La Justicia rechazó el pedido de libertad presentado por la defensa de la agente de la PDI Estefanía Oviedo y confirmó la legalidad de su detención. La decisión reabre el debate sobre los criterios aplicados cuando existen hijos pequeños y situaciones de maternidad.
La Justicia de Reconquista resolvió mantener privada de libertad a la agente de la Policía de Investigaciones (PDI) Estefanía Oviedo, investigada por una presunta filtración de información vinculada con una serie de allanamientos realizados en una causa por microtráfico.
La decisión fue adoptada por el juez Mauricio Martelossi luego de rechazar el planteo presentado por la defensa particular de la funcionaria policial, que había solicitado la nulidad de la detención y, subsidiariamente, que se autorizara una modalidad de detención domiciliaria debido a su situación familiar.
Oviedo es madre de una bebé de apenas dos meses de edad y se encuentra atravesando el período de lactancia.
La acusación
Según trascendió durante la audiencia, la investigación encabezada por el fiscal Sebastián Galeano sostiene que la agente habría advertido a una persona investigada sobre la inminente realización de allanamientos vinculados con una causa de comercialización de estupefacientes.
Uno de los elementos mencionados durante la audiencia sería un mensaje mediante el cual se alertaba sobre la realización de un procedimiento policial próximo.
La fiscalía considera que la eventual filtración de información reservada reviste una gravedad institucional significativa, ya que habría comprometido el resultado de una investigación compleja relacionada con el microtráfico.
Además, se destacó que la planificación de múltiples allanamientos demanda una importante movilización de recursos humanos y materiales, por lo que cualquier fuga de información puede afectar seriamente el éxito de los procedimientos.
La postura de la defensa
El abogado defensor, Dr. Ezequiel González, sostuvo que la detención resultó arbitraria y argumentó que su asistida no se desempeñaba en áreas vinculadas a microtráfico ni tenía acceso directo a la información operativa investigada.
También señaló que Oviedo se encuentra con licencia por maternidad desde febrero de este año y cuestionó la solidez de algunos elementos probatorios exhibidos por la fiscalía.
Uno de los principales argumentos defensivos estuvo centrado en la situación familiar de la agente.
La defensa solicitó que pudiera permanecer en su domicilio bajo custodia mientras avanzaba la investigación, permitiéndole atender a su hija recién nacida.
Sin embargo, el planteo fue rechazado.
El criterio judicial
Tras escuchar a las partes, el juez Martelossi declaró legal la detención y dispuso que la funcionaria policial continúe alojada bajo custodia federal hasta la audiencia imputativa.
La resolución se apoyó en la valoración efectuada por la fiscalía respecto de la gravedad institucional del hecho investigado y de los riesgos procesales invocados durante la audiencia.
No obstante, la decisión genera interrogantes que exceden este caso particular.
Un debate que vuelve a aparecer
La situación reabre una discusión recurrente dentro del sistema judicial argentino: cómo compatibilizar la investigación de delitos graves con la protección de la maternidad y el interés superior de los niños.
La legislación argentina contempla en determinados supuestos la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a mujeres embarazadas o madres de niños pequeños, siempre que ello no comprometa los fines del proceso penal.
Por esa razón algunos observadores recordaron antecedentes recientes en los cuales mujeres imputadas por delitos vinculados con la comercialización de estupefacientes obtuvieron modalidades de detención domiciliaria debido a su situación de embarazo o maternidad.
Cada expediente posee características propias y la evaluación judicial depende de múltiples factores, por lo que no corresponde establecer comparaciones automáticas.
Sin embargo, la diferencia de criterios suele generar interrogantes legítimos respecto de cómo se ponderan en cada caso las circunstancias familiares y la protección de los menores involucrados.
Presunción de inocencia
Mientras la investigación continúa, corresponde recordar que la agente Estefanía Oviedo mantiene plenamente vigente su estado constitucional de inocencia.
La audiencia realizada tuvo por objeto exclusivamente revisar la legalidad de la detención y no determinar responsabilidades penales.
La acusación formal y la discusión sobre la evidencia reunida tendrán lugar en la futura audiencia imputativa, donde la fiscalía expondrá los elementos de cargo y la defensa ejercerá plenamente su derecho de contradicción.
Por el momento, la Justicia decidió que la agente continúe privada de libertad mientras avanza una investigación que, por sus implicancias institucionales, promete seguir generando repercusiones dentro y fuera de la propia fuerza policial.
Misma causa dos decisiones distintas
La decisión judicial genera además un debate inevitable sobre la uniformidad de los criterios aplicados en materia de medidas cautelares.
En el mismo expediente derivado de los allanamientos por microtráfico en Avellaneda, el fiscal Sebastián Galleano imputó a Patricia Noemí Díaz por comercialización de estupefacientes luego del secuestro de 58,3 gramos de cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares, recortes de nylon y otros elementos habitualmente asociados a la venta de drogas.
Sin embargo, debido a que cursaba el octavo mes de embarazo y presentaba un delicado estado de salud, la propia fiscalía solicitó una prisión preventiva domiciliaria, medida que fue aceptada por la defensa y finalmente concedida por el juez Mauricio Martelossi.
En contraste, la agente de la PDI Estefanía Oviedo, madre de una bebé de apenas dos meses y en período de lactancia, no obtuvo el mismo beneficio pese al planteo formulado por su defensa.
Sin prejuzgar sobre ninguna de las dos situaciones procesales, la diferencia de criterios dentro de una misma investigación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta legítima: ¿cómo se ponderan concretamente la maternidad, el embarazo, la lactancia y el interés superior del niño al momento de decidir una privación de libertad?
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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