Las cifras fueron aportadas por fuentes internas y todavía no cuentan con confirmación oficial. Los salarios inferiores al millón de pesos, las renuncias del personal joven, las licencias psiquiátricas y la sobrecarga laboral exponen una crisis que el gobierno de Axel Kicillof ya no debería administrar mediante el silencio.
La Policía de la Provincia de Buenos Aires atraviesa una crisis de personal que comienza a comprometer no solamente el bienestar de sus integrantes, sino también su capacidad para sostener el servicio de seguridad en el distrito más poblado del país.
Según un informe publicado por Mundo Gremial sobre la base de fuentes internas, durante 2026 se habrían producido alrededor de 1.800 bajas, frente a unos 2.100 ingresos. Esto significa que por cada cien policías incorporados, aproximadamente 86 abandonaron la institución.
El dato resulta todavía más preocupante al compararlo con los registros históricos mencionados en el relevamiento. Hasta ahora, la fuerza promediaba unas 500 bajas anuales frente a cerca de 3.000 incorporaciones. Si las cifras actuales se confirman, los egresos se habrían multiplicado 3,6 veces, lo que equivale a un crecimiento del 260%.
No estamos ante una fluctuación administrativa. Estamos frente a una organización que incorpora personal, lo forma, le entrega un arma, le impone disponibilidad permanente y, poco tiempo después, no consigue retenerlo.
Los jóvenes son quienes más abandonan la fuerza
Cerca del 90% de quienes se alejan serían oficiales incorporados durante los últimos años. El dato señala que el principal problema no se encuentra en el final de la carrera, sino en sus primeros escalones.
Renuncias, solicitudes formales de baja, abandonos del servicio y licencias psiquiátricas aparecen entre las razones que explican la pérdida de personal.
El fenómeno debería obligar a revisar el modelo de ingreso y permanencia. No alcanza con abrir escuelas, reducir tiempos de formación o anunciar nuevas promociones si los policías recién egresados descubren rápidamente que el salario no cubre sus necesidades y que la exigencia cotidiana no guarda relación con la protección institucional recibida.
Formar agentes para perderlos pocos años después representa también un despilfarro de recursos públicos. Cada baja temprana significa tiempo de instrucción, equipamiento, uniformes y capacitación que el Estado financió sin conseguir consolidar una carrera profesional.
Sueldos por debajo del millón de pesos
Después del incremento escalonado del 7% dispuesto por el gobierno bonaerense —5% en julio y 2% en agosto—, un oficial ingresante cobraría entre 926.000 y 963.000 pesos.
Las escalas difundidas ubican a un sargento en aproximadamente 930.707 pesos; a un teniente, en 944.732; a un capitán, en 1.185.827; y a un comisario, en 1.445.947 pesos.
Entre las jerarquías superiores, los valores básicos proyectados serían los siguientes:
- Comisario inspector: 1.605.000 pesos.
- Comisario mayor: 1.819.000 pesos.
- Comisario general: 2.033.000 pesos.
- Superintendente: 2.461.000 pesos.
Estos montos corresponderían al salario básico y no incluirían adicionales, horas extraordinarias ni otros suplementos. Esa aclaración es importante porque la comparación salarial debe realizarse sobre conceptos equivalentes.
El informe señala que el ingreso conformado de un vigilador privado ronda 1,7 millones de pesos. La brecha resulta significativa, aunque técnicamente no corresponde comparar sin más un básico policial con un salario privado integrado por adicionales. Para establecer la diferencia real deberían cotejarse remuneraciones brutas o netas completas, jornadas, horas trabajadas y compensaciones de ambos sectores.
Esa precisión metodológica no elimina el problema de fondo: un policía bonaerense puede portar un arma, intervenir en situaciones violentas, quedar expuesto penal y administrativamente, cumplir recargos y mantener disponibilidad permanente mientras su ingreso inicial permanece por debajo del millón de pesos.
La responsabilidad exigida por el Estado no guarda proporción con la remuneración ofrecida.
La seguridad privada y la Policía de la Ciudad como alternativas
Las fuentes consultadas sostienen que la diferencia salarial estimula el traslado hacia la seguridad privada y también una “sangría” de personal hacia la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La decisión resulta comprensible desde la perspectiva del trabajador. Cuando instituciones distintas compiten por personas con formación policial y una de ellas ofrece mejores ingresos o condiciones laborales, la fuerza que paga menos termina funcionando como ámbito de capacitación para otras organizaciones.
Buenos Aires asume así el costo de seleccionar y formar efectivos que luego busca retener cuando ya es demasiado tarde.
El salario, sin embargo, no sería la única explicación. También pesan la incertidumbre sobre los destinos, los traslados, las jornadas extendidas, la exposición permanente, la falta de descanso y un sistema disciplinario frente al cual el personal carece de representación colectiva efectiva.
La Policía no pierde integrantes únicamente porque paga poco. Los pierde porque exige demasiado y ofrece escasos canales institucionales para procesar el malestar antes de que se convierta en renuncia, enfermedad o tragedia.
Menos personal y mayor sobrecarga
La disminución de la dotación genera un círculo difícil de interrumpir. Cuantos más policías abandonan la institución, mayor es la carga que recae sobre quienes permanecen.
Las guardias se prolongan, los francos se alteran, aumenta la presión para cubrir servicios y disminuye la posibilidad de recuperación física y emocional. Esa sobrecarga, a su vez, alimenta nuevas licencias y bajas.
El problema no queda encerrado dentro de las comisarías. Una fuerza con dificultades para retener personal también encuentra mayores obstáculos para cubrir cuadrículas, sostener patrullajes, investigar delitos y responder a la creciente demanda ciudadana.
Puede comprarse tecnología, renovar patrulleros y anunciar operativos. Pero ningún dispositivo reemplaza de manera permanente al trabajador formado, experimentado y sostenido por una organización que lo reconoce.
La cifra más dolorosa: cerca de 40 suicidios
El aspecto más grave del relevamiento es la referencia a cerca de 40 suicidios de integrantes de la Policía Bonaerense durante el último año.
La cifra fue aportada por fuentes policiales, pero no existe hasta el momento un registro oficial público que permita verificarla, conocer su distribución temporal o establecer las circunstancias de cada caso. Por esa razón, debe presentarse como una estimación y no como una estadística consolidada.
La falta de datos oficiales no reduce la gravedad. La aumenta.
Sin información sistematizada resulta imposible identificar factores recurrentes, evaluar la incidencia de problemas económicos, familiares u operativos y determinar si los mecanismos de asistencia psicológica funcionan realmente.
Tampoco puede saberse cuántos pedidos de ayuda se producen antes de cada episodio, cuántas licencias son rechazadas, qué seguimiento reciben quienes atraviesan una crisis ni qué acompañamiento se brinda a sus familias y compañeros.
El acceso permanente al arma reglamentaria agrega un factor de riesgo específico que exige políticas preventivas diseñadas para la realidad policial. No sirven programas genéricos ni números telefónicos colocados en una cartelera si el efectivo teme que pedir asistencia termine perjudicando su carrera, su destino o su aptitud profesional.
La salud mental no puede continuar tratándose como una debilidad individual. Es una responsabilidad institucional.
Un silencio oficial que debe terminar
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad bonaerense no habría publicado estadísticas que permitan contrastar los datos sobre bajas y suicidios.
El gobernador Axel Kicillof y el ministro Javier Alonso deberían informar oficialmente:
- Cuántas bajas se produjeron durante 2024, 2025 y 2026.
- Cuántos efectivos renunciaron, abandonaron el servicio o recibieron una baja administrativa.
- Cuántas licencias psiquiátricas fueron solicitadas y concedidas.
- Cuántos suicidios y tentativas se registraron entre el personal.
- Qué antigüedad, jerarquía y destino tenían los afectados.
- Qué programas preventivos funcionan y qué resultados fueron evaluados.
Publicar estos datos no debilita a la Policía. Lo que la debilita es ocultar una crisis hasta que resulte imposible administrarla.
Policías sin representación y problemas sin interlocutor
La Policía Bonaerense, como la mayoría de las instituciones policiales argentinas, carece de una organización sindical reconocida que pueda negociar salarios, plantear condiciones laborales y advertir tempranamente sobre el deterioro interno.
Ese vacío no elimina el conflicto. Solamente lo vuelve subterráneo.
Cuando los trabajadores no cuentan con interlocutores legítimos, el malestar aparece mediante renuncias, licencias, endeudamiento, protestas informales y rupturas personales. El Estado interpreta cada caso como un problema individual y evita reconocer que todos pueden formar parte de una misma crisis institucional.
Una representación colectiva regulada, compatible con la continuidad del servicio y sin derecho a huelga armada, permitiría transformar ese sufrimiento disperso en información, negociación y prevención.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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