Funcionarios penitenciarios, representantes nacionales y expertos internacionales participan de un seminario sobre inteligencia carcelaria, clasificación de detenidos y control de internos de alto perfil. Las jornadas concluirán con una recorrida por “El Infierno”, el penal de máxima seguridad que se construye en Piñero.
Especialistas en sistemas penitenciarios, funcionarios de doce provincias y representantes de organismos nacionales e internacionales participan en Rosario de un seminario destinado a analizar cómo impedir que los líderes de organizaciones criminales continúen impartiendo órdenes desde las cárceles.
La actividad comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes. El cierre incluirá una visita al establecimiento conocido como “El Infierno”, la cárcel de máxima seguridad que el Gobierno de Santa Fe construye dentro del complejo penitenciario de Piñero.
El encuentro fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito —UNODC—, con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley —INL— del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La apertura estuvo encabezada por el ministro provincial Pablo Cococcioni; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi; el especialista de la UNODC Gonzalo Escalante, y el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo. También participaron autoridades de los servicios penitenciarios Federal y de Santa Fe.
Inteligencia, clasificación y gestión diferenciada
Las jornadas están organizadas alrededor de tres ejes principales: la inteligencia penitenciaria y el análisis criminal, la clasificación de las personas privadas de la libertad y la aplicación de regímenes diferenciados para internos considerados de alto perfil o alto riesgo.
El punto de partida es que la detención de un jefe criminal no garantiza, por sí sola, que pierda capacidad de conducción. Las comunicaciones clandestinas, los vínculos con integrantes de las organizaciones en libertad y el acceso a recursos económicos pueden permitir que determinados detenidos continúen ordenando delitos desde el interior de los establecimientos.
Por esa razón, los especialistas analizan mecanismos para identificar posiciones de liderazgo, establecer niveles de riesgo y limitar los contactos que puedan utilizarse para mantener activas las estructuras criminales.
La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, Lucía Masneri, señaló que el seminario permitirá revisar las medidas implementadas en la provincia y comparar esas experiencias con las adoptadas en otras jurisdicciones.
Según explicó, la clasificación de los detenidos busca diferenciar a quienes conservan capacidad económica, territorial o de mando dentro de las organizaciones. Esa información permitiría establecer controles específicos y evitar que el régimen general de alojamiento resulte insuficiente frente a presos con un elevado poder de influencia.
Coordinación con el sistema federal
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi, destacó la coordinación entre el Servicio Penitenciario Federal y el sistema santafesino.
Como parte de ese trabajo, varios de los principales jefes de organizaciones criminales que operaban en Santa Fe fueron trasladados o alojados en cárceles federales, donde se aplican regímenes de mayor control.
Curi sostuvo que esa articulación permitió reducir de manera significativa la capacidad de algunos detenidos para continuar operando desde prisión. También destacó la importancia de compartir información entre las distintas jurisdicciones y fortalecer las capacidades del personal encargado de aplicar los regímenes especiales.
El desafío no consiste únicamente en aislar físicamente a determinados presos, sino en reconstruir sus redes de contactos, identificar los mecanismos utilizados para comunicarse y anticipar las órdenes que puedan producir hechos violentos fuera de los establecimientos.
El acompañamiento internacional
El especialista Gonzalo Escalante indicó que la UNODC acompaña desde hace tres años al Servicio Penitenciario de Santa Fe mediante programas de capacitación y fortalecimiento institucional.
La cooperación está orientada a mejorar la gestión de los detenidos de mayor riesgo y a evitar que las unidades penitenciarias funcionen como centros de conducción delictiva.
Escalante advirtió que el problema ya no se limita a Santa Fe ni a las grandes estructuras criminales conocidas. Distintas provincias comenzaron a detectar organizaciones capaces de sostener sus actividades aun cuando sus principales referentes se encuentran detenidos.
En ese contexto, las experiencias de Santa Fe y del sistema federal son analizadas como posibles referencias, aunque cada jurisdicción deberá adaptar los mecanismos de control a sus propias características y recursos.
La construcción de “El Infierno”
El seminario finalizará con una recorrida por “El Infierno”, el penal para internos de alto perfil que se construye dentro del complejo de Piñero.
De acuerdo con la información oficial, la obra presenta un avance cercano al 70 por ciento y fue diseñada específicamente para alojar a jefes de organizaciones criminales y personas consideradas de alto riesgo.
El establecimiento contará con regímenes diferenciados, mayores controles de circulación y medidas destinadas a limitar las comunicaciones no autorizadas con el exterior.
La recorrida permitirá mostrar a funcionarios y especialistas de otras provincias los criterios arquitectónicos, operativos y de seguridad utilizados para el proyecto.
El personal, una pieza central
Las nuevas cárceles, la tecnología y los sistemas de inteligencia pueden fortalecer el control, pero ninguna política penitenciaria será eficaz sin personal suficiente, capacitado y protegido.
Los agentes encargados de custodiar a internos de alto perfil quedan expuestos a presiones, amenazas, intentos de corrupción y riesgos que exceden las tareas ordinarias del servicio. Por eso, los regímenes especiales deben incluir selección adecuada del personal, capacitación continua, rotaciones, acompañamiento psicológico y controles que protejan tanto la seguridad institucional como la integridad de los trabajadores.
La lucha contra el crimen organizado no puede apoyarse exclusivamente en más restricciones para los detenidos ni en nuevas estructuras edilicias. También exige reconocer las condiciones laborales de quienes deberán sostener diariamente esos dispositivos.
El desafío es evitar que la cárcel sea solamente el lugar donde se aloja formalmente a un jefe criminal, mientras su organización continúa funcionando afuera. Para lograrlo será necesario combinar inteligencia, tecnología, coordinación judicial y un servicio penitenciario profesional, dotado de recursos y respaldado por el Estado.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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