Tras el asesinato del suboficial Eduardo Damián López, la Provincia dispuso una de las sanciones más severas aplicadas al fútbol del interior.
La decisión alcanza al Club Atlético Carcarañá, pero las propias declaraciones oficiales también reabren una discusión sobre la planificación de los operativos, la prevención y las condiciones en que trabaja el personal policial.
El asesinato del suboficial Eduardo Damián López, ocurrido durante los graves incidentes registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol en Carcarañá, continúa generando consecuencias institucionales.
El Gobierno de Santa Fe anunció una batería de medidas administrativas de fuerte impacto contra el Club Atlético Carcarañá (Cremería), al tiempo que reclamó una respuesta ejemplificadora de la Liga Cañadense y sostuvo que el caso debe marcar «un antes y un después» en la seguridad de los espectáculos deportivos.
La decisión fue comunicada por el coordinador provincial de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, quien confirmó que el club deberá disputar todos sus partidos como local a puertas cerradas hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que cuando juegue como visitante no podrá concurrir su parcialidad. Además, reveló que el Ministerio solicitó a la Liga Cañadense evaluar la desafiliación de la institución, si ello resulta compatible con su normativa interna.
Una respuesta excepcional
La magnitud de las sanciones constituye uno de los antecedentes más severos registrados en las ligas del interior santafesino.
La medida traslada parte de la responsabilidad institucional al club organizador, diferenciando este episodio de otros hechos de violencia deportiva.
Durante la conferencia de prensa, Velázquez sostuvo:
«No estamos hablando de un hecho de vandalismo común; estamos hablando del asesinato de un policía dentro de las instalaciones de un club.»
El funcionario agregó una definición que probablemente sea la de mayor trascendencia institucional.
«Todos tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad que nos toca: la dirigencia de los clubes, las municipalidades, las comunas, la Policía, el Ministerio y la Dirección de Eventos Masivos.»
Una afirmación que obliga a mirar el sistema completo
Si la responsabilidad es compartida, como sostuvo el propio funcionario, el análisis no puede detenerse exclusivamente en la conducta criminal de los agresores ni en las sanciones impuestas al club.
También corresponde examinar el funcionamiento del sistema de seguridad que debía prevenir precisamente este tipo de desenlaces.
En ese marco surgen interrogantes inevitables:
- ¿Cómo fue evaluado el nivel de riesgo del encuentro?
- ¿El dispositivo policial fue acorde a la conflictividad esperable?
- ¿Los recursos humanos y materiales asignados eran suficientes?
- ¿Los protocolos de actuación contemplaban escenarios de violencia masiva?
- ¿Se adoptaron todas las medidas preventivas razonablemente exigibles?
Estas preguntas no disminuyen en absoluto la responsabilidad penal de quienes atacaron al suboficial López. Esa responsabilidad deberá ser establecida por la Justicia y recaerá exclusivamente sobre quienes participaron del homicidio.
Pero la prevención constituye otra responsabilidad, propia del Estado.
Dos responsabilidades diferentes
Existe una diferencia fundamental entre la responsabilidad penal y la responsabilidad institucional.
La primera corresponde a la Justicia y alcanza a quienes cometieron el delito.
La segunda pertenece al Estado y consiste en organizar los recursos necesarios para reducir al mínimo los riesgos previsibles.
La investigación judicial determinará quiénes mataron al suboficial López.
La evaluación institucional deberá responder otra pregunta igualmente importante:
¿Era posible evitar que ese policía quedara expuesto a una agresión de semejante magnitud?
Más allá de las sanciones
Las medidas anunciadas por la Provincia buscan enviar un mensaje contundente frente a un hecho de extrema gravedad.
Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora.
Si el principio de «responsabilidad compartida» anunciado por el propio Gobierno se aplica con coherencia, la revisión no debería limitarse a los clubes o a las ligas deportivas.
También debería alcanzar la planificación de los operativos, los criterios de evaluación del riesgo, la asignación de recursos, la capacitación, la coordinación interinstitucional y, especialmente, las condiciones de trabajo bajo las cuales miles de policías prestan servicio cada fin de semana en espectáculos deportivos.
Porque el éxito de una política pública de seguridad no puede medirse únicamente por la rapidez con que identifica y detiene a los responsables después de una tragedia.
También debe medirse por su capacidad para evitar que quienes tienen la misión de proteger a la sociedad deban perder la vida cumpliendo su deber.
Reflexión final
La muerte del suboficial Eduardo Damián López exige una respuesta firme de la Justicia contra quienes lo asesinaron. Pero también exige algo más difícil: una autocrítica institucional.
Las sanciones al club pueden constituir un precedente. Las condenas a los responsables serán una exigencia del Estado de Derecho. Sin embargo, ninguna de esas decisiones devolverá la vida del policía caído.
La verdadera enseñanza de Carcarañá será aquella que permita que ningún otro efectivo vuelva a enfrentar un operativo con riesgos previsibles sin contar con las condiciones necesarias para regresar con vida a su hogar.
Porque la primera obligación de un Estado que exige a sus policías arriesgar la vida no es prometer justicia cuando mueren.
Es hacer todo lo posible para que no tengan que morir.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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