que la información es el camino hacia una sociedad más justa y consciente.
APROPOL Noticias — 25 años de información y algo más.
–
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora