A varios días de los incidentes que dejaron policías lesionados, fuentes vinculadas al operativo aseguran que no hubo citaciones ni avances visibles. ¿SE DURMIÓ EL FISCAL?
Las actuaciones fueron caratuladas provisoriamente como atentado, daño y lesiones en el marco de la legislación sobre espectáculos deportivos. Entre los señalados aparece el presidente comunal de María Susana, Omar Arce, quien durante los hechos habría invocado su cercanía con el gobernador Maximiliano Pullaro y el senador Esteban Motta. Interviene la Unidad fiscal NRO. 150, fiscalía regional NRO. 1 de Santa Fe, con asiento en la ciudad de San Jorge, a cargo de la Dra. Valeria Roxana Nittoli.
Mientras la Justicia avanzó rápidamente en la investigación por el ataque fatal contra el policía Eduardo Damián López en Carcarañá, otro grave episodio de violencia ocurrido durante el mismo fin de semana permanece, según denuncian fuentes policiales, bajo una preocupante falta de respuestas.
Se trata de los disturbios registrados durante el encuentro entre San Martín de Carlos Pellegrini y Susanense, por los cuartos de final de la Liga Departamental San Martín.
El partido fue suspendido a los 81 minutos por falta de garantías, luego de la rotura de tejidos perimetrales, reiteradas interrupciones y enfrentamientos protagonizados por integrantes de la parcialidad visitante.
Varios policías resultaron lesionados y se produjeron daños en las instalaciones.
Sin embargo, hasta este jueves 2 de julio, quienes participaron del operativo aseguran que no fueron informados de avances judiciales concretos.
“Hasta el momento, nada. Para los superiores sigue todo igual, no les importa nada”, expresó a APROPOL Noticias una fuente directamente vinculada con el caso.
Una actuación con número y calificación legal
De acuerdo con la información recibida por este medio, las actuaciones policiales fueron registradas bajo el parte número 103/26.
La calificación legal provisoria informada sería:
- atentado;
- daño;
- lesiones;
- y aplicación de la normativa vinculada con la violencia en espectáculos deportivos.
La documentación, los testimonios y demás elementos recolectados habrían sido remitidos a la Fiscalía correspondiente.
No obstante, la misma fuente advirtió que, hasta el momento de esta publicación, no existirían citaciones conocidas:
“En la Fiscalía está todo. Salvo que la semana que viene empiecen a citar gente. Pero ya te digo: se toman todo muy light”.
APROPOL Noticias no pudo acceder todavía al expediente fiscal para verificar si existen medidas ordenadas bajo reserva. Por eso, la ausencia de noticias públicas no permite afirmar que la investigación esté formalmente paralizada. Pero el silencio institucional y la falta de información hacia los policías afectados alimentan una sospecha legítima: ¿se está investigando con la misma energía a todos los involucrados?
El presidente comunal señalado
Entre las personas mencionadas en las actuaciones aparece el presidente comunal de María Susana, Omar José Arce, cuya condición de máxima autoridad local se encuentra confirmada en el sitio oficial de la comuna. EL MANDATARIO NO SALIO AL CRUCE CON NINGUYN COMUNICADO HASTA EL MOMENTO.
Según testimonios aportados por integrantes del operativo, Arce habría estado presente durante los incidentes y habría proferido insultos y amenazas contra el personal policial.
Las fuentes también sostienen que, en medio del conflicto, el dirigente se habría presentado como “amigo de Pullaro y del senador Motta”, aparentemente buscando hacer valer sus vínculos políticos frente a los efectivos.
Se trata de una afirmación grave que deberá ser verificada mediante testimonios, registros audiovisuales y demás elementos incorporados a la investigación.
Arce conserva, como cualquier ciudadano, su estado de inocencia y el derecho a ejercer su defensa. Pero su condición de funcionario público no puede funcionar como un escudo frente a una investigación. Por el contrario, impone un deber mayor de prudencia y responsabilidad.
Si un presidente comunal participó de agresiones, amenazas o instigaciones contra policías que cumplían un servicio, la Justicia debe determinarlo sin privilegios ni demoras.
Y si las acusaciones fueran falsas, también corresponde esclarecerlo cuanto antes.
El silencio no protege la verdad. Solo alimenta sospechas.
La sanción deportiva llegó antes que las respuestas judiciales
El Tribunal de Penas de la Liga Departamental San Martín resolvió dar por finalizado el encuentro suspendido y otorgar el resultado a San Martín de Carlos Pellegrini, que ganaba por 1 a 0 al momento de los incidentes.
La resolución permitió la clasificación del conjunto local a las semifinales, donde enfrentará a Trebolense. La decisión deportiva fue difundida por medios regionales y canales vinculados con la competencia.
Pero la sanción deportiva parece haberse limitado, hasta ahora, al resultado del partido.
No se informó públicamente sobre sanciones personales, restricciones de concurrencia, suspensión de dirigentes ni medidas institucionales específicas vinculadas con las agresiones contra el personal policial.
La fuente consultada fue terminante:
“Lo único que hizo la Liga fue dar por terminado el partido”.
Esto plantea una diferencia evidente: la competencia resolvió rápidamente cómo continuaría el torneo, pero todavía no existen explicaciones públicas suficientes sobre la violencia que obligó a suspender el encuentro y dejó policías lesionados.
El campeonato sigue.
Los policías heridos esperan.
Un partido suspendido por falta de garantías
El árbitro Jorge Martínez decidió suspender el encuentro por considerar que ya no existían condiciones de seguridad para continuar.
La jornada había sufrido reiteradas interrupciones. Según lo informado por autoridades policiales y medios de la región, integrantes de la parcialidad visitante rompieron al menos dos sectores del tejido perimetral y el clima se agravó después de un penal sancionado para San Martín y la expulsión de un jugador de Susanense.
La decisión arbitral probablemente evitó un desenlace todavía más grave.
Carlos Pellegrini ocurrió casi en simultáneo con los incidentes de Carcarañá, donde el oficial Eduardo Damián López fue atacado y posteriormente murió.
La diferencia de desenlace no puede llevar a minimizar lo sucedido.
No hace falta esperar otro policía muerto para que las instituciones reaccionen.
¿Existen dirigentes con protección política?
La pregunta surge inevitablemente por la propia naturaleza de las denuncias.
Si efectivamente uno de los involucrados invocó su amistad con el gobernador Maximiliano Pullaro y con el senador Esteban Motta, esa afirmación debe ser investigada.
No porque una relación política demuestre impunidad por sí misma.
Pero sí porque la invocación de vínculos con autoridades superiores, durante un enfrentamiento con personal policial, puede constituir una forma de presión o amedrentamiento institucional.
La Justicia deberá establecer:
- qué participación tuvo cada persona;
- quiénes agredieron a los policías;
- quiénes dañaron las instalaciones;
- si existió instigación;
- si fueron proferidas amenazas;
- y si algún funcionario intentó utilizar sus relaciones políticas para condicionar el procedimiento.
El gobernador y el senador mencionados también deberían estar interesados en que el episodio se esclarezca. Si alguien utilizó s
us nombres para intimidar policías o conseguir un trato privilegiado, corresponde que lo desmientan y exijan una investigación transparente.
La amistad política —real, exagerada o inventada— no puede convertirse en patente de corso.
Dos velocidades frente a la violencia deportiva
El gobierno provincial anunció durísimas medidas contra el Club Atlético Carcarañá después del asesinato de López. La gravedad del hecho justificaba una respuesta contundente.
Pero la autoridad estatal pierde coherencia si la firmeza depende del resultado final, del impacto mediático o del peso político de las personas señaladas.
En Carlos Pellegrini también hubo violencia.
También hubo policías lesionados.
También hubo daños.
También se suspendió un partido por falta de garantías.
Y también existen denuncias contra un funcionario político.
Sin embargo, el caso tuvo escasa repercusión pública y, según los efectivos afectados, una respuesta judicial demasiado tenue.
La ley no puede ser implacable para el hincha anónimo y contemplativa frente al dirigente con contactos.
Ahí vuelve a aparecer la lógica del Foco y la Vara:
el foco se coloca sobre algunos hechos y se aparta de otros;
la vara cae con toda su fuerza sobre quienes carecen de poder, pero parece suavizarse cuando aparecen relaciones políticas, cargos o influencias.
El policía vuelve a quedar solo
Los efectivos cumplieron un servicio adicional destinado a garantizar la seguridad de un espectáculo deportivo.
Fueron agredidos.
Resultaron lesionados.
Confeccionaron las actuaciones.
Identificaron a los presuntos involucrados.
Remitieron la documentación a la Fiscalía.
Y ahora esperan.
Esa espera no es neutra.
El trabajador policial tiene derecho a saber si el Estado investigará las agresiones sufridas con la misma seriedad con que exige que arriesgue su integridad en cada operativo.
No puede reclamarse firmeza policial en las canchas y luego responder con indiferencia cuando los uniformados son atacados.
El Principio de Reciprocidad Institucional obliga a algo elemental: si el Estado exige que el policía proteja a terceros, debe protegerlo cuando se convierte en víctima.
De lo contrario, el mensaje que se transmite al personal es devastador:
Intervenga, soporte la agresión, confeccione las actuaciones y después espere que el caso no incomode a nadie importante.
La Liga también debe responder
La Liga Departamental San Martín no puede considerar agotado el problema con la adjudicación del resultado deportivo.
Debe informar públicamente:
- qué medidas disciplinarias adoptó contra Susanense;
- si fueron identificados los autores de los disturbios;
- si existen sanciones contra dirigentes;
- si se impondrán prohibiciones de ingreso;
- qué medidas de seguridad exigirá en los próximos encuentros;
- y qué colaboración prestó a la investigación judicial.
El fútbol regional no puede pedir policías para garantizar sus espectáculos y luego reducir las agresiones contra ellos a una incidencia del partido.
La seguridad no es una formalidad administrativa ni una casilla que se completa antes de comenzar el encuentro.
Los policías que prestan servicio no son parte del mobiliario del estadio.
Que no haga falta otra muerte
La tragedia de Carcarañá demostró hasta dónde puede escalar la violencia en el fútbol regional.
Carlos Pellegrini fue otra advertencia ocurrida durante el mismo fin de semana.
En un caso murió un policía.
En el otro hubo lesionados y la suspensión evitó que el conflicto continuara.
La diferencia no debe convertirse en excusa para el olvido.
La Justicia debe investigar sin contemplaciones, cualquiera sea el cargo, la amistad o la pertenencia política de las personas denunciadas.
La Liga debe asumir sus responsabilidades.
Los superiores policiales deben acompañar al personal afectado.
Y el poder político debe dejar en claro que nadie puede utilizar nombres, vínculos o cargos para intimidar a quienes cumplen una función pública.
APROPOL Noticias continuará siguiendo el caso.
Porque la pasividad también comunica.
Y si la Justicia actúa con dureza frente a unos y con ligereza frente a otros, la pregunta deja de ser solamente qué ocurrió dentro de una cancha.
La pregunta pasa a ser quiénes están realmente sometidos a la ley y quiénes creen tener amigos suficientes para quedar por encima de ella.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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