Córdoba – Alejandro Falcón quedó alojado en la cárcel de Bouwer, acusado de sustraer dinero durante una requisa y dos cachorros de pitbull en un allanamiento.
El episodio estalló antes de la llegada de la ministra de Seguridad a Córdoba, donde sectores libertarios impulsan su posible candidatura a diputada nacional.
La detención de Alejandro Falcón, hasta hace pocos días jefe de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina en Córdoba, desató un escándalo dentro de la fuerza y abrió un inesperado frente político para la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
El funcionario policial permanece alojado en un pabellón de la cárcel de Bouwer mientras avanza una investigación por distintos delitos presuntamente cometidos durante procedimientos oficiales. Entre las acusaciones aparecen la sustracción de dinero a un automovilista requisado y un episodio todavía más insólito: la desaparición de dos cachorros de pitbull durante el allanamiento a la vivienda de un joven investigado por cultivar marihuana.
La causa es instruida por el fiscal federal Maximiliano Hairabedián. Falcón deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme, pero su detención demuestra que la investigación superó ampliamente el terreno de una mera irregularidad administrativa.
La denuncia por los cachorros abrió la investigación
Según la información publicada por La Política Online, uno de los procedimientos se realizó en el domicilio de un joven investigado por el cultivo de marihuana.
Después de recuperar la libertad, el muchacho advirtió que sus dos cachorros de pitbull habían desaparecido de la vivienda allanada. Ante esa situación presentó una denuncia en la Justicia federal, que terminó impulsando una investigación más amplia sobre la actuación de Falcón y de otros posibles involucrados.
A partir de ese reclamo, la Fiscalía habría reconstruido nuevos episodios presuntamente irregulares. Entre ellos aparece la sustracción de dinero a un automovilista que estaba siendo requisado cuando el jefe policial llegó al lugar.
El caso presenta una gravedad institucional que excede la curiosidad provocada por el robo de los animales. Las requisas y los allanamientos son actos especialmente regulados porque el Estado ingresa por la fuerza en la esfera privada de una persona y queda temporalmente a cargo de sus bienes.
Si durante esos procedimientos desaparecen dinero, animales u otros efectos que no fueron formalmente secuestrados, no sólo se investiga un posible delito contra la propiedad. También queda comprometida la integridad de las actuaciones, la cadena de custodia y la confianza pública en la institución que debía preservar la legalidad.
De un despacho estratégico a la cárcel de Bouwer
Falcón conducía una de las divisiones más sensibles de la Policía Federal en Córdoba. Desde ese lugar participaba en investigaciones vinculadas con narcotráfico, allanamientos, secuestros de elementos y manejo de información reservada.
Su detención y alojamiento en Bouwer exigen, por lo tanto, una respuesta institucional que no puede agotarse en separarlo del cargo. El Ministerio de Seguridad deberá establecer qué controles existían sobre los procedimientos realizados bajo su conducción, si hay más agentes investigados y si corresponde revisar actuaciones anteriores.
También deberá determinarse si los bienes secuestrados eran correctamente inventariados, quién supervisaba la documentación producida después de cada allanamiento y cómo pudo llegarse a una situación semejante dentro de una dependencia especializada.
El control interno no puede comenzar cuando aparece una denuncia imposible de ocultar. En áreas que intervienen sobre dinero, drogas, armas y bienes particulares, debe funcionar antes, durante y después de cada procedimiento.
El caso alcanza a Monteoliva
El escándalo se conoció en la antesala de la visita que Alejandra Monteoliva tiene prevista para este lunes a la ciudad de Córdoba. La ministra fue invitada a participar de un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio provincial, conducida por Manuel Tagle y convertida en una plataforma habitual para dirigentes vinculados con el gobierno de Javier Milei.
La actividad posee una evidente dimensión política. En Córdoba comenzó a mencionarse la posibilidad de que Monteoliva encabece o integre una lista de candidatos a diputados nacionales.
Un nuevo episodio bajo la conducción federal
No es el primer hecho reciente que coloca a Monteoliva bajo cuestionamiento por la actuación de la Policía Federal en el interior del país.
En junio, el asesinato de un agente enviado como refuerzo a Rosario ya había provocado inquietud dentro del Gobierno nacional. Aunque se trata de hechos de naturaleza completamente diferente, ambos episodios vuelven a poner en discusión la selección, supervisión y protección del personal destinado a funciones sensibles fuera de la ciudad de Buenos Aires.
La responsabilidad penal por los delitos atribuidos en Córdoba será estrictamente individual y deberá resolverse con pruebas. No corresponde transferir automáticamente una acusación contra Falcón a la ministra ni utilizarla como condena política anticipada.
Pero la responsabilidad institucional funciona de otra manera. La conducción política debe explicar cómo se controla a quienes ocupan cargos estratégicos, qué mecanismos detectan irregularidades y qué medidas se adoptan cuando un jefe policial termina acusado de cometer delitos durante los mismos procedimientos que debía garantizar.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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