Hay fechas que no figuran en los calendarios oficiales pero terminan cambiando la historia. El 13 de junio de 2001 es una de ellas.
Ese día nació el primer sindicato policial de la historia de la provincia de Santa Fe. Fue una decisión audaz, casi temeraria para la época. Hablar de derechos laborales para los policías despertaba sospechas, incomprensión y rechazo. Muchos consideraban incompatible la condición policial con la de trabajador. Otros creían que la disciplina exigía resignar derechos. Y no faltaban quienes sostenían que el silencio era una virtud y la obediencia una forma de destino.
Veinticinco años después, aquella discusión parece lejana.
Hoy prácticamente nadie, ni siquiera los gobiernos, discute que los policías son trabajadores. Se podrá debatir la forma de organización, los alcances de la representación o los mecanismos más adecuados para canalizar los reclamos. Pero la cuestión de fondo está saldada: quienes integran las fuerzas de seguridad tienen salario, jornada laboral, licencias, riesgos profesionales, carrera administrativa, familia y necesidades materiales y espirituales. Son trabajadores.
Y quizás ése sea el mayor logro de este cuarto de siglo.
Porque las organizaciones pueden cambiar de nombre, las leyes modificarse y los dirigentes sucederse unos a otros. Pero cuando una comunidad adquiere conciencia de sí misma, difícilmente vuelva atrás.
En 2001 esa idea era confusa y hasta rechazada por algunos policías. La identidad profesional parecía agotarse en el uniforme, como si vestirlo implicara renunciar a una parte esencial de la ciudadanía. Con el tiempo se comprendió algo mucho más sencillo y profundo: ser policía y ser trabajador no son condiciones opuestas. Son dos dimensiones inseparables de una misma realidad.
Y si los policías son trabajadores, entonces la organización sindical aparece como el ámbito natural e idóneo para la defensa de sus derechos.
Toda relación laboral es asimétrica. El empleador conserva la facultad de organizar el trabajo, conducirlo y aplicar un sistema disciplinario. Esa desigualdad existe en cualquier empresa pública o privada. Pero en instituciones fuertemente jerarquizadas como las policías adquiere una intensidad singular.
La historia policial argentina y santafesina está llena de episodios que hoy resultarían difíciles de explicar al resto de la sociedad: sanciones arbitrarias, persecuciones, discriminaciones, traslados utilizados como castigos encubiertos, silencios impuestos y carreras truncadas por expresar opiniones inconvenientes.
Por eso la organización colectiva nunca debió ser vista como una amenaza a la disciplina. Su verdadera función es equilibrar una relación naturalmente desigual, ofrecer protección frente a posibles abusos y crear canales institucionales de diálogo que permitan resolver conflictos antes de que se transformen en crisis.
Otro de los logros alcanzados en estos años ha sido la conquista gradual de espacios de libertad para ejercer el derecho a la libre expresión.
A comienzos del siglo, opinar públicamente podía costar caro. Las sanciones disciplinarias eran una amenaza concreta y el silencio aparecía como una forma de supervivencia.
Hoy los trabajadores policiales hablan, escriben, participan de redes sociales, conceden entrevistas y debaten asuntos que antes sólo podían comentarse en voz baja.
No significa que las represalias hayan desaparecido por completo. Persisten formas indirectas de presión: traslados intempestivos, pérdida de adicionales, exclusión de determinados destinos o limitaciones en la carrera profesional. Pero la diferencia es sustancial. El miedo ya no alcanza para imponer el silencio.
Y eso también es una conquista.
Quedan pendientes muchas cosas. Todavía existen desigualdades, limitaciones normativas y prácticas que deben ser revisadas. La igualdad plena de derechos continúa siendo un horizonte por alcanzar.
Pero sería injusto desconocer el camino recorrido.
Porque si algo cambió en estos veinticinco años fue la conciencia de la propia familia policial. Una familia que cada vez se moviliza más, que participa del debate público, que reclama, que se organiza y que ha comenzado a asumirse definitivamente como parte del mundo del trabajo.
Ser trabajador implica comprender que los derechos no son concesiones graciosas del poder sino conquistas colectivas. Que la dignidad laboral no depende de la voluntad circunstancial de un gobierno. Y que la solidaridad entre compañeros constituye una herramienta tan importante como cualquier norma escrita.
Hace veinticinco años, un pequeño grupo se atrevió a desafiar prejuicios profundamente arraigados. Muchos los criticaron. Otros los ignoraron. Algunos incluso los persiguieron.
El tiempo, sin embargo, terminó dándoles la razón.
Porque la gran transformación no fue solamente la creación de una organización sindical.
La verdadera revolución fue que miles de hombres y mujeres uniformados comenzaron a reconocerse a sí mismos como trabajadores.
Y cuando eso ocurre, cuando una comunidad descubre quién es y cuáles son sus derechos, la historia ya no puede escribirse de la misma manera.
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«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros La Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) y «Gobernar mediante la sospecha».
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