Detuvieron a los siete cadetes acusados por el grave episodio en la Escuela Penitenciaria

Santa Fe (Santa Fe) – La investigación por el grave episodio denunciado dentro de la Escuela Penitenciaria provincial sumó una novedad central: ya fueron detenidos los siete cadetes señalados por un compañero de 19 años como presuntos autores de un abuso sexual cometido dentro del establecimiento.

En la información inicial se conocía que dos habían sido arrestados y que otros cinco eran buscados; ahora todos quedaron a disposición de la Justicia.

La causa, que está a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, avanzó durante las últimas horas con la detención de la totalidad de los jóvenes identificados por la víctima. Los procedimientos fueron realizados por la Policía de Investigaciones y alcanzaron distintos puntos de Santa Fe, Recreo y otras localidades de la zona centro de la provincia.

Según la denuncia, el hecho ocurrió dentro de la propia Escuela Penitenciaria de Santa Fe, ubicada en Blas Parera al 8800, y tuvo como víctima a un cadete de 19 años que cursa el primer año de formación. Los siete señalados pertenecen a la misma promoción y habían ingresado a la institución en marzo de este año.

La reconstrucción conocida hasta el momento indica que el joven regresaba de una práctica de esposamiento y defensa personal cuando ingresó a un vestuario del establecimiento y fue abordado por sus compañeros. La fiscal relató que habría sido reducido, manoseado, insultado y golpeado, y precisó además que sufrió contusiones en la espalda y una patada en la zona de la nuca, aunque sin lesiones de mayor gravedad.

Un dato relevante para la investigación es que otros tres cadetes habrían intervenido para detener la agresión y auxiliar a la víctima. Esos compañeros aportaron posteriormente sus testimonios y, según la información conocida, también se investiga si uno de ellos fue agredido por parte del mismo grupo cuando intentó intervenir.

De dos detenidos a los siete bajo arresto

La primera información sobre el caso indicaba que dos de los señalados habían sido detenidos mientras continuaba la búsqueda de los cinco restantes. La fiscal había dispuesto inicialmente una restricción de acercamiento y, luego de avanzar en el análisis de la denuncia, resolvió solicitar la detención de todos los involucrados.

Ese escenario cambió ahora de manera sustancial. Los cinco que todavía no habían sido localizados fueron finalmente detenidos, por lo que los siete cadetes denunciados se encuentran bajo arresto y a disposición de la Justicia.

La fiscal prevé imputarlos, en principio, por abuso sexual simple calificado por la participación de dos o más personas, figura que contempla una pena de entre tres y diez años de prisión. La propia representante del Ministerio Público de la Acusación aclaró que la investigación continúa y que la calificación legal podrá modificarse a medida que se incorporen nuevos elementos.

Un hecho que ocurrió dentro de una institución estatal

Desde este medio ya habíamos advertido que el aspecto institucional del caso no podía ser reducido a una conducta privada entre cadetes, precisamente porque el episodio denunciado habría ocurrido dentro de un centro oficial de formación, durante el tránsito cotidiano de quienes se encuentran sometidos a un régimen educativo y disciplinario impuesto por el propio Estado.

Ese dato adquiere todavía mayor importancia cuando se conoce que la víctima regresaba de una actividad formal de entrenamiento y que el ataque habría ocurrido posteriormente dentro de un vestuario de la escuela.

Por eso resulta insuficiente cualquier intento de presentar lo ocurrido como un episodio completamente ajeno a la esfera de control institucional. Una escuela penitenciaria no es una pensión estudiantil ni un espacio donde el Estado pueda limitarse a entregar un programa de estudios y retirarse. Allí existe una cadena de conducción, una dirección, personal responsable, normas de convivencia, régimen disciplinario y obligaciones concretas de supervisión.

Que los presuntos responsables sean mayores de edad y puedan responder individualmente por sus actos no elimina esa dimensión.

Una cosa es la responsabilidad penal de quienes habrían cometido el hecho.

Otra, igualmente necesaria, es determinar qué controles existían dentro del establecimiento, qué personal debía encontrarse a cargo del sector, qué mecanismos preventivos funcionaban, qué señales pudieron haber existido previamente y cuál fue la respuesta institucional una vez conocido el episodio.

La responsabilidad no puede detenerse en los cadetes

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, había confirmado que la investigación se refería inicialmente a un solo episodio y señaló que no se descartaba la posibilidad de que aparecieran durante la pesquisa otros hechos anteriores que no hubiesen sido denunciados.

Precisamente por eso el caso requiere una mirada que vaya más allá de las siete detenciones.

Si la Justicia acredita la responsabilidad de los acusados, deberán responder por aquello que se les atribuya. Pero la investigación administrativa debería establecer también si dentro de la Escuela Penitenciaria existieron fallas de supervisión, controles insuficientes, omisiones de mando o condiciones institucionales que permitieron que un episodio de semejante gravedad pudiera desarrollarse dentro del propio establecimiento.

La responsabilidad política tampoco puede quedar artificialmente separada de esa estructura. La Escuela Penitenciaria pertenece al sistema provincial y depende del Ministerio de Justicia y Seguridad, por lo que resulta legítimo exigir explicaciones sobre los mecanismos de conducción y supervisión existentes al momento del hecho.

No significa atribuir anticipadamente responsabilidad penal o administrativa a ningún funcionario. Significa algo bastante más elemental: si el Estado obliga a sus cadetes a formarse dentro de una institución oficial, también tiene la obligación de garantizar razonablemente su seguridad mientras permanecen bajo ese régimen.

Ahora comienza otra etapa

Con los siete señalados detenidos, la investigación ingresa en una fase diferente. Las próximas audiencias deberán precisar qué conducta se atribuye individualmente a cada uno, cuál será finalmente la calificación jurídica sostenida por la Fiscalía y qué medidas cautelares solicitará el Ministerio Público de la Acusación.

Al mismo tiempo deberá avanzarse sobre una cuestión que consideramos indispensable y que no puede desaparecer detrás de la repercusión penal del caso: qué ocurrió institucionalmente dentro de la Escuela Penitenciaria para que un aspirante denunciara haber sido reducido, golpeado y sometido por siete compañeros en un espacio sometido al control del propio Estado.

Las siete detenciones son una respuesta judicial importante.

Pero no deberían convertirse en el punto final de las preguntas.

Porque esclarecer quiénes habrían cometido el hecho es solamente una parte del problema. La otra consiste en determinar quién debía evitar que algo semejante pudiera ocurrir dentro de una escuela destinada, justamente, a formar a quienes mañana ejercerán autoridad sobre otras personas.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

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