El Ministerio reguló minuciosamente los pases de personal mediante la Directiva 10/2026. La norma no contempla una sola medida vinculada al bienestar, la situación familiar o los derechos laborales de los trabajadores policiales.
Una nueva directiva concentra en el Ministerio el control de los pases de personal.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe emitió la Directiva N.º 10/2026, mediante la cual establece nuevas pautas para los pases, traslados, permutas, adscripciones y comisiones de servicio del personal policial.
Aunque el texto tiene apariencia técnica y administrativa, su contenido implica una modificación relevante en el esquema de conducción institucional de la fuerza: la mayoría de los movimientos de personal entre Unidades Regionales, Direcciones Generales y organismos provinciales ya no podrán concretarse sin autorización expresa del Ministerio.
En términos prácticos, se trata de una fuerte centralización de facultades que históricamente integraban las herramientas de conducción del Jefe de Policía. Convengamos hoy «okupada» por un personaje de poca monta totalmente desprestigiado luego de la protesta policial de febrero ultimo.
El dato político más importante
La directiva establece que los pases entre distintas Unidades Regionales, Direcciones Generales y organismos de nivel provincial quedan prohibidos como regla general, salvo autorización ministerial previa.
Esto significa que la decisión final deja de estar en la estructura policial y pasa a depender de la conducción política del Ministerio.
La medida alcanza a:
- Pases entre distintas Unidades Regionales.
- Pases entre Direcciones Generales.
- Pases entre Unidades Regionales y Direcciones Generales.
- Adscripciones.
- Comisiones de servicio.
- Permutas.
- Toda otra modalidad funcional equivalente.
En otras palabras, la norma no sólo regula traslados. Regula prácticamente cualquier movimiento relevante de personal dentro de la estructura policial santafesina.
Menos autonomía para la Jefatura de Policía
Desde el punto de vista institucional, el aspecto más significativo es que el Ministerio concentra en sus manos una herramienta estratégica de conducción.
La administración de destinos siempre fue una de las principales facultades de cualquier conducción policial. Permite equilibrar planteles, fortalecer unidades, cubrir vacantes críticas, promover especializaciones y resolver necesidades operativas.
Con la nueva directiva, gran parte de esas decisiones deberán atravesar obligatoriamente el filtro político-administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y del Ministerio.
La pregunta inevitable es si estamos frente a una mejora en los controles o frente a una reducción de la capacidad de conducción de la propia institución policial.
Lo que la directiva no contempla
Llama la atención que el texto no incorpora ninguna referencia a cuestiones que afectan directamente al personal y a sus familias.
No menciona:
- Arraigo familiar.
- Situaciones de salud.
- Escolaridad de hijos.
- Reunificación familiar.
- Violencia laboral.
- Desarraigo.
- Compensaciones económicas.
Todo el esquema está construido alrededor de un único criterio: la preservación de la capacidad operativa de las unidades policiales.
Por ello, la norma aparece orientada principalmente a la gestión administrativa del recurso humano y no a la protección de los derechos o necesidades del trabajador policial.
Después del conflicto por los 141 traslados
La directiva se conoce pocas semanas después de la polémica generada por los traslados compulsivos de 141 efectivos desde Rosario hacia Santa Fe, una decisión que provocó fuertes cuestionamientos por parte de APROPOL y de numerosas familias policiales debido al impacto económico, familiar y laboral que implicaba.
Sin establecer una relación directa entre ambos hechos, resulta inevitable advertir que el Gobierno provincial decidió ahora colocar bajo control ministerial directo cualquier movimiento significativo de personal.
Una decisión con consecuencias institucionales
La Directiva 10/2026 no amplía derechos para el personal policial ni tampoco crea nuevos mecanismos de protección. Lo que sí hace es concentrar poder de decisión.
Por eso, más que una reforma laboral o de bienestar policial, estamos ante una reforma de gobernanza interna de la fuerza.
La conclusión es clara: el Gobierno provincial decidió que los movimientos relevantes del personal ya no sean una decisión predominantemente policial, sino una decisión política.
Y eso constituye, probablemente, el cambio más importante que introduce la nueva Directiva 10/2026.
Directiva 10-2026 – Pautas Para Pases de Personal Policial by Apropol Noticias
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
Nota relacionada:
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