El contador público Juan Ignacio Pividori cuestionó los nuevos vencimientos que atribuye al Banco de Santa Fe y advirtió que podrían quedar desfasados respecto del cronograma provincial de haberes. El planteo abre interrogantes sobre el rol de la entidad como agente financiero de la Provincia y sobre la protección del salario de trabajadores y jubilados.

Pividori lanzó en los últimos días una fuerte advertencia sobre cambios que, según explicó públicamente, el Banco de Santa Fe habría introducido en las fechas de cierre y vencimiento de tarjetas de crédito utilizadas por miles de trabajadores estatales y jubilados provinciales.

Sostiene que el nuevo esquema fija el cierre alrededor del día 20 y el vencimiento el día 4 del mes siguiente. Su planteo central es sencillo y, de confirmarse plenamente ese calendario para los productos alcanzados, plantea un problema concreto: una parte importante de los agentes públicos y jubilados santafesinos todavía no habría percibido sus haberes cuando ya venció la tarjeta.

El cronograma oficial de julio, abonado durante agosto, permite comprobar que esa desincronización no sería una cuestión menor. El personal policial y penitenciario y determinados pasivos cobraron el lunes 3; otra franja de activos, el martes 4; el resto de los activos, el miércoles 5; los pasivos de mayores haberes, el jueves 6; y las autoridades superiores, el viernes 7.

Es decir que, si el vencimiento denunciado por Pividori efectivamente se encuentra fijado para el día 4, una cantidad significativa de trabajadores y jubilados puede encontrarse con la obligación de cancelar la tarjeta antes de disponer efectivamente de su salario mensual.

“Automáticamente entra en mora”

Pividori fue particularmente crítico al describir el mecanismo. Según señaló, quien cobre el 6 o el 7 tendría ya vencida la obligación desde el día 4 y podría ingresar en mora, con las consecuencias financieras que ello implica.

También cuestionó el funcionamiento de los débitos automáticos cuando un haber cuya fecha oficial corresponde al lunes aparece acreditado desde el sábado anterior. Según su interpretación, en esos casos el banco podría debitar obligaciones antes de que el trabajador disponga materialmente de esos fondos.

Aquí corresponde hacer una precisión necesaria: se trata de afirmaciones y conclusiones formuladas públicamente por Pividori, y hasta el momento no encontramos una comunicación oficial del banco que permita establecer que el cambio de fechas haya sido dispuesto deliberadamente para generar mora o intereses adicionales. Tampoco corresponde presentar como hecho probado una intención predatoria de la entidad sin documentación que lo acredite.

Lo que sí es verificable es que la Provincia utiliza habitualmente acreditaciones anticipadas cuando la fecha de pago formal cae un lunes. En el cronograma de junio, por ejemplo, el Gobierno informó expresamente que determinados pasivos con fecha de cobro lunes 6 de julio tendrían el dinero acreditado en cuenta desde el sábado 4.

Por eso la situación merece una explicación clara tanto del banco como del Gobierno provincial.

El Banco de Santa Fe no es cualquier banco

Hay además una cuestión institucional que impide tratar este asunto como una simple relación privada entre un cliente y una entidad financiera.

El Nuevo Banco de Santa Fe es agente financiero y caja obligada de la Provincia. Sus propias memorias institucionales señalan que, en virtud del contrato celebrado con el Estado santafesino, administra entre otras operaciones la acreditación de haberes de la totalidad de los agentes de la Administración Pública Provincial y buena parte de los movimientos financieros oficiales. El contrato fue prorrogado por cinco años y actualmente se extiende hasta noviembre de 2029.

El propio Gobierno provincial lo reconoce también como agente financiero del Estado santafesino en documentación oficial.

Por eso resulta razonable exigir algo más que silencio.

Si existe una modificación de los vencimientos que coloca a trabajadores y jubilados en una situación financieramente desfavorable respecto del propio calendario con el que la Provincia paga los salarios, corresponde conocer por qué se decidió, a quiénes alcanza, desde cuándo rige y qué mecanismos existen para evitar que un trabajador incurra en mora simplemente porque su empleador público acredita los haberes después del vencimiento.

El problema de fondo vuelve a ser el endeudamiento

El planteo de Pividori cobra mayor relevancia porque no aparece en un vacío social.

Venimos señalando desde hace tiempo que para una parte considerable de trabajadores policiales, penitenciarios y estatales el crédito dejó de ser una herramienta destinada principalmente a financiar bienes durables y se convirtió en una prolongación mensual del salario.

Se compra comida con tarjeta.

Se refinancian resúmenes.

Se utilizan préstamos para cancelar compromisos anteriores.

Se hacen adicionales para cubrir cuotas.

Y cuando el endeudamiento adquiere esa característica, modificar unos pocos días el calendario financiero puede tener efectos muy distintos de los que tendría sobre una familia con capacidad de ahorro suficiente.

Para quien dispone de dinero en cuenta, que la tarjeta venza el 4 o el 7 puede representar una cuestión administrativa.

Para quien necesita esperar el salario para cubrirla, puede significar la diferencia entre pagar normalmente o comenzar el mes debiendo.

Ese es el punto social que Pividori intenta colocar en discusión.

Policía y penitenciarios: primeros en cobrar, pero no ajenos al problema

El cronograma provincial suele ubicar al personal policial y penitenciario entre los primeros grupos en percibir haberes. En julio de 2026, por ejemplo, el sector tuvo asignado el lunes 3 de agosto.

Eso puede reducir parcialmente el impacto inmediato de un vencimiento el día 4 para ese grupo específico, pero de ninguna manera elimina el problema general del endeudamiento que atraviesa a muchas familias uniformadas.

Porque una cosa es cuándo entra el salario y otra muy diferente cuánto queda después de créditos, tarjetas, alquileres, servicios, alimentos y obligaciones familiares.

Cuando el banco conoce con exactitud el flujo salarial provincial por su posición de agente financiero, resulta razonable preguntarse si el diseño de sus productos crediticios debería contemplar precisamente ese calendario para evitar generar dificultades innecesarias a los trabajadores cuyos haberes administra.

El Gobierno no puede mirar desde la tribuna

Pividori dirige una parte importante de su crítica al Ejecutivo provincial y sostiene que el Gobierno no debería permanecer al margen de una cuestión que afecta directamente a sus propios trabajadores.

Ese cuestionamiento merece ser atendido.

No significa que el Gobierno provincial determine unilateralmente cada condición contractual de las tarjetas ni que sea jurídicamente responsable de cada decisión comercial del banco. Pero existe una relación institucional especial entre ambas partes, y por lo tanto el Estado tiene una responsabilidad política evidente cuando aparecen situaciones capaces de afectar masivamente el salario que él mismo deposita a través de su agente financiero.

La pregunta es bastante sencilla:

¿puede el principal agente financiero de la Provincia establecer condiciones de vencimiento que no dialoguen con el propio cronograma salarial de la Provincia?

Y, si puede hacerlo jurídicamente, queda una segunda pregunta todavía más importante:

¿debería hacerlo?

Se necesitan respuestas, no especulaciones

El planteo formulado por Pividori merece una respuesta institucional concreta.

El Banco de Santa Fe debería informar públicamente qué tarjetas fueron alcanzadas por los cambios denunciados, cuáles son sus nuevas fechas de cierre y vencimiento, si los clientes pueden solicitar una modificación, cómo se procesan los débitos automáticos cuando el haber se acredita anticipadamente durante un fin de semana y qué sucede con quienes cobran después de la fecha de vencimiento.

El Gobierno provincial, por su parte, debería explicar si tomó conocimiento de la situación y si realizó alguna gestión ante su agente financiero para evitar perjuicios a trabajadores y jubilados.

No hace falta exagerar lo que todavía no está probado para advertir que existe un problema concreto.

Si el trabajador cobra después de que vence una obligación financiera vinculada a la misma entidad que administra su salario, existe al menos una descoordinación que merece ser revisada.

Y en una provincia donde el endeudamiento de los hogares ya constituye una preocupación cotidiana, cualquier decisión que pueda agravar ese cuadro debería ser explicada antes de que el costo vuelva a caer sobre los mismos de siempre.

Pividori lo planteó públicamente y con nombres propios.

Ahora les corresponde responder al Banco de Santa Fe y al Gobierno provincial.

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Datos de contacto:

Juan Ignacio Pividori

Contador Público, docente y Magíster en Administración Pública. Autor de Del otro lado de la mecha y Federalismo y coparticipación.

Instagram: @juanigpividori_
Blog: Del otro lado de la mecha — delotroladodelamechaa.blogspot.com