La mujer aseguró que el hecho habría ocurrido durante su etapa de formación y sostuvo que la institución ignoró su denuncia. Tras casi diez años de servicio, afirmó que quedó sin trabajo, sin ingresos y bajo tratamiento médico.
Una exsuboficial de Gendarmería Nacional denunció públicamente que fue dada de baja de la fuerza luego de atravesar un cuadro de depresión que, según su testimonio, tuvo origen en un presunto abuso sexual sufrido durante su etapa de formación.
La denuncia fue difundida inicialmente por Infopress La Plata, medio que dio a conocer un video en el cual la mujer realiza un fuerte descargo contra la institución y solicita que su caso alcance repercusión pública.
Según relató, prestó servicios durante casi diez años e incluso cumplió funciones durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, aseguró que las consecuencias psicológicas derivadas del presunto abuso comenzaron a afectar seriamente su salud, provocándole sucesivas licencias médicas.
Finalmente, recibió la notificación de su baja.
“Me arruinaron la vida. Ahora me quedo sin trabajo, sin recursos y estoy internada”, expresó en la grabación.
Denuncia un presunto encubrimiento
La exintegrante de Gendarmería sostuvo que en el descargo administrativo presentado ante las autoridades dejó constancia del presunto abuso sexual. No obstante, afirmó que esa parte de su presentación habría sido ignorada.
También denunció la existencia de supuestas irregularidades dentro de la fuerza y aseguró haber tomado conocimiento de situaciones que habrían sido encubiertas por superiores.
Sus afirmaciones todavía no fueron corroboradas judicialmente y deberán ser investigadas por los organismos administrativos y judiciales correspondientes.
La mujer pidió además que el video sea compartido para que “llegue a quien tenga que llegar” y para visibilizar situaciones similares que, según considera, podrían estar atravesando otros integrantes de la institución.
Salud mental y abandono institucional
El caso vuelve a poner en discusión el modo en que las fuerzas de seguridad responden frente a denuncias de violencia sexual y a los problemas de salud mental que pueden derivarse de experiencias traumáticas.
Una licencia psiquiátrica no debería transformarse automáticamente en una presunción de incapacidad, indisciplina o falta de compromiso laboral. Mucho menos cuando la afección denunciada podría guardar relación con hechos ocurridos dentro de la propia institución.
La obligación estatal no termina con una junta médica ni con una resolución administrativa. También comprende investigar seriamente las denuncias, proteger a la persona afectada, garantizar tratamiento adecuado y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Hasta el momento de la publicación difundida, Gendarmería Nacional no había emitido un pronunciamiento público sobre las declaraciones de la exsuboficial ni sobre las circunstancias de su baja.
La respuesta oficial será fundamental para establecer si existió una investigación interna, qué tratamiento recibió la denuncia y cuáles fueron los fundamentos administrativos y médicos utilizados para disponer la desvinculación.
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