“Somos un número más”: la familia de Alejandro Diarte denuncia abandono de la Gendarmería tras su muerte en General Acha

La muerte de Alejandro Diarte, gendarme de 28 años oriundo de Formosa, sacudió a la fuerza federal y a su provincia natal. El joven fue hallado sin vida el 10 de mayo por la mañana en el Destacamento Móvil 4 de General Acha, La Pampa.

Por Pablo Sebastián Giles

El caso se manejó con total hermetismo, lo que encendió la bronca de su familia. Todo lleva a presumir que se trataría de un nuevo suicidio policial, sobre los cuales hasta la fecha no existe ninguna estadística ni trabajo integral por parte del Estado Nacional.

Cinthia Diarte, hermana del efectivo, denunció públicamente que la Gendarmería Nacional incumplió todos los protocolos de aviso y contención. Según relató, la familia se enteró del fallecimiento por conocidos, no por la institución donde servía Alejandro.

“En medio de tanto dolor, bronca e impotencia, no me cabe en la cabeza cómo una institución de alto rango como la Gendarmería Nacional nos haga enterarnos por terceros que mi hermano había fallecido“, expresó Cinthia.

El hecho habría ocurrido cerca de las 08:00, pero la familia recién tomó conocimiento alrededor de las 12:00 del mediodía. En ese lapso, fueron ajenos a la fuerza quienes tuvieron que darle la noticia a la madre de que su hijo se había suicidado y acompañarla a retirar el cuerpo.

“También sabiendo la mayoría por lo que estaba pasando, no intervinieron dándole restricción de armamento ni contención psicológica”, denunció. Para Cinthia, la tragedia pudo evitarse: “Se podía haber evitado. Como institución, mucho que desear”.

El reclamo cierra con una acusación directa al trato hacia el personal: “Siempre dije que para la Gendarmería solo somos un número más. No les importa ni les interesa una mierda lo que uno está pasando. Basta de tantas injusticias, ¿hasta cuándo?”.

La causa se mantiene bajo hermetismo, mientras la familia exige respuestas y medidas concretas para que lo ocurrido no se repita.

Este caso expone la grave crisis que atraviesan no solo las cinco fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, sino también las tres fuerzas armadas bajo la órbita del Ministerio de Defensa, actualmente a cargo del militar Carlos Presti. La situación se agrava por la pronunciada caída de los sueldos y el vaciamiento de las obras sociales, que pretenden ser reemplazadas de manera irregular por prestadoras prepagas sumamente onerosas e ineficaces. Este esquema rompe el sistema solidario imprescindible para garantizar el acceso equitativo a la salud, dejando al personal y sus familias en un estado de desprotección absoluta.

Fuente: Tribuna de Periodistas

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