El tribunal que condenó a prisión perpetua a Francisco Riquelme dejó abierta una línea de investigación especialmente delicada: la posible connivencia de policías y agentes penitenciarios con el jefe narco de Empalme Graneros. La gran pregunta es cómo pudo seguir liderando una organización criminal mientras estaba detenido.
La condena a prisión perpetua contra Francisco Riquelme no cerró el caso. Por el contrario, abrió una de las preguntas más sensibles de toda la investigación: si el jefe narco seguía conduciendo su estructura criminal desde la cárcel, ¿Quiénes se lo permitían y quiénes pudieron haber colaborado con él desde dentro del propio Estado?
Riquelme fue condenado en mayo pasado por liderar una asociación ilícita que operó en Empalme Graneros, uno de los sectores de Rosario más castigados por la violencia criminal. Pero en los fundamentos del fallo, el tribunal fue más allá de la pena impuesta y recomendó remitir copias de lo ventilado durante el juicio al Ministerio Público de la Acusación para que se investigue una posible connivencia de personal penitenciario y policial.
El planteo tiene una gravedad evidente.
No se trata solamente de determinar si un detenido logró burlar controles internos o utilizar un teléfono clandestino. Lo que queda bajo sospecha es la eventual existencia de facilitadores estatales, personas que desde funciones policiales o penitenciarias pudieron haber permitido, protegido o colaborado con la continuidad de la actividad criminal.
La cuestión apareció durante el propio debate oral. Según se expuso, fue la defensa de Riquelme la que cuestionó cómo podía atribuirse a un recluso la conducción de una organización desde prisión si se encontraba bajo custodia estatal. Lejos de cerrar el punto, esa pregunta terminó dejando planteada otra mucho más incómoda.
Porque si efectivamente dirigía la banda desde adentro, entonces había mecanismos de comunicación, contactos, circulación de información y eventualmente protección que deberían ser explicados.
Y allí es donde empieza otro expediente.
La investigación que pueda surgir de la remisión ordenada por el tribunal tendrá que determinar si existieron agentes concretos que facilitaron esas maniobras, qué rol cumplió cada uno y si hubo pagos, favores, omisiones deliberadas o algún tipo de asociación con la estructura criminal.
Conviene hacer una precisión importante: hasta que existan imputaciones concretas y pruebas individualizadas, no corresponde extender sospechas sobre policías o penitenciarios en general. La eventual responsabilidad, si existió, debe ser establecida persona por persona y sobre evidencia concreta.
Pero precisamente por eso la investigación resulta indispensable.
Si hubo funcionarios estatales que colaboraron con un condenado por narcocriminalidad, no se trata de una irregularidad administrativa. Estamos ante una posible penetración criminal en organismos encargados precisamente de impedir ese tipo de delitos.
Y el dato es todavía más grave porque Riquelme se encontraba detenido.
La cárcel, por definición, debería interrumpir la capacidad operativa de un jefe criminal. Si no lo hace, el problema deja de estar solamente en la persona privada de libertad y pasa a involucrar el funcionamiento del sistema que debía controlarla.
¿Quién permitía las comunicaciones?
¿Quién acercaba teléfonos o mensajes?
¿Quién facilitaba información?
¿Quién miraba para otro lado?
¿Hubo policías fuera del ámbito penitenciario colaborando con la organización?
Esas son las preguntas que ahora deberán responder los investigadores.
El fallo, en ese sentido, deja una advertencia institucional mucho más amplia. Cada vez que una organización criminal consigue mantener conducción, logística y contactos desde una cárcel, el Estado tiene la obligación de revisar no sólo las fallas de seguridad sino también la posible existencia de complicidades internas.
Porque una estructura narco puede operar desde afuera por capacidad propia.
Pero si logra hacerlo desde adentro de una prisión, bajo custodia estatal y durante un período prolongado, entonces hay algo más que una simple falla.
Hay que investigar quién abrió la puerta.
Y esta vez, la Justicia ya dejó dicho dónde empezar a mirar.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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