La muerte del funcionario policial Daniel Martínez se conoció pocos días después del fallecimiento de una joven oficial.
La reiteración de casos reaviva los reclamos por las condiciones laborales, la falta de contención y la ausencia de una política pública transparente para cuidar al personal. Mientras tanto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, no brinda explicaciones.
La Policía de Entre Ríos atraviesa otra semana de dolor. El funcionario policial Daniel Martínez ayer fue encontrado sin vida en su domicilio de la ciudad de Paraná, luego de no presentarse a cumplir el servicio que tenía asignado.
Martínez prestaba funciones en la División Minoridad. Según la información conocida inicialmente, sus compañeros intentaron comunicarse con él y, ante la falta de respuesta, se dirigieron hasta su vivienda, donde realizaron el trágico hallazgo.
Las actuaciones judiciales deberán establecer con precisión las circunstancias de la muerte. La información preliminar indica que se trató de un nuevo suicidio policial, aunque las autoridades recurren a expresiones como “muerte por autodeterminación” o “decisión autoinfligida”, eufemismos que terminan ocultando la gravedad de una sucesión de casos que exige respuestas públicas. Hasta el momento, ni la Policía de Entre Ríos ni la Justicia difundieron un informe detallado sobre lo ocurrido.
El episodio se produjo pocos días después de la muerte de una joven integrante de la fuerza en Concepción del Uruguay. Se trata, por lo tanto, del segundo caso conocido durante la misma semana, dentro de una secuencia que ya no puede ser tratada únicamente mediante comunicados de condolencias.
Una sucesión que enciende todas las alarmas
Los casos registrados durante los últimos meses configuran una situación institucional de extrema gravedad. No permiten afirmar que todas las muertes hayan tenido una misma causa ni que puedan ser atribuidas automáticamente a las condiciones de trabajo. Pero su reiteración obliga al Estado a investigar, producir información y revisar sus políticas de prevención.
Entre los antecedentes mencionados por integrantes de la propia fuerza aparecen:
- María Luciana Núñez, cabo de 30 años y madre, cuyo fallecimiento fue informado el 10 de enero de 2026 por la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay.
- Natalia Ruiz Moreno, segunda jefa de Minoridad de la Policía de Nogoyá, fallecida el 18 de febrero en su lugar de trabajo. Era reconocida por su intervención en causas de violencia de género y maltrato infantil.
- Natanael Vera, suboficial de la fuerza provincial, cuya muerte fue investigada en Diamante en marzo.
- Daniela Lezcano, agente fallecida durante abril en la ciudad de Chajarí.
- Nicolás Alejandro Gervasoni, oficial ayudante de 26 años, perteneciente a la División Guardia de Infantería Adiestrada, encontrado sin vida en junio luego de ser buscado en la zona de Crespo.
- Víctor Ernesto Taborda, agente de 28 años que prestaba servicio en la Comisaría Tercera, hallado sin vida dentro de su automóvil sobre la Ruta Provincial 39 el 4 de julio.
- Agustín Monzón, de 29 años, integrante del puesto caminero El Túnel, encontrado sin vida dentro de su vehículo particular el 6 de julio, cerca de Alcaraz.
- Una joven oficial de nombre Maricel, recientemente fallecida en Concepción del Uruguay.
- Daniel Martínez, integrante de la División Minoridad, hallado sin vida en Paraná.
A estos hechos se suman antecedentes de 2025, como el fallecimiento de Eloísa Holotte, de 35 años, ocurrido el 5 de agosto en Paraná, luego de sufrir una herida con su arma reglamentaria frente al edificio del 911, y el caso de otra agente recientemente egresada durante aquel año.
La nómina debe ser confirmada y completada oficialmente. Ese es precisamente uno de los problemas centrales: no existe información pública sistematizada que permita conocer la verdadera dimensión del fenómeno.
“Nunca vi algo así”
El testimonio de un funcionario policial de Chajarí resume el clima interno:
“Todos tan jóvenes. Tengo 45 años y 24 de servicio, y nunca vi algo así”.
La frase no constituye una estadística, pero expresa una percepción extendida dentro de la institución: cansancio, preocupación, incertidumbre y la sensación de que las respuestas oficiales llegan tarde, son insuficientes o directamente no llegan.
Los policías trabajan bajo presión permanente. Enfrentan violencia, conflictos familiares, hechos traumáticos, turnos prolongados, recargos, problemas económicos y una disciplina institucional que muchas veces dificulta pedir ayuda sin temor a ser estigmatizados, apartados o perjudicados profesionalmente.
Por eso, la atención de la salud mental policial no puede depender solamente de la existencia formal de un gabinete psicológico o de un protocolo archivado en alguna oficina. Debe garantizar asistencia profesional suficiente, confidencialidad, seguimiento, detección temprana y condiciones laborales compatibles con la dignidad humana.
Un ministro que no aparece
Las críticas apuntan especialmente al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, máxima autoridad política del área, y al jefe de la Policía provincial, Claudio González.
Responsabilidad política no significa responsabilizarlos personalmente por cada muerte. Nadie puede afirmar seriamente que un suicidio responde a una sola causa o que es consecuencia directa de una decisión administrativa determinada.
Pero conducir una fuerza significa algo más que inaugurar móviles, presentar operativos, entregar uniformes o encabezar actos cuando las noticias son favorables.
También significa aparecer cuando hay una crisis, informar qué medidas existen, explicar qué recursos se destinan y rendir cuentas sobre los resultados.
En este caso, las preguntas siguen sin respuesta:
¿Cuántos policías solicitaron asistencia psicológica durante los últimos dos años? ¿Cuántos pudieron acceder efectivamente a ella? ¿Cuántos profesionales integran los equipos de salud mental? ¿Existen guardias permanentes y atención confidencial? ¿Se realizan evaluaciones periódicas? ¿Qué sucede con quienes atraviesan problemas económicos, familiares o disciplinarios? ¿Cuántos casos de suicidio y tentativas fueron registrados oficialmente?
Nada de esto fue explicado públicamente.
La seguridad no se gobierna desde una fotografía
El gobierno de Rogelio Frigerio ha otorgado una importancia evidente a la comunicación institucional. Actos, anuncios, recorridas, entrega de equipamiento y fotografías oficiales forman parte habitual de la exposición pública de sus funcionarios.
La comunicación es necesaria. El problema aparece cuando la imagen reemplaza a la conducción.
Hay funcionarios que ocupan el centro de la escena cuando se presentan patrulleros o se anuncian operativos, pero desaparecen cuando una tragedia exige explicaciones. Gobernar no consiste únicamente en administrar las buenas noticias. Consiste, sobre todo, en hacerse cargo de las crisis.
Como señaló el dirigente Alejandro Vertz, “la seguridad no se gobierna desde una fotografía”.
La frase sintetiza una crítica que crece dentro y fuera de la Policía de Entre Ríos. Mucha exposición cuando hay anuncios; pocas respuestas cuando aparecen las preguntas difíciles.
No alcanza con las condolencias
Cada muerte provoca mensajes institucionales de pesar. Son necesarios y corresponden como expresión de respeto hacia las familias y los compañeros.
Pero las condolencias no reemplazan una política pública.
La prevención del suicidio policial exige equipos interdisciplinarios suficientes, atención confidencial por fuera de la cadena de mando, seguimiento profesional, capacitación de superiores, protocolos ante señales de riesgo, control de jornadas laborales y un registro público que permita evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.
También requiere revisar una cultura institucional que suele exigir fortaleza permanente, desalentar la expresión del sufrimiento y considerar la solicitud de ayuda como una señal de debilidad.
Un policía no deja de ser trabajador por portar uniforme. Tampoco deja de ser una persona sometida a presiones, angustias, pérdidas y dificultades familiares o económicas.
¿Deben renunciar Roncaglia y González?
La pregunta ya circula entre integrantes de la fuerza y sectores políticos de Entre Ríos.
La renuncia de un funcionario no debe reclamarse como reacción automática frente a una tragedia individual. Pero la acumulación de casos, la ausencia de estadísticas, la falta de explicaciones y la inexistencia de un plan público verificable convierten el problema en una cuestión de responsabilidad política.
Roncaglia y González deben presentarse ante la sociedad, informar qué está ocurriendo y explicar qué medidas concretas están tomando.
Si existe una política integral, deben mostrarla, publicar sus recursos y exponer sus resultados. Si no existe, deben reconocerlo y construirla inmediatamente. Si los dispositivos actuales han fracasado, deben modificarlos.
Lo que ya no resulta aceptable es el silencio.
La prudencia obliga a esperar las conclusiones judiciales sobre cada fallecimiento. Pero la prudencia no puede utilizarse como excusa para evitar el debate institucional.
Detrás de cada uniforme hay una persona. Detrás de cada persona, una familia. Y detrás de cada tragedia hay una obligación estatal de preguntarse qué pudo hacerse, qué no se hizo y qué debe cambiarse para que la próxima muerte no vuelva a encontrar a la conducción mirando para otro lado.
A los familiares, amigos y compañeros de Daniel Martínez, nuestro respeto y nuestras condolencias.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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