Los familiares de Jorge Luciano Sosa, expolicía de Río Negro condenado a prisión perpetua por la muerte de Jorge Gatica, solicitaron públicamente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el caso y disponga la realización de un nuevo juicio.
Sosa fue declarado culpable por un jurado popular en mayo de 2025 y posteriormente condenado a prisión perpetua. El hecho investigado ocurrió en Cipolletti durante 2023. Actualmente permanece detenido en el Establecimiento de Ejecución Penal N.º 4 de General Roca.
La familia aclaró que su reclamo no apunta a obtener una absolución automática ni a desconocer la muerte de Gatica, sino a que las pruebas incorporadas al expediente sean nuevamente evaluadas y se determine si durante el proceso se respetaron plenamente las garantías constitucionales.
“No pedimos impunidad. Pedimos un juicio justo”, expresaron en una campaña difundida públicamente con el propósito de reunir acompañamiento para el reclamo.
Cuestionamientos al proceso
Según sostiene la familia, durante el juicio habrían existido contradicciones relacionadas con el horario de la muerte, la cantidad y antigüedad de las lesiones constatadas y el momento preciso en que Gatica permaneció bajo la custodia de Sosa.
En un mensaje atribuido al propio condenado, difundido por la cuenta de Facebook administrada por sus familiares y allegados, Sosa aseguró que estuvo a cargo del detenido hasta las 22.45 y que luego lo entregó a otro agente.
La defensa sostiene que las estimaciones forenses ubicarían la producción de las lesiones mortales entre 15 y 45 minutos antes del fallecimiento. A partir de ese cálculo, los allegados de Sosa afirman que los golpes decisivos podrían haberse producido cuando el expolicía ya no se encontraba a cargo directo de Gatica.
También mencionan una presunta diferencia entre el horario del fallecimiento sostenido por la acusación, que habría sido ubicado a las 00.05, y el consignado en el acta de defunción, que —según la familia— indicaría las 00.30.
Estos elementos forman parte de la argumentación de la defensa y deberán ser examinados junto con la sentencia, las pericias y el resto de la prueba incorporada al expediente.
El estado previo de la víctima
Los familiares sostienen que Gatica habría ingresado lesionado a la comisaría. Según el relato difundido, una médica que lo revisó al momento de su llegada habría dejado asentada la existencia de lastimaduras en brazos, piernas, rostro y pecho.
También aseguran que el propio Gatica habría manifestado que había participado de una pelea callejera antes de ser detenido.
La campaña señala, además, que los análisis de laboratorio habrían arrojado resultados positivos para cocaína, marihuana, clonazepam y alcohol. La defensa presenta estos datos como parte del contexto médico y físico previo de la víctima.
La relevancia de esas circunstancias dependerá de lo que establezcan los informes periciales completos y de su relación concreta con la causa de la muerte.
Diferencias sobre las lesiones
Otro de los puntos cuestionados es la cantidad de golpes informados.
Según la versión de la familia, el médico forense habría consignado inicialmente alrededor de 80 lesiones, pero durante su declaración ante el jurado habría hablado de más de 120.
Los allegados de Sosa afirman también que un profesional consultado por la defensa revisó las fotografías y los informes y concluyó que solo entre 10 y 15 lesiones serían recientes, mientras que las restantes podrían corresponder a episodios anteriores.
Además, cuestionaron que el médico encargado de la autopsia hubiera sido presentado durante el debate como asesor de la fiscalía. A juicio de la defensa, esa intervención habría afectado la apariencia de neutralidad que debe conservar un perito.
Se trata, nuevamente, de objeciones formuladas por el entorno del condenado, cuya validez deberá determinarse mediante el análisis de las actuaciones judiciales y de los fundamentos del fallo.
Pruebas que no habrían sido preservadas
La familia también denunció que determinadas medidas solicitadas por la defensa no pudieron realizarse porque algunos elementos no habrían sido conservados o no pudo establecerse su ubicación.
Entre ellos mencionaron la ropa que llevaba Gatica, que pretendían analizar para buscar rastros biológicos o ADN de otras personas.
También señalaron que habrían solicitado las placas correspondientes a las fracturas costales para estudiar el mecanismo de producción de las lesiones, pero que no pudieron acceder a ellas.
A esto sumaron cuestionamientos sobre la preservación de la escena. Según la familia, no se habría delimitado correctamente el lugar del hecho, no se habrían resguardado todos los sectores relevantes y tampoco se habría realizado una reconstrucción.
Estas presuntas falencias constituyen uno de los argumentos centrales del pedido para que el caso sea revisado por una instancia superior.
El testimonio de una mujer y las cámaras del hospital
La campaña también cuestiona la declaración de una mujer que habría asegurado haber escuchado gritos dentro de la comisaría entre las 23.30 y la medianoche.
Según los familiares, la defensa habría localizado imágenes de cámaras de seguridad del hospital que mostrarían que la mujer se encontraba allí a las 23.30.
De confirmarse, esa circunstancia podría afectar la precisión temporal de su testimonio. La familia sostiene que una persona no podía encontrarse en ambos lugares al mismo tiempo.
También afirman que la mujer se presentó aproximadamente dos años después del hecho y que, al ser consultada por la demora, habría reconocido que el abogado de la familia Gatica también la representaba en otro juicio relacionado con un accidente laboral.
La relación entre la testigo, los abogados intervinientes y el contenido de su declaración deberá evaluarse con especial prudencia y a partir de las constancias documentales del proceso.
Críticas a la investigación
Desde la cuenta de familiares y amigos de Sosa también formularon fuertes cuestionamientos contra la actuación de la fiscalía.
Aseguran que no se impartieron órdenes suficientes para preservar el lugar, delimitar el perímetro y resguardar elementos potencialmente relevantes para la investigación.
También sostienen que nunca se realizó una reconstrucción del hecho que permitiera establecer con precisión dónde se encontraba cada persona, qué podía observar o escuchar y en qué momento habría sido producida cada lesión.
Estas acusaciones corresponden a la posición de la defensa y no pueden considerarse acreditadas sin el análisis integral del expediente y la respuesta de los funcionarios cuestionados.
El reclamo ante la Corte Suprema
Sosa manifestó que, luego de que los tribunales provinciales rechazaran distintos planteos, su defensa, encabezada por el abogado Nicolás Suárez Colman, recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La petición central es que el máximo tribunal examine si durante el proceso existieron vulneraciones al derecho de defensa, a la imparcialidad, a la adecuada producción de la prueba o a otras garantías constitucionales.
En caso de considerar que esas irregularidades pudieron influir en el veredicto, la familia solicita que la condena sea anulada y se ordene la realización de un nuevo debate oral.
Los allegados a Sosa remarcaron que no buscan ocultar responsabilidades ni deslegitimar el reclamo de justicia por Jorge Gatica.
“Si hubo responsabilidad, que se condene con pruebas firmes. Si hubo un error judicial, que se repare”, manifestaron.
En el mismo sentido, señalaron que una persona inocente no debería ser condenada para exhibir una respuesta institucional ante la sociedad, pero que tampoco una víctima merece que su muerte sea juzgada mediante un proceso atravesado por dudas relevantes.
La campaña utiliza la consigna “Juicio justo para Jorge Sosa” y procura instalar el reclamo sin desconocer que la determinación definitiva de la responsabilidad penal corresponde exclusivamente a la Justicia.
La familia sintetizó su posición en una frase: “No pedimos impunidad. Pedimos juicio justo”.
Contacto y campaña pública:
Teléfono +5492984924909 (Martin Severiano Sosa)
cuenta de Facebook “La verdad” (https://www.facebook.com/La.verdad.111), administrada por familiares y allegados de Jorge Luciano Sosa.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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