La nueva reforma procesal penal impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni provocó un terremoto político y judicial en Santa Fe.
Magistrados, abogados penalistas y académicos advierten que el proyecto no solo amplía facultades policiales: sostienen directamente que reinstala prácticas propias del viejo sistema policial previo a las reformas democráticas.
El núcleo de la discusión es delicado: el gobierno busca acelerar investigaciones y fortalecer herramientas contra el narcotráfico y las bandas violentas, pero los críticos denuncian que se debilita el control judicial y se reducen garantías constitucionales básicas.
Interrogatorios policiales sin defensor
Uno de los puntos más explosivos del proyecto es la reaparición de la “declaración informativa” y del interrogatorio policial inicial sin obligación inmediata de presencia de la defensa técnica.
Ese mecanismo había desaparecido con la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe en 2014 precisamente por las denuncias históricas sobre abusos policiales, coerción y armado de causas.
La gravedad institucional del cambio quedó reflejada en una referencia histórica contundente. Según recordó LPO, figuras centrales del derecho penal santafesino como Héctor Superti, Daniel Erbetta y Ramón Ríos ya denunciaban en 1985 este tipo de prácticas por considerarlas herencia metodológica de la dictadura.
No es un detalle menor: Daniel Erbetta hoy integra la Suprema Corte de Santa Fe, lo que muestra hasta qué punto el debate toca fibras profundas del sistema judicial provincial.
“Espantoso”, “cruel”, “premoderno”
La reacción interna en tribunales fue inmediata y particularmente dura. Según la nota de Hernán Lascano, entre jueces y abogados comenzaron a circular definiciones demoledoras sobre el proyecto: “espantoso”, “cruel”, “inconstitucional” y “regresión premoderna”.
Un magistrado rosarino advirtió sobre uno de los escenarios más polémicos que habilitaría la reforma:
“Es fácil imaginarse lo que puede pasar si un policía encuentra o planta un arma, y luego queda facultado para allanar un domicilio a 40 cuadras de ahí”.
La frase resume uno de los mayores temores judiciales: que el fortalecimiento de facultades operativas termine ampliando márgenes para abusos, corrupción policial o manipulación de pruebas.
Otro juez fue todavía más tajante:
“Un retroceso de treinta años. Esto va más atrás del sistema de jueces de instrucción”.
“Esperamos diálogo político”
El presidente del Colegio de Jueces de Rosario, Gustavo Salvador, confirmó públicamente la preocupación de buena parte de la magistratura.
“Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político”, declaró a LPO.
La frase tiene peso institucional porque evita el tono confrontativo pero deja claro que el Poder Judicial percibe el proyecto como una alteración sensible del equilibrio procesal.
“Tiene lógica del derecho penal del enemigo”
Las críticas más duras llegaron desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario.
Su presidente, José Nanni, afirmó que cuando leyó el proyecto creyó “que era una broma”.
Luego lanzó una definición demoledora:
“Lo que abre esta reforma es muy grave y autoritario. Tiene la lógica del discurso penal del enemigo y aniquila principios básicos de nuestro enjuiciamiento penal”.
La referencia al “derecho penal del enemigo” no es casual. En doctrina penal, ese concepto describe modelos donde el Estado deja de tratar al acusado como ciudadano con derechos y pasa a considerarlo una amenaza excepcional a neutralizar.
Para Nanni, el problema es que las herramientas extraordinarias terminan expandiéndose mucho más allá del crimen organizado:
“Después van contra abogados, políticos, periodistas, empresarios. Todos sabemos bien cómo funciona”.
Inteligencia preventiva y espionaje digital
Otro de los puntos más controvertidos es la incorporación expresa de actividades de espionaje digital y electrónico dentro de las herramientas de inteligencia criminal.
El gobierno sostiene que busca mejorar la capacidad anticipatoria frente a organizaciones criminales complejas. Pero defensores y jueces temen que se abra una zona gris de vigilancia estatal sobre comunicaciones privadas.
El temor no surge en abstracto. Argentina tiene una extensa historia de utilización política de aparatos de inteligencia y espionaje ilegal. Por eso, en sectores judiciales preocupa que normas redactadas para combatir narcos terminen habilitando mecanismos de control sobre actores civiles, políticos o periodísticos.
Allanamientos sin orden judicial
La reforma también habilita allanamientos automáticos vinculados al secuestro de armas en vía pública sin orden judicial previa.
El argumento oficial es operativo: evitar demoras que permitan destruir evidencia o escapar a sospechosos.
Pero los críticos señalan que precisamente el control judicial previo es el principal límite frente a arbitrariedades policiales.
La discusión vuelve entonces al viejo dilema argentino: cuánto poder puede delegarse en fuerzas de seguridad sin erosionar garantías fundamentales.
Pullaro apuesta a profundizar su modelo de seguridad
El gobierno provincial no retrocede. Pullaro considera que su política de endurecimiento penitenciario y ofensiva contra las bandas narco le dio centralidad política y respaldo social.
En la Casa Gris sostienen que la baja de homicidios respecto de los peores años de Rosario valida el camino elegido y que ahora es necesario blindar ese modelo con reformas normativas más agresivas.
La oposición judicial, en cambio, advierte que la provincia corre el riesgo de ingresar en una lógica de excepcionalidad permanente donde la emergencia en seguridad termine justificando una erosión gradual de derechos y controles.
Y esa es precisamente la discusión de fondo: si Santa Fe está fortaleciendo al Estado frente al crimen organizado o debilitando límites institucionales que costaron décadas construir.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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