Santa Fe (Santa Fe) – Sin negociación colectiva específica, sin una mesa salarial propia y sin intervención directa de los trabajadores alcanzados.
El gobierno de Maximiliano Pullaro dispuso por decreto trasladar a policías, penitenciarios y personal del IAPIP el aumento acordado con otros sectores de la administración pública. El incremento previsto para el segundo semestre será del 10,1% escalonado hasta diciembre.
El gobierno de Santa Fe volvió a resolver de manera unilateral la política salarial de miles de trabajadores policiales y penitenciarios de la provincia.
Mediante el Decreto N.º 1655, el Poder Ejecutivo dispuso trasladar a esos sectores el incremento salarial acordado previamente en las paritarias de la administración pública, docentes y personal de salud. La decisión lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros Fabián Bastía, Pablo Olivares y Pablo Cococcioni.
La diferencia es evidente: mientras otros sectores participan —con mayor o menor capacidad real de negociación— de ámbitos paritarios en los que pueden discutir salarios y condiciones laborales, policías y penitenciarios reciben lo que el Poder Ejecutivo decide trasladarles una vez cerrada aquella discusión.
No hubo paritaria policial. No hubo negociación específica. No hubo representantes de los trabajadores uniformados sentados frente al gobierno discutiendo cuánto necesitan para vivir, cuáles son sus condiciones de servicio ni cómo impacta la inflación sobre sus familias.
Hubo un decreto.
El aumento que el gobierno decidió que corresponde
La medida establece para el segundo semestre de 2026 una recomposición del 10,1%, distribuida de manera escalonada: 2% retroactivo a julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre, 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre.
Los porcentajes se aplicarán sobre el sueldo básico y sobre otros conceptos que integran el recibo salarial.
Además, el decreto fija garantías mínimas de incremento neto de bolsillo: 80.000 pesos desde julio, 100.000 desde agosto, 130.000 desde octubre y 180.000 pesos desde diciembre, siempre según las condiciones establecidas por la norma.
El gobierno también dispuso una compensación para quienes durante el primer semestre hayan recibido una mejora inferior al 17,1%.
Todo puede presentarse administrativamente como una recomposición salarial. El problema político y laboral es otro: quién decidió esos porcentajes y quién tuvo derecho a discutirlos.
Para unos hay paritaria; para otros, decreto
Éste sigue siendo el núcleo del problema.
El personal policial y penitenciario presta servicios bajo regímenes especialmente exigentes. Tiene restricciones específicas de derechos, disponibilidad funcional, exposición al riesgo, jornadas irregulares, responsabilidad disciplinaria y obligaciones que no pesan de la misma manera sobre otros trabajadores estatales.
Sin embargo, cuando llega el momento de discutir salarios, esas particularidades no generan una instancia adicional de representación. Ocurre prácticamente lo contrario: el Ejecutivo toma lo acordado con otros sectores y lo extiende administrativamente a quienes no participaron de la negociación.
El resultado es una relación profundamente desigual.
El Estado puede ordenar, trasladar, sancionar, disponer horarios, servicios, destinos y condiciones de trabajo. Pero el trabajador policial no dispone de un mecanismo equivalente para sentarse institucionalmente frente a ese mismo Estado y discutir cuánto vale su trabajo.
De eso se trata también la falta de sindicalización y representación colectiva efectiva.
Los números que expone el propio decreto
La norma informa que, para diciembre de 2026, un director general, máxima jerarquía del escalafón policial, tendrá un básico de 2.332.643 pesos, mientras que el básico correspondiente al grado de suboficial, ubicado en el extremo inferior del escalafón, será de apenas 172.409 pesos.
Ese último número merece ser observado con particular atención.
El salario final de bolsillo se integra con suplementos, adicionales y otros conceptos, pero la existencia de básicos tan reducidos continúa teniendo consecuencias sobre la propia estructura remunerativa, el cálculo de adicionales y la composición histórica del salario policial.
En el Servicio Penitenciario y el IAPIP, el decreto establece pisos de remuneración neta de 1.002.833 pesos desde julio y 1.082.470 pesos desde diciembre, previendo una asignación especial remunerativa y no bonificable cuando resulte necesario completar esas cifras.
Nuevamente aparece una estructura salarial sostenida parcialmente mediante suplementos y compensaciones que permiten alcanzar determinados pisos sin resolver necesariamente todos los problemas del salario de base.
El derecho ausente es el de discutir
La discusión no consiste únicamente en determinar si el 10,1% es mucho o poco.
El problema previo es que los propios trabajadores alcanzados no participaron institucionalmente de la determinación de ese porcentaje.
Para el gobierno, el mecanismo parece sencillo: se negocia con quienes tienen representación reconocida y después se “traslada” el resultado a policías y penitenciarios.
Pero trasladar no es negociar.
Informar no es discutir.
Decretar no es acordar.
Y otorgar unilateralmente un porcentaje tampoco reemplaza el derecho de los trabajadores a formular sus propias demandas sobre salarios, vivienda, adicionales, obra social, ascensos, jornadas, descansos, equipamiento, retiros y condiciones de servicio.
La paradoja del trabajador policial
El discurso oficial suele hablar de revalorizar a la policía, recuperar autoridad, reconocer el sacrificio y respaldar a quienes visten uniforme.
Pero una verdadera revalorización debería comenzar también por reconocer al policía como trabajador y sujeto de derechos, no solamente como ejecutor de las políticas de seguridad que decide el gobierno.
Porque existe una contradicción difícil de ocultar: al policía se le exige profesionalismo, disciplina, disponibilidad y responsabilidad extraordinaria, pero cuando llega el momento de discutir las condiciones materiales bajo las cuales debe cumplir esas obligaciones, la decisión vuelve a quedar exclusivamente en manos del poder político.
La provincia determina cuánto cobra.
Determina cuándo aumenta.
Determina cómo se compone ese incremento.
Y determina qué porcentaje considera suficiente.
Todo ello sin una paritaria policial propia.
Una decisión salarial sin interlocutores policiales
El Decreto 1655 vuelve así a mostrar un problema que excede esta recomposición puntual.
Mientras no exista un ámbito legítimo de representación colectiva, cada aumento policial seguirá dependiendo fundamentalmente de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
Hoy es 10,1%. Mañana podrá ser otro porcentaje.
Pero el mecanismo seguirá siendo el mismo: el gobierno decide y el trabajador recibe.
En momentos en que distintos sectores policiales y de fuerzas de seguridad del país comienzan a reclamar salarios dignos, mejores condiciones laborales y canales institucionales de representación, la decisión santafesina ofrece un ejemplo concreto de aquello que está en discusión.
No se reclama únicamente un aumento.
Se reclama también el derecho a discutirlo.
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