Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco vuelven a quedar bajo la lupa judicial. La causa que investiga presuntos hechos de corrupción policial ya suma siete personas detenidas y abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de control interno dentro de las fuerzas de seguridad.
La investigación, encabezada por el fiscal José Luis Caterina, continúa ampliándose luego de una serie de allanamientos realizados por la Unidad Especial de Asuntos Internos junto a efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en distintos puntos del departamento Rosario. Entre los detenidos figuran integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y civiles presuntamente vinculados a la maniobra investigada.
Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, vehículos y una importante cantidad de material estupefaciente, elementos que ahora forman parte de la evidencia incorporada a la causa judicial.
Una investigación que sigue creciendo
Los primeros procedimientos realizados esta semana habían concluido con la detención de dos agentes de la PDI y un civil. Sin embargo, el avance de las medidas ordenadas por la Fiscalía permitió incorporar nuevos involucrados hasta alcanzar, por el momento, un total de siete detenidos.
La magnitud territorial de los allanamientos, distribuidos entre Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Arroyo Seco, refleja además la complejidad de una investigación que permanece bajo estricta reserva judicial.
Evitar las generalizaciones
La experiencia demuestra que los casos de corrupción policial generan un fuerte impacto mediático y suelen ser utilizados para desacreditar a toda la institución. Sin embargo, la responsabilidad penal es siempre individual.
Del mismo modo que nadie juzga a toda la Justicia por la conducta de un magistrado corrupto o a toda la política por las acciones de un funcionario investigado, tampoco corresponde trasladar automáticamente la sospecha sobre la totalidad del personal policial.
Precisamente por eso resultan indispensables investigaciones profundas, transparentes y respetuosas de las garantías constitucionales: para identificar responsabilidades concretas y evitar que la sospecha termine alcanzando indiscriminadamente a quienes cumplen honestamente con su deber.
Una señal para la sociedad y para la fuerza
La continuidad de esta investigación enviará un mensaje importante en dos direcciones. Hacia la sociedad, porque demuestra que existen mecanismos para perseguir eventuales actos de corrupción dentro de las instituciones. Hacia la propia fuerza policial, porque reafirma que el uniforme no puede transformarse en una cobertura para actividades ilícitas.
La credibilidad de una institución se fortalece cuando es capaz de sancionar a quienes traicionan su misión, pero también cuando protege a la inmensa mayoría de sus integrantes de las acusaciones indiscriminadas.
Por eso, mientras la Justicia avanza y se respetan las garantías del debido proceso, la prudencia aconseja distinguir claramente entre los hechos investigados y la labor cotidiana de miles de policías santafesinos que continúan prestando servicio con profesionalismo y compromiso.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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