Con salarios deteriorados y servicios en alza, la posible quita de Zona Fría amenaza con convertir el invierno en una pesadilla económica para miles de familias policiales. ¿Quiénes perderían el beneficio y por qué crece el malestar en Santa Fe?
La eliminación del beneficio de Zona Fría podría disparar aumentos de hasta el 100% en las boletas de gas y volver aún más asfixiante la economía de miles de hogares policiales y penitenciarios santafesinos. Mientras el ajuste cae sobre las familias trabajadoras, crece la polémica por los beneficios otorgados a grandes empresas energéticas. Radiografía de otro golpe silencioso al bolsillo uniformado.
La decisión del Gobierno Nacional de avanzar sobre el régimen de “Zona Fría” no es solamente una discusión técnica sobre subsidios energéticos. Detrás de los números y de las planillas del ajuste aparece una realidad concreta: miles de familias policiales y penitenciarias de Santa Fe volverán a quedar atrapadas entre salarios deteriorados, inflación persistente y tarifas cada vez más difíciles de afrontar.
La media sanción aprobada en la Cámara de Diputados limita los descuentos automáticos del 30% y hasta el 50% en las boletas de gas para amplias regiones incorporadas al sistema desde 2021. En Santa Fe, el beneficio quedaría reducido únicamente a quienes acrediten situaciones de vulnerabilidad extrema, dejando afuera a una enorme franja de trabajadores estatales que, aun teniendo empleo formal, no llegan a fin de mes.
Y allí aparece un dato que muchas veces la política ignora: el personal policial y penitenciario no es “clase privilegiada”. Muy por el contrario. En numerosos casos, los ingresos apenas alcanzan para cubrir alquileres, transporte, alimentos y servicios básicos. Cuando el gas aumenta, no hay margen. Se recorta comida, medicamentos, ropa de los chicos o endeudamiento con tarjetas y préstamos.
El uniforme no protege del tarifazo
En las familias policiales existe además un agravante silencioso: los horarios rotativos y las extensas jornadas laborales obligan a mantener calefacción durante más tiempo en invierno. Un efectivo que trabaja de noche necesita descansar de día en una vivienda calefaccionada. Un penitenciario que vuelve de una guardia de 24 horas no puede exponer a su familia al frío por no prender una estufa.
La quita de Zona Fría golpea entonces sobre necesidades reales y no sobre consumos “de lujo”.
En muchas localidades del sur y centro santafesino, el gas dejó de ser un servicio accesible para transformarse en un factor de angustia doméstica. La situación empeora entre retirados y pensionados policiales, cuyos haberes vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace años.
Ajuste para abajo, beneficios para arriba
El debate se volvió todavía más polémico porque el mismo paquete legislativo incluye mecanismos de compensación y condonación de deudas para grandes distribuidoras energéticas, por montos que superarían los 1.800 millones de dólares.
Mientras se argumenta que “no hay plata” para sostener descuentos sobre las boletas residenciales, sí aparecen herramientas financieras para aliviar balances empresariales.
Ese contraste alimenta un creciente malestar social: el esfuerzo siempre parece recaer sobre trabajadores, jubilados y sectores medios asalariados, entre ellos la familia policial.
Santa Fe: una provincia perjudicada
El Gobierno provincial (que sostuvo desde el inicio su apoyo al gobierno nacional) ya advirtió que la medida impactaría sobre más de 550.000 usuarios santafesinos y reduciría competitividad industrial y comercial. Pero detrás de la macroeconomía hay algo más profundo: el deterioro del tejido social.
Cuando un trabajador uniformado debe elegir entre pagar la boleta o cargar combustible para ir a trabajar, el problema deja de ser energético y pasa a ser institucional.
Porque un Estado que exige profesionalismo, vocación y presencia permanente de sus fuerzas de seguridad también debería garantizar condiciones mínimas de dignidad para quienes cumplen esa función.
El riesgo de una nueva fractura social
La experiencia argentina demuestra que los grandes conflictos sociales rara vez comienzan por debates ideológicos abstractos. Empiezan en la cocina de las casas, cuando el salario deja de alcanzar.
La eliminación o reducción de Zona Fría puede parecer una medida fiscal más dentro del ajuste nacional. Pero en los barrios, en las comisarías y en los hogares penitenciarios se vive como otra señal de abandono.
Y cuando el frío entra por la ventana, también entra el desencanto.
Basado en información legislativa y análisis periodísticos citados en el material de referencia.
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(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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