Mientras la Justicia investiga el destino de más de un billón de pesos recaudados para rutas nacionales, Santa Fe asumirá con fondos propios obras que ya fueron financiadas por los contribuyentes. El riesgo es claro: pagar dos veces por lo mismo y, eventualmente, una tercera mediante peajes.
Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal apunta al manejo de más de un billón de pesos del Sistema Vial Integrado y sostiene que recursos recaudados con destino específico para construcción y mantenimiento de rutas nacionales habrían sido retenidos, subejecutados o colocados en instrumentos financieros.
En ese contexto, la decisión de Maximiliano Pullaro de asumir con fondos provinciales la administración y reparación de rutas nacionales abre una contradicción difícil de ignorar: los santafesinos podrían terminar pagando nuevamente —y luego también mediante peajes— por infraestructura que ya financiaron a través de impuestos nacionales.
Mientras distintas provincias enfrentan el deterioro creciente de las rutas nacionales y comienzan a asumir con recursos propios tareas que históricamente correspondieron al Estado federal, una denuncia presentada ante la Justicia Federal pone bajo sospecha el manejo de una enorme masa de dinero que tenía precisamente como destino la conservación y construcción de esa red vial.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente a funcionarios del Gobierno nacional por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
La presentación judicial apunta al manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado, SisVial, y solicita investigar qué ocurrió con aproximadamente $1,038 billones que, según la denuncia, no fueron aplicados a construcción, reparación y mantenimiento de rutas nacionales.
La dimensión de los números obliga a prestar atención más allá de cualquier pertenencia política de quien formuló la denuncia.
De acuerdo con la información incorporada a la presentación, durante los últimos dos años y medio el SisVial habría recaudado $1,503 billones, de los cuales solamente $394.406 millones fueron aplicados a su finalidad específica. Esto supone una subejecución acumulada del 73,8%. En 2024 se habría ejecutado apenas el 11,3% de los recursos, durante 2025 el 39% y entre enero y mayo de 2026 sólo el 18,5%.
No se trata, entonces, de una diferencia menor de ejecución presupuestaria ni de algunos proyectos demorados. Si esos datos son confirmados judicialmente, estaremos frente a una discusión mucho más grave: dinero cobrado a los contribuyentes con una finalidad legal determinada que no habría sido utilizado, en una proporción extraordinariamente alta, para aquello por lo cual fue recaudado.
Más de un billón colocado en inversiones
La denuncia incorpora otro dato todavía más inquietante. Al 31 de mayo, más de un billón de pesos del SisVial se encontraba colocado en inversiones financieras, principalmente plazos fijos y títulos públicos, mientras otros $37.761 millones permanecían depositados en una cuenta corriente.
La Justicia deberá establecer cuánto dinero ingresó efectivamente al fideicomiso, cuánto permaneció invertido, cuál fue su rendimiento y qué ocurrió con aquellos recursos que eventualmente pudieron quedar retenidos antes de ingresar en sus cuentas.
El planteo adquiere una gravedad institucional adicional porque, según la información incluida en la denuncia, desde el propio Gobierno nacional se reconoció que parte de los impuestos destinados al sistema vial fue utilizada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia destinada a sostener el equilibrio fiscal.
Ese punto debería ser explicado con absoluta precisión.
El equilibrio fiscal constituye un objetivo legítimo de cualquier gobierno, pero existe una diferencia sustancial entre reducir gastos discrecionales y utilizar recursos tributarios cuya ley establece una afectación determinada. Si el Estado cobra un impuesto explicándole al ciudadano que ese dinero financiará caminos, rutas o infraestructura vial, la cuestión jurídica y política cambia cuando esos fondos terminan contribuyendo a otro objetivo presupuestario.
Eso es exactamente lo que ahora deberá determinar la Justicia.
Las rutas se deterioraron mientras los fondos permanecían sin ejecutar
La contradicción resulta particularmente visible cuando se compara la acumulación de esos recursos con el estado de la red vial nacional.
La Federación del Personal de Vialidad Nacional ya había denunciado un supuesto uso “discrecional e ilegítimo” del dinero correspondiente al SisVial y calculó que con los recursos existentes podrían haberse rehabilitado aproximadamente 3.000 kilómetros de rutas y mantenido otros 22.000 kilómetros.
La denuncia de Tolosa Paz también incorpora ejemplos de obras que contaban incluso con financiamiento internacional pero en las que la contraparte nacional no habría sido ejecutada en los niveles comprometidos. Sobre las rutas nacionales 3 y 5, por ejemplo, se menciona financiamiento externo acompañado por una contraparte local del 30%, cuya ejecución durante 2024 habría sido del 0% pese a existir recursos disponibles en el sistema vial.
Naturalmente, una denuncia penal no equivale a una sentencia y las responsabilidades deberán ser probadas. Pero las cifras conocidas son lo suficientemente graves como para reclamar una rendición de cuentas exhaustiva antes de naturalizar la idea de que las provincias deben simplemente hacerse cargo de las rutas que Nación deja de mantener.
Y es precisamente allí donde aparece Santa Fe.
Pullaro acepta hacerse cargo de una obligación nacional
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012 para que Santa Fe asuma durante veinte años su administración integral, mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras.
La decisión fue presentada como una respuesta necesaria frente al deterioro del corredor y tiene una justificación evidente desde el punto de vista productivo. La A012 es uno de los ejes fundamentales para el ingreso de cargas al complejo agroexportador del Gran Rosario y soporta el tránsito de más de dos millones de camiones al año.
El problema no es que Pullaro quiera reparar una ruta que necesita urgentemente intervención.
El problema es quién paga esa reparación y por qué tiene que volver a pagarla.
Las primeras obras adjudicadas a la empresa Pose demandarán aproximadamente $5.000 millones de recursos provinciales e incluyen tareas de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias.
En otras palabras, Santa Fe comenzará a destinar recursos de su propio Tesoro para reparar infraestructura nacional precisamente cuando existe una denuncia judicial de enorme gravedad acerca de fondos que Nación ya había recaudado para cumplir esa misma función.
La contradicción es demasiado evidente para pasarla por alto.
El ciudadano ya pagó esa ruta
Cuando un argentino carga combustible, paga impuestos nacionales que alimentan sistemas destinados, entre otros fines, al sostenimiento de la infraestructura vial. Ese ciudadano ya contribuyó económicamente al mantenimiento de las rutas nacionales.
Si esos recursos no fueron utilizados en la magnitud correspondiente y la ruta se deterioró hasta que la Provincia decidió hacerse cargo, el mismo ciudadano pasa ahora a financiar las reparaciones mediante impuestos provinciales.
No está pagando por una infraestructura nueva.
Está volviendo a pagar por aquello que el Estado nacional tenía la obligación de conservar con recursos que ya había cobrado.
La situación podría hacerse todavía más gravosa si, como se ha proyectado para determinados corredores transferidos a la Provincia, el modelo termina complementándose con sistemas de peaje destinados a financiar conservación y futuras obras.
Entonces la secuencia sería difícil de justificar: primero se paga el impuesto nacional destinado a las rutas; después se pagan impuestos provinciales para reparar aquello que Nación dejó deteriorar; finalmente se podría pagar un peaje para circular por esa misma infraestructura.
La discusión deja de ser administrativa y pasa directamente al bolsillo del ciudadano.
Provincializar gastos sin provincializar recursos
Existe además una cuestión federal de fondo.
Transferir una ruta nacional a una provincia puede constituir una herramienta válida cuando ambas jurisdicciones acuerdan responsabilidades, recursos y mecanismos de financiamiento. Otra cosa muy distinta es convertir esa transferencia en un procedimiento mediante el cual Nación se desprende de obligaciones mientras conserva o utiliza para otros fines los recursos originalmente destinados a financiarlas.
Si eso ocurre, no existe una verdadera descentralización.
Existe una provincialización del gasto sin provincialización equivalente de los recursos.
La Nación mejora sus cuentas porque deja de asumir determinadas erogaciones. La Provincia incorpora nuevas obligaciones y necesita obtener de algún lugar el dinero para cumplirlas. El resultado termina recayendo sobre los contribuyentes provinciales y, eventualmente, sobre quienes utilizan las rutas.
Desde Santa Fe puede argumentarse que resulta preferible reparar la A012 con recursos propios antes que esperar indefinidamente una respuesta nacional. Frente al deterioro del corredor y su importancia económica, esa decisión tiene lógica práctica.
Pero la urgencia no debería cancelar el reclamo financiero.
Pullaro debería exigir simultáneamente que Nación explique qué proporción de los recursos viales pagados por los santafesinos durante estos años fue efectivamente invertida en territorio provincial y reclamar, si corresponde, mecanismos de compensación por las obligaciones que Santa Fe comienza a asumir.
De lo contrario, la Provincia puede terminar resolviendo un problema nacional utilizando dinero de sus propios ciudadanos mientras el Gobierno federal conserva el beneficio fiscal de haber dejado de gastar.
No alcanza con reparar la A012
El debate, por lo tanto, no debería limitarse a celebrar el comienzo de las obras.
Hay que reparar la A012, naturalmente. Su estado, su importancia logística y la necesidad de garantizar seguridad vial hacen difícil defender cualquier otra posición.
Pero al mismo tiempo hay que preguntar dónde están los recursos que ya fueron recaudados para mantenerla y para sostener el resto de la red nacional.
La denuncia presentada ante la Justicia obliga a revisar esa cuestión porque no estamos hablando de cifras marginales. Se investiga el destino de más de un billón de pesos, mientras rutas nacionales en todo el país acumularon deterioro, obras paralizadas y mantenimiento insuficiente.
Si las acusaciones resultaran acreditadas, el esquema sería profundamente injusto: los contribuyentes financiaron un sistema nacional de mantenimiento vial, las rutas no recibieron los recursos correspondientes, el dinero quedó acumulado o fue destinado a objetivos fiscales y finalmente las provincias debieron asumir las obras con sus propios presupuestos.
Santa Fe no debería aceptar esa ecuación sin reclamar explicaciones.
Porque administrar mejor una ruta puede ser una decisión correcta, pero hacerse cargo silenciosamente de la factura que dejó otro nivel del Estado es otra cosa.
Y cuando esa factura termina trasladándose al ciudadano santafesino, el problema deja de ser solamente entre Pullaro y Milei.
Pasa a ser entre el Estado y el contribuyente.
Antes de hablar de nuevos peajes o de celebrar transferencias de rutas nacionales, hay una cuenta pendiente mucho más elemental: explicar qué ocurrió con el dinero que los ciudadanos ya pagaron para mantener esos mismos caminos.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora