Diez efectivos fueron imputados por un hecho que, de confirmarse judicialmente, marcaría uno de los episodios más graves de violencia institucional registrados en Santa Fe.
El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza, los mecanismos de control y la necesidad de preservar la legitimidad de la función policial frente a conductas incompatibles con el Estado de Derecho.
Nueve policías de Rosario detenidos acusados de prender fuego a un hombre para armarle una causa
La imputación contra diez policías de Rosario por haber presuntamente rociado con alcohol y prendido fuego a un hombre durante un operativo constituye uno de los episodios más graves de violencia institucional conocidos en los últimos años en Santa Fe. Si los hechos son comprobados judicialmente, no estaremos frente a un exceso ni a un error operativo, sino ante una conducta incompatible con cualquier concepción democrática del ejercicio de la fuerza pública.
Los acusados son David Pedro Zeballos, Omar Lorenzo Cabral, Maximiliano Ortiz, Juan José Feliciano González, Jesús Ángel Balais, Maximiliano Nicolás Cuevas, Germán Alexis Narvaja, Isaías Esteban Basualdo, Estela Ailén Berón y María Eugenia Núñez. Todos fueron llevados a audiencia imputativa en una causa que investiga hechos ocurridos el 27 de mayo de 2024 en barrio Parque Casas. Si las acusaciones son comprobadas judicialmente, no estaremos frente a un exceso ni a un error operativo, sino ante una conducta incompatible con cualquier concepción democrática del ejercicio de la fuerza pública.
Durante mucho tiempo, la versión oficial sostuvo que la víctima se había incendiado accidentalmente mientras intentaba quemar una mochila. Sin embargo, la investigación del fiscal Pablo Socca avanzó en una dirección completamente distinta. Según la acusación, el hombre fue reducido, rociado con alcohol etílico en el rostro y prendido fuego con un encendedor. La víctima sobrevivió, pero sufrió lesiones gravísimas y secuelas permanentes.
La acusación sostiene que la víctima se encontraba reducida y esposada cuando el suboficial David Pedro Zeballos le habría arrojado alcohol etílico sobre la cabeza y el rostro para luego prenderlo fuego con un encendedor. Las quemaduras afectaron la cara, cuello, orejas, manos y tórax. El hombre permaneció internado durante 40 días en terapia intensiva y sufrió secuelas permanentes.
Para la fiscalía, los demás efectivos presentes no sólo omitieron auxiliar a la víctima sino que colaboraron asegurando el perímetro y garantizando que la agresión pudiera concretarse.
No es la Policía, son policías
Existe una diferencia fundamental que una sociedad democrática debe preservar: una cosa son las instituciones y otra muy distinta quienes circunstancialmente las integran.
Cuando un funcionario policial tortura, roba, extorsiona o actúa por fuera de la ley, no representa los valores de la institución sino precisamente su negación. Confundir ambas dimensiones es injusto para los miles de hombres y mujeres que cumplen diariamente su deber con profesionalismo y también es funcional a quienes pretenden justificar cualquier abuso bajo la idea de una supuesta «razón de Estado».
El monopolio de la fuerza que posee el Estado sólo es legítimo mientras se ejerza dentro de la ley. Cuando se convierte en violencia arbitraria pierde su legitimidad y se transforma en aquello mismo que dice combatir.
La importancia de que el sistema reaccione
Hay otro aspecto que merece ser señalado. La investigación fue impulsada por la Justicia y contó con la intervención de la Dirección de Asuntos Internos, que detuvo a los sospechosos y permitió llevarlos a audiencia imputativa.
No es un detalle menor.
Las democracias no se fortalecen porque no existan abusos; se fortalecen cuando poseen mecanismos capaces de detectarlos, investigarlos y sancionarlos.
Durante décadas, muchos episodios de violencia institucional quedaron ocultos bajo la obediencia debida, el corporativismo o el miedo a denunciar. Hoy la existencia de controles internos y externos constituye una garantía para la ciudadanía, pero también para la enorme mayoría de los policías honestos que no quieren compartir uniforme con quienes degradan la profesión.
La autoridad necesita límites
La seguridad pública requiere autoridad. Pero la autoridad no es sinónimo de brutalidad.
El policía debe tener capacidad para usar la fuerza cuando la ley lo autoriza y las circunstancias lo exigen. Sin embargo, esa fuerza siempre debe estar sometida a límites éticos y jurídicos precisos.
Prender fuego a una persona indefensa —si efectivamente eso ocurrió— no es ejercer autoridad. Es abandonar toda noción de derecho.
Y cuando eso sucede, la víctima no es solamente quien sufrió el ataque.
También resultan heridas la confianza pública, la legitimidad institucional y el honor de miles de trabajadores policiales que eligieron una profesión difícil para proteger a la comunidad y no para infundir terror.
Porque una sociedad puede convivir con policías que se equivocan.
Lo que no puede tolerar es policías que se parezcan demasiado a los delincuentes que están llamados a combatir.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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