La provincia de Santa Fe tomó posesión de una vivienda vinculada al excomisario mayor retirado Osvaldo Bejarán, condenado por enriquecimiento ilícito en una investigación que comenzó hace más de dos décadas y que volvió a poner en debate la relación entre corrupción policial, control patrimonial y lentitud judicial.
El inmueble decomisado está ubicado en la zona de Lavalle al 900 de Rosario y pasó a manos del Estado provincial a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad).
Una causa iniciada en 2001
La investigación se originó en 2001 a partir de auditorías impulsadas por Asuntos Internos sobre patrimonios de altos mandos policiales santafesinos. Aquellas actuaciones derivaron en numerosos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el recorrido judicial fue extremadamente lento:
- algunas causas prescribieron,
- otras quedaron paralizadas durante años,
- y sólo unas pocas llegaron finalmente a juicio oral.
El caso Bejarán terminó con condena recién en 2023, más de veinte años después del inicio de la investigación.
La investigación patrimonial
Durante el juicio se sostuvo que el incremento patrimonial del exjefe policial comenzó cuando se desempeñó en el área de Leyes Especiales, históricamente vinculada al control del juego clandestino.
La acusación señaló que:
- adquirió inmuebles,
- vehículos,
- licencias,
- y ahorros en dólares, sin que sus ingresos formales pudieran justificar ese crecimiento patrimonial.
Las pericias contables detectaron diferencias importantes entre:
- los ingresos declarados,
- y el patrimonio acumulado.
Qué bienes fueron decomisados
La causa incluyó:
- dos inmuebles,
- seis vehículos,
- y dinero en moneda extranjera.
Entre los bienes decomisados aparecen:
- automóviles de distintas marcas,
- propiedades registradas también a nombre de familiares,
- y la vivienda ahora recuperada por el Estado.
El tribunal finalmente condenó a Bejarán a:
- tres años de prisión condicional,
- multa económica,
- e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La lentitud de las causas de corrupción policial
El expediente vuelve a mostrar una constante histórica en investigaciones por corrupción institucional:
la enorme distancia temporal entre:
- el inicio de las denuncias,
- y la ejecución efectiva de las condenas.
En este caso:
- la investigación comenzó en 2001,
- el procesamiento llegó muchos años después,
- el juicio oral se realizó en 2023,
- y el decomiso efectivo recién se concretó en 2026.
Es decir: más de 25 años para completar todo el recorrido judicial y patrimonial.
El decomiso como herramienta política y judicial
La recuperación de bienes obtenidos mediante corrupción comenzó a transformarse en una herramienta central dentro de las políticas criminales modernas.
La lógica ya no apunta únicamente a:
- condenar penalmente,
sino también: - afectar el patrimonio construido ilegalmente.
Históricamente, muchas causas contra funcionarios policiales:
- terminaban prescriptas,
- demoradas,
- o sin consecuencias económicas concretas.
Por eso, el decomiso efectivo de propiedades y bienes tiene un fuerte impacto simbólico:
mostrar que el delito contra el Estado también puede implicar pérdida patrimonial real.
Una vieja deuda institucional
El caso también reabre una discusión de fondo sobre los controles patrimoniales dentro de las fuerzas de seguridad.
Las auditorías iniciadas hace más de veinte años mostraron:
- debilidades de supervisión,
- áreas históricamente sensibles dentro de la estructura policial,
- y enormes dificultades para sostener investigaciones complejas en el tiempo.
La causa Bejarán finalmente llegó a condena y decomiso.
Pero lo hizo después de un cuarto de siglo.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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