La iniciativa propone crear una Mesa de Diálogo permanente para discutir salarios, condiciones de trabajo, carrera, salud y situación del personal retirado. Mantiene la conducción operativa en manos del Estado y prohíbe las huelgas y medidas que afecten el servicio.
Ingresó a la Cámara de Diputados de Río Negro un proyecto de ley que propone regular la representación profesional y la negociación colectiva del personal de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.
La iniciativa alcanza a los agentes en actividad y al personal retirado, cualquiera sea su escalafón o agrupamiento, y busca establecer un mecanismo institucional para canalizar reclamos salariales, laborales y profesionales.
El proyecto no propone trasladar a las fuerzas de seguridad el régimen sindical común ni habilitar huelgas policiales. Plantea un sistema especial de representación profesional, con limitaciones relacionadas con la disciplina, la jerarquía y el carácter esencial del servicio de seguridad.
La idea central es crear un ámbito estable donde el Gobierno provincial y las organizaciones representativas del personal puedan tratar los conflictos antes de que se expresen por canales informales o deriven en situaciones de mayor tensión.
Una Mesa de Diálogo permanente
El proyecto crea la Mesa de Diálogo del Personal de Seguridad de la Provincia de Río Negro, que funcionaría dentro de la estructura estatal y debería reunirse al menos una vez cada tres meses, además de hacerlo cuando lo solicite alguna de las partes.
Por el Estado participarían representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Jefatura de Policía, el Servicio Penitenciario y el Ministerio de Economía.
Por el personal podrían intervenir hasta tres entidades con inscripción definitiva y mayor representatividad.
La propuesta establece que los acuerdos deberán alcanzarse por consenso y posteriormente ser homologados por el Poder Ejecutivo.
La intención es que la negociación deje de depender exclusivamente de conversaciones informales con las jefaturas, presentaciones individuales o reclamos surgidos cuando el conflicto ya se encuentra avanzado.
Qué cuestiones podrían negociarse
La Mesa tendría competencia para tratar una cantidad amplia de asuntos vinculados con la situación laboral del personal.
Entre ellos se encuentran:
- escalas salariales, adicionales, suplementos, viáticos y compensaciones;
- jornadas de trabajo, regímenes de servicio, francos y licencias;
- traslados, ascensos y sistemas de calificación;
- aspectos generales del régimen disciplinario;
- seguridad e higiene laboral;
- provisión de uniformes, armamento, chalecos y demás equipamiento;
- condiciones edilicias de comisarías, unidades penitenciarias y otras dependencias;
- formación, capacitación y carrera profesional;
- cobertura médica, seguros y riesgos del trabajo;
- políticas de salud mental y prevención de adicciones;
- haberes, movilidad y obra social del personal retirado.
En materia salarial, el Poder Ejecutivo conservaría la facultad de fijar la pauta general de la provincia. La Mesa podría discutir la aplicación de esa pauta y los adicionales específicos correspondientes al sector policial y penitenciario.
Las cuestiones operativas quedan excluidas
El proyecto diferencia los reclamos laborales de las decisiones relacionadas con la conducción de la seguridad pública.
No podrían negociarse las órdenes operativas, la distribución inmediata de los servicios, la conducción de procedimientos, la designación de las máximas autoridades ni las decisiones adoptadas frente a emergencias o alteraciones del orden público.
La organización, dirección y control operativo continuarían siendo facultades del Poder Ejecutivo, de la Jefatura de Policía y de la conducción penitenciaria.
La representación profesional, por lo tanto, tendría competencia sobre las condiciones en que trabaja el personal, pero no sobre la dirección concreta de los operativos.
Prohibición de huelgas y medidas de fuerza
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la prohibición de huelgas, paros, quites de colaboración, trabajo a reglamento y cualquier otra medida que pueda afectar total o parcialmente el servicio de seguridad.
Las dependencias policiales y penitenciarias deberían continuar funcionando durante las veinticuatro horas, todos los días del año.
Ante la falta de acuerdo en la Mesa, el proyecto establece mecanismos de conciliación y arbitraje para intentar resolver las diferencias sin interrumpir la prestación del servicio.
En la versión corregida promovida por la FASIPP se propone que, fracasada la conciliación, intervenga un tribunal arbitral compuesto por un representante estatal, uno de las organizaciones del personal y un tercero independiente.
Entidades de representación profesional
La iniciativa reconoce el derecho del personal a constituir entidades representativas sin autorización previa.
Estas organizaciones deberían inscribirse en un registro especial y contar con estatutos, autoridades elegidas periódicamente, mecanismos de rendición de cuentas y un objeto relacionado con las condiciones laborales y profesionales del sector.
La versión original ubicaba el registro dentro del Ministerio de Seguridad y Justicia. El texto también contempla la participación de las organizaciones más representativas en la Mesa, aunque será necesario precisar el procedimiento para determinar cuántos afiliados posee cada entidad y cómo se resolverán las controversias sobre esa representación.
Protección para los delegados
La versión revisada incorpora una protección específica para los delegados y autoridades de las entidades reconocidas.
La propuesta establece que no podrán ser sancionados, trasladados ni perjudicados en su carrera como consecuencia del ejercicio regular de la representación.
Esa protección no los eximiría de cumplir el servicio, respetar las órdenes legítimas ni responder por faltas disciplinarias ajenas a su actividad representativa.
El objetivo es impedir que los traslados, las calificaciones o los sumarios administrativos sean utilizados como herramientas para desalentar la organización del personal.
Una Comisión de Garantías
El proyecto también contempla la creación de una Comisión Provincial de Garantías del Servicio de Seguridad.
Este organismo tendría funciones de asesoramiento, mediación, control de la continuidad del servicio y elaboración de informes sobre el funcionamiento del sistema.
La propuesta corregida plantea una integración plural con representantes del Poder Ejecutivo, las entidades del personal, las universidades públicas y la Legislatura provincial.
La Comisión también podría intervenir en la confección de una nómina de árbitros para resolver controversias cuando fracasen las instancias de negociación y conciliación.
La situación del personal retirado
La iniciativa incluye expresamente a los policías y penitenciarios retirados.
La Mesa podría tratar cuestiones vinculadas con los haberes de retiro, la movilidad previsional, la obra social y otros beneficios específicos.
La inclusión busca evitar que la representación quede limitada al personal activo, aunque el proyecto deberá definir cómo participarán los retirados y si contarán con una representación diferenciada dentro de las entidades y de la Mesa.
Un proyecto que deberá ser trabajado
El texto ingresado abre formalmente la discusión sobre un asunto que durante años quedó sin regulación: cómo puede organizarse y negociar el personal policial y penitenciario sin afectar la cadena de mando ni la continuidad del servicio.
La iniciativa presenta una estructura general, pero varios aspectos deberán ser precisados durante el tratamiento legislativo.
Entre ellos aparecen el funcionamiento del registro, la medición de la representatividad, la protección de los delegados, la composición de los organismos, el procedimiento de arbitraje, la homologación de los acuerdos y la diferenciación entre el personal activo y retirado.
La propuesta busca que los reclamos no dependan únicamente de decisiones unilaterales, gestiones personales o conflictos que se vuelven visibles cuando ya alcanzaron un punto crítico.
En términos generales, se intenta establecer una regla: el personal podría organizarse, peticionar y negociar sus condiciones profesionales, mientras el Estado conservaría la conducción operativa y la obligación de garantizar que el servicio de seguridad no sea interrumpido.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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