Reconquista (Santa Fe) – Nueve policías que permanecían vinculados desde 2012 a una causa iniciada a partir de gravísimas denuncias de apremios ilegales y torturas en la localidad de Florencia fueron sobreseídos por la Justicia santafesina.
La resolución llegó después de catorce años y abre ahora otro debate: qué sucede con las carreras, ascensos y oportunidades profesionales de quienes atravesaron durante más de una década un proceso penal que finalmente quedó cerrado.
Una causa que en 2012 alcanzó repercusión provincial y fue presentada públicamente como un episodio de “extrema gravedad institucional” acaba de tener, catorce años después, un desenlace judicial para nueve integrantes de la Policía de Santa Fe.
El 4 de agosto de 2026, en Reconquista, el juez Gonzalo Eduardo Basualdo dispuso el sobreseimiento de los nueve encartados dentro de la carpeta judicial caratulada “Bernachea, Darío Félix y/o s/ apremios ilegales y otros”, tramitada ante los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal de Las Toscas. La resolución alcanza a Darío Félix Bernachea, Fabián Andrés Sánchez, Pablo Sebastián Fantín, Pablo Daniel Massaro, Sergio Argentino Luna, Alejandro José Beltrán, Ángel Andrés Jara, Fabio Sebastián Deasis y Noelia Carolina Altamira Fabatía.
El expediente había nacido en un contexto completamente diferente.
El caso que sacudió al norte santafesino
En junio de 2012, Rosario/12 publicó una investigación del periodista José Maggi sobre la denuncia formulada por tres jóvenes de Florencia, quienes afirmaban haber sido detenidos y sometidos durante varios días a golpes, picana eléctrica, asfixia mediante bolsas y distintas formas de humillación.
La denuncia alcanzó entonces una enorme repercusión. El defensor general Gabriel Ganón y el entonces diputado provincial Eduardo Toniolli llevaron el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y calificaron lo sucedido como un hecho de “extrema gravedad institucional”.
Los jóvenes sostenían que durante su permanencia en la dependencia policial habían sido obligados a declarar sobre distintos delitos ocurridos en la zona y que algunas de esas manifestaciones habían sido obtenidas bajo violencia.
También cuestionaron la actuación del entonces juez Virgilio Palud, señalando que los detenidos no habrían contado oportunamente con asistencia de la defensa pública.
Aquellas acusaciones fueron particularmente duras y los nombres de algunos policías quedaron expuestos públicamente desde los primeros momentos del expediente.
Catorce años bajo una causa penal
Uno de los policías alcanzados por el reciente sobreseimiento se comunicó con APROPOL Noticias y describió el impacto que aquel proceso tuvo sobre sus vidas profesionales y familiares.
“Durante catorce años fuimos los leprosos de la fuerza”, resumió.
Según relató, después de iniciarse la causa los involucrados quedaron prácticamente marginados dentro de la estructura policial.
“Nos defenestraron los jefes cuando pasó esto, nadie nos defendió. Andábamos de un juzgado a otro como un caco más”, señaló, y definió aquellos años como una situación que debieron soportar ellos y también sus familias.
Su planteo ahora es concreto: si la causa terminó, qué posibilidades existen de reconstruir las carreras profesionales afectadas durante esos catorce años.
Ese interrogante probablemente sea el capítulo que recién comienza.
Qué resolvió realmente la Justicia
Existe aquí una precisión jurídica indispensable.
El sobreseimiento dictado en agosto no surge de un juicio oral que haya terminado con una absolución después de discutir la prueba, sino del cumplimiento de una suspensión del juicio a prueba acordada previamente.
La propia resolución judicial señala que el 2 de julio de 2025 se había dispuesto suspender el juicio a prueba durante un año, estableciendo reglas de conducta y una reparación económica o multa que debía ser cumplida por los imputados.
Transcurrido ese plazo y acreditado el cumplimiento de las obligaciones fijadas, las defensas solicitaron el sobreseimiento.
El juez consideró cumplidas las condiciones y resolvió cerrar definitivamente el proceso respecto de los nueve policías, en aplicación de las normas correspondientes del Código Penal y del Código Procesal Penal de Santa Fe.
Esta diferencia importa porque evita dos simplificaciones igualmente incorrectas: el sobreseimiento extingue definitivamente esta persecución penal, pero la resolución no constituye una sentencia absolutoria sobre el fondo de las acusaciones formuladas en 2012.
Según informó a APROPOL uno de los policías involucrados, dentro del acuerdo habría existido además una reparación económica total de 15 millones de pesos, abonada en seis cuotas. Ese monto surge del testimonio recibido por este medio y no aparece individualizado en las tres páginas de la resolución a las que accedió APROPOL.
Entre los abogados que participaron de la defensa, la fuente mencionó al doctor Degumois, de Reconquista.
El otro costo de una causa que dura catorce años
Más allá de las posiciones enfrentadas sobre los hechos originales, existe un aspecto institucional difícil de soslayar.
Catorce años constituyen prácticamente una carrera policial.
Durante ese tiempo pueden perderse destinos, cursos, concursos, ascensos, adicionales, funciones jerárquicas y posibilidades profesionales que luego resultan difíciles —y en algunos casos imposibles— de reconstruir.
La duración extraordinaria de un proceso genera además una situación paradójica.
Mientras no existe condena firme, jurídicamente continúa rigiendo la presunción de inocencia. Pero dentro de estructuras fuertemente jerarquizadas como las fuerzas policiales, la sola existencia de una causa penal puede convertirse de hecho en una marca profesional.
Eso es precisamente lo que describen ahora los policías sobreseídos.
No hablan solamente del expediente.
Hablan de catorce años de destinos, evaluaciones, relaciones jerárquicas y oportunidades atravesados por aquel proceso.
¿Se puede recuperar una carrera?
La pregunta que los nueve policías comienzan a formular no es menor.
Si durante esos años alguno de ellos sufrió consecuencias administrativas directamente relacionadas con la causa —postergación de ascensos, desplazamientos, pérdida de funciones o alguna otra afectación documentable— corresponderá determinar en cada caso qué vías administrativas o judiciales continúan abiertas.
No existe una respuesta automática: el sobreseimiento penal no reconstruye por sí mismo una carrera administrativa ni transforma automáticamente en ilegítimas todas las decisiones adoptadas durante la tramitación del expediente.
Pero tampoco parece razonable considerar que catorce años de proceso carecen de consecuencias que merezcan ser revisadas.
Habrá que analizar legajos, resoluciones administrativas, juntas de calificaciones, ascensos y cada medida que pueda haber estado relacionada con aquella causa.
Una historia que merece ser revisada completa
En 2012 la noticia fueron las denuncias.
Fueron extremadamente graves y era correcto investigarlas.
En 2026 la noticia es también que nueve policías que quedaron sometidos a ese proceso durante catorce años finalmente fueron sobreseídos y la causa terminó para ellos.
Las dos cosas forman parte de la misma historia.
Una democracia necesita investigar seriamente las denuncias de violencia institucional y garantizar protección a quienes denuncian. Pero necesita, con idéntica convicción, procesos capaces de resolver las responsabilidades dentro de plazos razonables.
Porque cuando una causa demora catorce años, la Justicia puede terminar llegando tarde para todos.
Para quienes denunciaron.
Para quienes fueron acusados.
Y también para las familias que atravesaron, de un lado y del otro, casi una década y media esperando una respuesta.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora