No todos los libros nacen para confirmar certezas. Algunos nacen para incomodar.
Ese parece ser el caso de Ciudadanía de Segunda Clase. Cómo el Estado degrada a quienes lo sostienen, la nueva obra del investigador Alberto Rubén Martínez, cuya publicación está prevista para julio de 2026.
Lejos de una defensa corporativa de policías y penitenciarios, el libro propone una pregunta mucho más profunda:
¿puede una democracia considerarse plenamente igualitaria cuando mantiene en su interior espacios donde ciertos ciudadanos ejercen sus derechos de manera restringida?
La respuesta que ofrece el autor es provocadora: existe una forma de desigualdad que no se encuentra fuera del Estado, sino dentro de él. Y esa desigualdad tiene nombre: Ciudadanía de Segunda Clase.
Una categoría para explicar lo que parecía disperso
La obra parte de una constatación sencilla. Durante décadas se sucedieron conflictos salariales, sanciones arbitrarias, restricciones a la organización colectiva, carreras condicionadas por la discrecionalidad y crisis periódicas en las fuerzas de seguridad.
Cada episodio fue presentado como un caso aislado.
Pero Martínez sostiene que detrás de esos hechos existe una estructura común: una forma de ejercicio del poder basada en la sospecha permanente, la lealtad vertical asimétrica y la aplicación selectiva de las reglas.
No se trata, afirma, de excepciones ni de desviaciones. Se trata de una lógica de conducción.
La democracia también debe mirarse hacia adentro
Uno de los capítulos más interesantes del libro se titula La democracia que mira hacia afuera.
Allí el autor plantea una cuestión poco frecuente en el debate público: las democracias suelen preocuparse por las elecciones, la división de poderes y las libertades públicas, pero rara vez examinan cómo organizan el poder dentro de sus propias instituciones.
¿Puede exigirse respeto por la ley a quienes son gobernados internamente mediante arbitrariedad?
¿Puede pedirse profesionalismo donde predomina la sospecha?
¿Puede reclamarse confianza pública cuando no existe confianza interna?
Las preguntas no son menores.
Porque, según sostiene el libro, la calidad de una democracia también se mide por la manera en que trata a quienes la sostienen cotidianamente desde el Estado.
El caso Rearte y la libertad sindical
La primera parte de la obra dedica un capítulo completo al caso de Adriana Sandra Rearte, dirigente policial cuya situación fue admitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso Rearte y una pregunta incómoda para el Estado democrático
El caso es utilizado como una ventana para observar un problema mayor: cómo el ejercicio de derechos fundamentales puede ser interpretado como una amenaza institucional cuando se desarrolla dentro de organizaciones excesivamente cerradas.
Para Martínez, la cuestión excede largamente la situación de una persona.
El expediente pone en discusión los límites de la autoridad, la libertad sindical y la existencia de zonas del Estado donde la ciudadanía parece ejercerse bajo condiciones más precarias que en el resto de la sociedad.
Cuando el problema deja de ser individual
La segunda parte del libro abandona la teoría y se concentra en los efectos.
El deterioro de la confianza, la fuga silenciosa de capacidades, la pérdida del mérito, la fatiga moral y la judicialización creciente aparecen como síntomas de instituciones que funcionan, pero que al mismo tiempo se vacían por dentro.
El conflicto, sostiene el autor, no suele ser la causa del problema.
Muchas veces es la consecuencia de haber ignorado durante demasiado tiempo demandas legítimas y mecanismos adecuados de representación.
Transformar sin desarmar
La tercera parte de la obra está dedicada a la construcción de alternativas.
Y aquí aparece uno de los conceptos más interesantes del libro: transformar no es desarmar.
Martínez rechaza la falsa opción entre autoridad y democracia.
Propone una conducción comunitaria de la seguridad pública, donde la disciplina no implique arbitrariedad, la jerarquía no anule derechos y la comunidad organizada deje de ser vista como una amenaza para convertirse en una fuente de legitimidad institucional.
No es una propuesta ingenua.
El autor reconoce que las organizaciones de seguridad requieren mando, disciplina y capacidad operativa.
Pero sostiene que ninguna institución puede fortalecerse duraderamente si se construye sobre la sospecha permanente y la desigualdad interna.
Un debate que recién comienza
Ciudadanía de Segunda Clase no es un libro cómodo.
Tampoco pretende ser neutral.
Se inscribe en una larga discusión sobre democracia, autoridad y comunidad organizada.
Pero su mayor mérito quizá sea otro: ponerle nombre a una realidad que durante años permaneció dispersa, naturalizada y, muchas veces, silenciada.
Porque si la desigualdad puede producirse dentro del propio Estado, entonces la pregunta ya no es solamente cómo gobernar la sociedad.
La pregunta es también cómo gobierna el Estado a quienes lo sostienen.
Y esa discusión, guste o no, recién está comenzando.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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