Fuentes internas aseguran que el uniformado atraviesa una profunda crisis social y teme sanciones tras la viralización de su caso.
Por Rubén Pombo (*)
La delicada situación del auxiliar primero Cristian Martín, integrante del Cuerpo de Infantería General Manuel Belgrano de la Policía de Mendoza, continúa generando repercusiones internas luego de que trascendiera públicamente el drama habitacional y económico que atraviesa junto a su esposa.
Tras la publicación realizada por el portal Frecuencia Azul, nuevas fuentes vinculadas a la fuerza mendocina aportaron detalles sobre el complejo cuadro personal y laboral que afecta al efectivo, quien actualmente reside en una precaria vivienda ubicada en cercanías de la zona de Villavicencio.
Según indicaron fuentes policiales consultadas por este medio, Martín habría manifestado sentirse “desbordado” por la situación y teme sufrir represalias administrativas luego de la difusión pública del caso.
“Se siente más castigado que contenido”
De acuerdo a los testimonios recogidos, el efectivo cuestionó la activación de protocolos internos que derivaron en la retención preventiva de su armamento reglamentario y chaleco balístico fuera del horario de servicio.
Desde la institución argumentaron que la medida obedecería a cuestiones de seguridad vinculadas al estado de la vivienda donde reside actualmente el uniformado. Sin embargo, personas cercanas al caso aseguran que la decisión terminó agravando aún más sus condiciones laborales y personales.
El efectivo debe recorrer varios kilómetros para retirar y devolver diariamente el equipo reglamentario cada vez que toma servicio, en trayectos que —según señalaron— se realizan por rutas oscuras y consideradas peligrosas durante la noche.
“Él siente que en lugar de ayudarlo lo están exponiendo más”, confió una fuente ligada al entorno policial mendocino.
Un año de inestabilidad y situación límite
Siempre según fuentes internas, la crisis habitacional de Martín y su esposa se arrastra desde hace más de un año, luego de haber perdido el lugar donde residían anteriormente.
En ese contexto, la pareja habría atravesado períodos de extrema precariedad económica, alternando estadías temporarias y situaciones cercanas a la indigencia.
Las mismas fuentes señalaron que recientemente lograron acceder a un pequeño terreno con una construcción precaria mediante un acuerdo de pago en cuotas, lo que consideran “la única posibilidad concreta de tener un techo propio”.
Sin embargo, las condiciones de la vivienda continúan siendo extremadamente básicas: ventanas tapiadas, falta de baño instalado y serias carencias estructurales.
Temor a sanciones o traslados
Dentro de la fuerza también existiría preocupación por el impacto institucional que generó la viralización del caso en redes sociales.
Según pudo reconstruirse, el efectivo teme posibles medidas disciplinarias, traslados o sanciones administrativas luego de la exposición pública de su situación familiar.
Incluso, allegados aseguran que el policía expresó incertidumbre respecto de su continuidad laboral y sobre las decisiones que podrían adoptar las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial.
Hasta el momento, desde el Gobierno de Mendoza no hubo declaraciones oficiales sobre el caso.
Malestar silencioso dentro de la fuerza
La situación de Martín volvió a poner sobre la mesa un tema que, puertas adentro de las fuerzas de seguridad, suele discutirse en voz baja: el deterioro salarial y las dificultades económicas que atraviesan numerosos efectivos policiales.
Fuentes consultadas reconocieron que muchos uniformados complementan ingresos mediante recargos, servicios adicionales y extensas jornadas laborales para poder sostener gastos básicos.
“El problema es que cuando uno cae, queda completamente solo”, resumió una fuente policial consultada para esta nota.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario
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