Rosario (Santa Fe) – Desde el acampe de la Casa Azul Policial frente a la Jefatura Regional II de Rosario impulsan una convocatoria nacional para el 24 de agosto destinada a personal de fuerzas provinciales y federales.
El reclamo incluye salarios, obras sociales, condiciones laborales, derecho a manifestarse sin represalias y la apertura de una mesa nacional de diálogo con representación amplia.
Una convocatoria que comenzó a circular entre integrantes de fuerzas de seguridad provinciales y federales llama a realizar el próximo 24 de agosto una jornada nacional de protesta pacífica por salarios, condiciones laborales, cobertura de salud y respeto de los derechos constitucionales del personal uniformado.
El llamado tiene uno de sus puntos de referencia en la Casa Azul Policial, instalada mediante un acampe frente a la Jefatura Regional II de Rosario, desde donde se difundió un documento dirigido a trabajadores policiales y de seguridad de todo el país.
La consigna central plantea que la protesta no busca una confrontación con las instituciones ni alterar el orden público, sino visibilizar una situación que, según los convocantes, atraviesa a miles de efectivos y a sus familias.
Salarios, obra social y condiciones laborales
El documento pone en primer plano la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las dificultades vinculadas con las obras sociales y las condiciones en las que el personal desarrolla diariamente sus tareas.
Entre las demandas aparecen la necesidad de salarios acordes con el costo real de vida, una cobertura médica efectiva, equipamiento adecuado, condiciones de descanso, seguridad laboral y reconocimiento profesional.
Los convocantes cuestionan especialmente que el personal de seguridad deba asumir exigencias crecientes, disponibilidad permanente y exposición al riesgo mientras, según sostienen, las respuestas salariales y sociales no acompañan esas responsabilidades.
La protesta plantea además un reclamo que viene ganando espacio dentro de distintos sectores policiales: el reconocimiento del uniformado no solamente como funcionario encargado de ejercer autoridad, sino también como trabajador con necesidades materiales, familiares y profesionales.
Reclamar no puede convertirse en una sanción
Otro de los ejes centrales de la convocatoria es el cuestionamiento a la utilización de sumarios administrativos o medidas disciplinarias contra quienes participan de reclamos laborales pacíficos.
Desde la Casa Azul sostienen que los derechos de expresión, petición y reclamo ante las autoridades también alcanzan al personal policial y de seguridad y advierten que la disciplina institucional no debería transformarse en un mecanismo destinado a impedir cualquier manifestación de disconformidad.
El planteo no desconoce la existencia de regímenes especiales aplicables a quienes integran fuerzas armadas de seguridad ni pretende excluir al personal del cumplimiento de sus obligaciones funcionales. La discusión se centra en otro punto: hasta dónde pueden llegar las restricciones derivadas de la función y cuándo esas limitaciones comienzan a afectar derechos básicos del trabajador.
La convocatoria reclama, en ese sentido, debido proceso frente a cualquier actuación administrativa y el cese de los sumarios que, según denuncian los organizadores, puedan utilizarse como represalia frente a expresiones legítimas y pacíficas.
Una mesa nacional de diálogo
Entre los reclamos aparece también la exigencia de constituir una mesa nacional de diálogo amplia, plural y transparente, con representantes de las distintas fuerzas y jurisdicciones.
El planteo apunta a evitar que las discusiones salariales y laborales queden limitadas a decisiones unilaterales de las conducciones políticas o institucionales.
Los convocantes reclaman que puedan expresarse allí representantes genuinos del personal y que la discusión incluya salarios, cobertura sanitaria, condiciones de trabajo, régimen disciplinario y mecanismos de representación.
La demanda adquiere especial relevancia en un país donde las fuerzas policiales provinciales poseen regímenes salariales, administrativos y laborales diferentes, mientras las fuerzas federales dependen del Estado nacional y presentan problemáticas propias.
La convocatoria intenta, precisamente, construir un punto común entre esas realidades distintas.
Provinciales y federales bajo una misma consigna
Las piezas difundidas en las últimas horas llaman a confluir bajo una consigna común a integrantes de policías provinciales, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.
También circulan convocatorias específicas a concentraciones y medidas de protesta para el lunes 24 de agosto, incluyendo una concentración pacífica anunciada frente al Edificio Centinela, sede central de Gendarmería Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.
El denominador común de los diferentes llamados es el reclamo por “un sueldo digno”, mejores condiciones laborales y respuestas de las autoridades políticas.
La existencia de distintas piezas de convocatoria, organizaciones y consignas obliga, no obstante, a distinguir entre los diferentes espacios que impulsan la jornada y a no presentar todavía como una estructura orgánica única aquello que aparece, por el momento, como una convergencia de reclamos y llamados a movilización.
El punto sensible: el derecho a protestar de quienes integran fuerzas de seguridad
La convocatoria vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión históricamente conflictiva en la Argentina: qué canales poseen policías y otros integrantes de fuerzas de seguridad para expresar demandas colectivas cuando consideran afectadas sus condiciones laborales.
El Estado exige a estos trabajadores disciplina, disponibilidad, obediencia funcional y una elevada exposición personal, pero esa relación genera inevitablemente una pregunta sobre los mecanismos disponibles para reclamar cuando consideran insuficientes sus salarios, prestaciones sociales o condiciones de servicio.
El debate no puede reducirse a una oposición simplista entre disciplina y protesta.
Una institución de seguridad necesita preservar su funcionamiento y su cadena de mando, pero esa necesidad tampoco debería convertir al trabajador uniformado en un ciudadano sin posibilidades efectivas de petición, representación o reclamo.
“La dignidad no se negocia, los derechos no se sancionan”
Desde la Casa Azul Policial sintetizaron la convocatoria con una consigna: “La dignidad no se negocia, los derechos no se sancionan”.
El documento difundido desde Rosario insiste en que la movilización pretende mantenerse dentro de un marco pacífico y constitucional y rechaza cualquier interpretación de la protesta como una amenaza al Estado.
Los convocantes reclaman que las autoridades nacionales y provinciales den una respuesta política a las demandas y que el problema no sea derivado exclusivamente hacia mecanismos disciplinarios.
El 24 de agosto será, en ese sentido, una prueba importante para conocer el verdadero alcance de la convocatoria, el nivel de adhesión que consiga entre las distintas fuerzas y, fundamentalmente, qué respuesta ofrecen los gobiernos frente a un reclamo que busca presentarse como nacional y transversal a policías, fuerzas federales, penitenciarios y retirados.
La cuestión de fondo excede una jornada puntual: detrás de cada uniforme existe un trabajador sometido a obligaciones extraordinarias, y el desafío institucional consiste en compatibilizar esas obligaciones con derechos, representación y canales democráticos capaces de procesar el conflicto antes de que el silencio termine siendo la única alternativa.
AMPLIAREMOS
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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