Un suboficial de la Policía de Santa Fe sufrió un accidente mientras cumplía funciones, quedó con una incapacidad reconocida y, después de años de trámites, juntas médicas y reclamos, fue pasado a disponibilidad y sometido a sumario. Su caso expone el calvario que pueden atravesar los policías heridos en servicio.
Un suboficial que prestaba servicios en la Sección Motorizada de la Policía de Santa Fe sufrió un accidente laboral que le provocó lesiones permanentes y una disminución constatada de su capacidad física.
Lejos de recibir una respuesta rápida, clara y protectora por parte del Estado, comenzó para él un extenso recorrido por consultorios, juntas médicas, organismos previsionales, expedientes administrativos y reclamos judiciales.
Hoy claramente con un sumario administrativo buscan su destitución por una ineficacia propia de la administración cuyo nexo causal es la discapacidad grave constatada oficialmente.
Su identidad será preservada porque lo importante no es exponer al trabajador, sino advertir sobre un mecanismo que puede afectar a cualquier policía que resulte lesionado mientras cumple con su deber.
Un accidente que cambió su vida
La función en la Sección Motorizada exige una alta exposición física y riesgo de vida. El personal trabaja sobre motocicletas, circula en condiciones de riesgo, participa en operativos y debe responder rápidamente ante emergencias.
En ese contexto se produjo el accidente que dejó al suboficial con una secuela postraumática en una de sus rodillas.
La propia documentación administrativa menciona una incapacidad laboral inicialmente estimada en un 70 por ciento, además de tratamientos médicos, psicológicos y psiquiátricos derivados del deterioro de su estado de salud. Posteriormente, otra evaluación redujo ese porcentaje al 37 por ciento, generando una prolongada controversia sobre su situación laboral y previsional.
Desde entonces, el trabajador quedó atrapado en un laberinto institucional: derivaciones a la Caja de Jubilaciones, recursos administrativos, pedidos de reintegro, presentaciones judiciales y años sin una definición definitiva.
De policía accidentado a investigado
El punto más grave llegó cuando, después de años de trámites, la Jefatura de la Unidad Regional I resolvió instruirle un sumario administrativo y pasarlo a situación de disponibilidad.
La resolución hizo referencia a una posible comisión de faltas graves y a supuestas omisiones relacionadas con la comunicación de actuaciones administrativas. Sin embargo, no describió con suficiente precisión cuál habría sido la conducta concreta del agente, qué resolución tenía obligación de comunicar, en qué fecha debía hacerlo ni qué norma habría incumplido personalmente.
La consecuencia fue inmediata: el trabajador lesionado quedó apartado de su situación regular, privado del arma y de la credencial policial, con posibles efectos sobre sus ingresos.
Así, quien había sufrido un accidente sirviendo en una dependencia operativa terminó convertido en objeto de sospecha.
Cuando la burocracia se convierte en hostigamiento
El acoso laboral no siempre se manifiesta mediante amenazas, insultos o gritos.
También puede asumir formas administrativas:
- expedientes que se prolongan durante años;
- respuestas que nunca llegan;
- evaluaciones médicas contradictorias;
- cambios de situación de revista;
- descuentos salariales;
- imputaciones genéricas;
- y exigencias permanentes para demostrar una lesión que ya fue reconocida.
Cuando esos mecanismos recaen sistemáticamente sobre un trabajador enfermo o discapacitado, la burocracia deja de ser una simple ineficiencia y puede transformarse en una herramienta de desgaste y persecución.
El suboficial presentó un reclamo en el que pidió la suspensión de la disponibilidad, el reintegro a una situación compatible con su estado de salud, la realización de una nueva Junta Médica y la recomposición de los haberes afectados. También denunció falta de motivación, violación del derecho de defensa y ausencia de una imputación clara.
El desorden administrativo no puede cargarse sobre el trabajador
En este caso intervinieron durante años distintos organismos: la Policía, la Caja de Jubilaciones, juntas médicas, asesorías jurídicas, ministerios y tribunales.
Si una resolución no fue comunicada correctamente, primero debe determinarse qué organismo o funcionario tenía la obligación de hacerlo.
No corresponde presumir que toda falla de comunicación entre dependencias estatales es responsabilidad del trabajador para tratar de disimular la ineficacia propia de la administración.
La resolución que ordenó el sumario reconoce la posibilidad de que existan otros empleados involucrados en las supuestas irregularidades. Sin embargo, la medida más severa recayó sobre el policía lesionado.
Advertencia para todo el personal policial
El caso deja una enseñanza que ningún integrante de la fuerza debería ignorar.
Ante un accidente en servicio, resulta imprescindible conservar desde el primer día:
- acta del hecho;
- constancia de que ocurrió durante el servicio;
- certificados médicos;
- estudios y diagnósticos;
- dictámenes de incapacidad;
- resoluciones administrativas;
- notificaciones;
- recibos de haberes;
- pedidos presentados;
- y copias completas de cada expediente.
Todo reclamo debe realizarse por escrito y con constancia de recepción.
No alcanza con informar verbalmente a un superior. Las palabras se pierden; los expedientes quedan.
Tampoco conviene firmar una notificación sin leerla, aceptar porcentajes de incapacidad sin asesoramiento o dejar transcurrir plazos administrativos y judiciales.
El policía lesionado enfrenta una estructura que cuenta con instructores, abogados, médicos y recursos estatales. Sin asistencia adecuada, la desigualdad es evidente.
El Estado debe cuidar a quienes se lesionan sirviéndolo
La Policía exige de sus integrantes disciplina, disponibilidad, obediencia y exposición permanente al riesgo.
Esa exigencia debe tener una contrapartida.
Cuando un efectivo resulta herido en servicio, el Estado tiene la obligación moral, legal e institucional de asistirlo, rehabilitarlo, proteger sus ingresos y ofrecerle tareas compatibles con sus capacidades.
Un sumario no puede ser utilizado para desgastar a quien reclama, forzar su retiro, reducir costos o convertir una lesión laboral en una presunta inconducta.
El mensaje para todos los policías es claro: documenten cada accidente, preserven cada constancia y reclamen desde el primer día.
Y para las autoridades, la advertencia es todavía más sencilla: quien se lesionó trabajando para la institución no es una carga ni un expediente molesto.
Es un trabajador que cumplió con su deber y merece que la institución también cumpla con él.
«Quien quiera oír que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha». y «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)».
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