Los nombres detrás de la masacre

Nueve policías y dos civiles murieron en el atentado del 12 de septiembre de 1976 en Junín y Rawson. Medio siglo después, recuperar sus nombres, sus edades, sus familias y sus historias permite comprender que detrás de aquella cifra había once vidas concretas, truncadas en cuestión de segundos.

Durante años fueron mencionados de una manera casi automática: nueve policías y dos civiles muertos. Once víctimas. Una cifra.

Pero una cifra no tiene hijos, no vuelve a su casa después del trabajo, no ahorra para comprarle una heladera a su madre, no prepara una fiesta de quince ni deja una hija de ocho meses.

Las personas sí. Y detrás de aquellas once muertes hubo precisamente eso: personas concretas, con familias, proyectos y vidas que quedaron interrumpidas el domingo 12 de septiembre de 1976.El atentado contra el micro interno 231 del Batallón Guardia de Infantería de la Unidad Regional II ocurrió cuando los policías regresaban después de cumplir un servicio de seguridad. No se trataba de jefes que ocuparan cargos de decisión o conducción, sino de personal policial regular que terminaba una jornada de trabajo.

Eran, además, hombres sorprendentemente jóvenes.

Ese dato, perdido muchas veces detrás de los uniformes y de las fotografías en blanco y negro, modifica la dimensión humana de la tragedia.

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Domingo Hipólito Alfonso

Domingo Hipólito Alfonso tenía menos de treinta años.

Estaba casado y era padre de tres hijos: uno de cinco años, otro de cuatro y un bebé de apenas cuatro meses.

Había ingresado a la Policía en 1972.

Cuando murió, no desapareció solamente un integrante de la Guardia de Infantería.

Tres chicos perdieron a su padre.

Ese es quizás uno de los problemas que produce el paso del tiempo: las tragedias terminan convertidas en acontecimientos históricos y detrás de ellas empiezan a desdibujarse las vidas cotidianas que fueron destruidas.

Andrés Alberto Acosta

Andrés Alberto Acosta tenía 25 años.

Estaba casado y era padre de dos hijos, de cuatro y dos años.

Su hermana Ángela conservó durante décadas uno de esos recuerdos pequeños que terminan diciendo mucho más que cualquier documento oficial.

Pocos días antes del atentado, Andrés le había contado que estaba ahorrando para comprarle una heladera a su madre. Para reunir el dinero aceptaba todos los servicios extraordinarios que podía.

Nunca volvió.

Aquella heladera que quería regalar es hoy una pequeña ventana hacia el hombre que existía detrás del uniforme: un trabajador joven, padre de familia, que realizaba horas adicionales y hacía planes para ayudar a su madre.

José Luis Boggino

José Luis Boggino tenía 24 años.

Estaba casado y tenía un hijo de apenas un año.

Había ingresado a la Policía en 1974.

Dos años después estaba muerto.

Como ocurrió con varios de sus compañeros, prácticamente acababa de comenzar su vida profesional.

Edgardo Jorge Ferri

Edgardo Jorge Ferri tenía 27 años.

Era soltero y había ingresado a la Policía en 1975.

Llevaba poco más de un año dentro de la fuerza cuando el atentado terminó con su vida.

Carlos González

Carlos González tenía apenas 20 años.

Era uno de los más jóvenes.

Estaba casado y tenía una hija de ocho meses, Silvina, que crecería prácticamente sin recuerdos de su padre.

Veinte años.

La edad obliga a detenerse.

Porque detrás de la categoría histórica de “policía muerto” había prácticamente un muchacho que recién empezaba su vida adulta y que ya tenía una familia.

Su hija crecería después con fotografías, relatos y preguntas sobre aquel padre al que casi no pudo conocer.

José María Gutiérrez

José María Gutiérrez tenía 23 años.

Estaba casado y era padre de tres hijos: de cinco años, tres años y cuatro meses.

Tres hijos antes de cumplir los 24.

También en su caso la muerte tuvo una consecuencia inmediata que ninguna estadística puede expresar: una familia completa debió reorganizar su existencia alrededor de una ausencia.

Juan Domingo Matiasevich

Juan Domingo Matiasevich tenía 28 años.

Estaba casado y era padre de dos hijos, uno de tres años y otro de apenas ocho meses.

Como tantos de sus compañeros, pertenecía a una generación de policías jóvenes que sostenía hogares donde había niños muy pequeños.

Hugo Alberto Pelegrina

Hugo Alberto Pelegrina tenía 26 años y era soltero.

También su historia quedó durante décadas condensada en una nómina de muertos.

Volver a escribir su nombre completo es una manera mínima, pero necesaria, de devolverle individualidad.

Darío Héctor Pietrani

Darío Héctor Pietrani tenía apenas 22 años.

Había ingresado a la Policía en octubre de 1975 y era uno de los efectivos más jóvenes que viajaban en el interno 231.

Murió en el acto.

Su historia contiene además una circunstancia particularmente dramática.

Dos años antes, el 23 de diciembre de 1974, un familiar suyo, el sargento Juan Domingo Pietrani, había sido asesinado por el ERP durante el copamiento de la Subcomisaría 6.ª de Soldini.

En menos de dos años, la misma familia fue golpeada por acciones de dos organizaciones armadas diferentes.

Hombres jóvenes y familias trabajadoras

Las fotografías conservadas de aquellos nueve policías muestran rostros jóvenes.

El libro La Masacre de Rosario señala que provenían, mayoritariamente, de familias trabajadoras y que sostenían sus hogares con salarios modestos y horas extras.

El dato no es secundario.

Ayuda a retirar aquella historia de una representación abstracta de los años setenta.

Aquellos policías no eran categorías políticas.

Eran trabajadores.

Algunos hacían servicios extraordinarios porque necesitaban completar ingresos. Muchos tenían esposas e hijos pequeños esperando en sus casas.

Cuando finalizó el operativo de seguridad de aquella tarde, lo que hacían era algo extremadamente cotidiano: regresar al trabajo habitual y, después, volver a sus hogares.

Nunca llegaron.

Oscar Walter Ledesma e Irene Ángela Dib

La explosión tampoco distinguió entre policías y civiles. Oscar Walter Ledesma, de 56 años, e Irene Ángela Dib, de 42, transitaban por el lugar junto con su hija Andrea Fabiana Ledesma, de catorce años, después de haber señado el salón donde celebrarían sus quince. Regresaban de organizar una fiesta familiar cuando el atentado los alcanzó: Oscar e Irene murieron en el acto y Andrea sobrevivió, perdiendo en segundos a sus dos padres y también aquella celebración que acababan de comenzar a preparar. Ninguno de los tres integraba un operativo policial ni tenía participación alguna en el conflicto; simplemente estaban pasando por allí.

Andrea, la sobreviviente

Andrea Fabiana tenía catorce años.

Sobrevivió al atentado, pero aquello significó comenzar otra historia: la de quienes siguieron viviendo después de la explosión.

El libro recuerda que, además de las once víctimas fatales, hubo numerosos policías y civiles heridos, algunos de los cuales convivieron durante el resto de sus vidas con secuelas físicas y psicológicas.

La tragedia, por lo tanto, no terminó aquella tarde.

Continuó dentro de los hospitales, en las rehabilitaciones, en los hogares y en las familias.

Once víctimas, once historias

Los nueve policías asesinados fueron:

Domingo Hipólito Alfonso.

Andrés Alberto Acosta.

José Luis Boggino.

Edgardo Jorge Ferri.

Carlos González.

José María Gutiérrez.

Juan Domingo Matiasevich.

Hugo Alberto Pelegrina.

Darío Héctor Pietrani.

Y las dos víctimas civiles:

Oscar Walter Ledesma.

Irene Ángela Dib.

No son once nombres intercambiables dentro de una lista.

Son once historias diferentes.

El uniforme también puede ocultar

Durante mucho tiempo, los nombres de los policías quedaron agrupados bajo una palabra recurrente: “caídos”.

La expresión institucional sirvió para recordarlos, pero también terminó produciendo un efecto involuntario.

El uniforme comenzó a ocupar el lugar de la persona.

Detrás de aquellas fotografías había hijos, padres, esposos, hermanos y compañeros de trabajo. Eran hombres jóvenes que pertenecían, en su mayoría, a familias trabajadoras.

Recordarlos no significa desconocer el contexto histórico en el que ocurrió el atentado.

Tampoco significa equiparar responsabilidades ni relativizar los crímenes cometidos desde el aparato estatal durante la dictadura.

Significa algo mucho más sencillo y, precisamente por eso, mucho más difícil de discutir: una víctima no deja de ser víctima por el uniforme que vestía.

Del mismo modo, reconocer a estos nueve policías y a los dos civiles no exige restarle memoria a ninguna otra persona alcanzada por la violencia política argentina.

La memoria no necesita funcionar como una competencia.

Volver a decir sus nombres

Cincuenta años después, muchos de estos nombres continúan prácticamente ausentes de la memoria pública. Pronunciarlos otra vez no modifica lo ocurrido, no devuelve padres a sus hijos, no reconstruye las familias, no realiza aquella fiesta de quince ni hace regresar el interno 231 a su cuartel. Pero sí puede impedir que aquellas once personas continúen existiendo solamente como una cifra, porque la Masacre de Rosario no destruyó únicamente un vehículo.

Interrumpió proyectos de vida y dejó familias atravesadas por ausencias irreparables.

Y porque detrás de cada cifra hubo una persona, una historia, una familia y una vida que aquella explosión interrumpió para siempre.

A cincuenta años del atentado, quizá el primer acto de memoria sea también el más elemental:

volver a nombrarlos.

(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.

 

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