Tras los reclamos por el adelantamiento de los vencimientos de tarjetas, el Banco Santa Fe anunció que no cobrará intereses a quienes deban pagar antes de percibir sus haberes y prometió adecuar los próximos vencimientos al cronograma salarial.
El ministro Pablo Olivares salió públicamente a «oficiar de vocero del banco» y comunicar que había requerido una revisión y, además, adelantó que la entidad anunciaría modificaciones, asumiendo de hecho un rol de vocero que terminó dándole cobertura política al banco. La denuncia que parecía exagerada obligó finalmente a ambas partes a reaccionar.
La polémica por el cambio en las fechas de vencimiento de las tarjetas de crédito del Banco Santa Fe tuvo en pocas horas una consecuencia concreta: la entidad salió públicamente a aclarar que no cobrará intereses a aquellos clientes cuyo vencimiento se produzca antes de que perciban sus haberes y aseguró que, hacia adelante, las fechas volverán a adecuarse al cronograma de pagos de la Administración Pública.
El episodio confirma que el problema existía.
El vencimiento que inicialmente estaba previsto para el 4 de septiembre había sido adelantado al día 1°, una fecha en la que una parte importante de los trabajadores públicos y jubilados santafesinos todavía no habría cobrado. El cambio comenzó a aparecer en los resúmenes durante el fin de semana y rápidamente generó reclamos entre empleados estatales, judiciales y otros sectores cuyos salarios se acreditan durante los primeros días del mes.
La preocupación era sencilla: si la tarjeta vencía antes de que ingresara el salario, el trabajador podía quedar expuesto a mora, intereses o cargos adicionales simplemente porque el vencimiento había sido colocado antes del día de cobro.
Pividori lo había advertido
Un día antes, el contador público Juan Ignacio Pividori había advertido públicamente sobre la descoordinación entre los vencimientos de las tarjetas y el cronograma salarial de la Provincia.
Desde APROPOL Noticias recogimos aquella denuncia y señalamos que el problema no era meramente administrativo, porque para miles de trabajadores el crédito ya no funciona solamente como una herramienta para adquirir bienes durables, sino como una extensión del salario utilizada para alimentos, medicamentos, servicios y gastos corrientes.
La reacción posterior del banco confirma, como mínimo, que la preocupación no era imaginaria.
La entidad terminó reconociendo que existían clientes cuyos vencimientos podían producirse antes de que percibieran sus haberes y anunció que no aplicará intereses en esos casos.
Olivares llamó al banco
La situación también obligó a intervenir al Gobierno provincial.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, informó públicamente que se comunicó con las autoridades del Banco Santa Fe para requerir que revisaran el adelantamiento del vencimiento y garantizaran que los trabajadores y jubilados afectados no tuvieran que afrontar cargos adicionales.
Posteriormente publicó en su cuenta de X que había solicitado a la entidad que revirtiera la modificación y agregó que desde el banco le aseguraron que anunciarían cambios.
Está bien que el ministro haya intervenido.
Lo que resulta llamativo es que el propio responsable de Economía provincial haya terminado funcionando casi como vocero anticipado de una entidad privada que, al mismo tiempo, es agente financiero del Estado santafesino.
Porque el banco tiene canales institucionales, autoridades y equipos de comunicación suficientes para explicar sus propias decisiones.
El Gobierno debería controlar.
El banco debería responder.
No al revés.
El Banco Santa Fe no es un actor cualquiera
La cuestión es especialmente sensible porque el Banco Santa Fe administra la acreditación de los salarios de la Administración Pública Provincial en su condición de agente financiero de la Provincia. Ese vínculo institucional hace que cualquier modificación capaz de afectar de manera generalizada a trabajadores y jubilados no pueda ser tratada como una decisión comercial completamente desconectada del Estado.
Si la Provincia conoce su propio cronograma salarial y el banco también lo conoce porque administra esos fondos, resulta difícil comprender por qué los vencimientos fueron colocados en una fecha anterior al cobro de una parte de sus clientes cautivos o casi cautivos.
Precisamente por eso la marcha atrás resulta significativa.
No estamos ante una simple queja de usuarios porque una aplicación cambió de aspecto.
Estamos hablando del salario.
Primero se cambia, después se aclara
El episodio deja además una secuencia bastante particular.
Primero aparece el cambio.
Después llegan las protestas.
Luego interviene el ministro.
Finalmente el banco anuncia que no cobrará intereses y que adecuará los próximos vencimientos.
La pregunta inevitable es por qué no se evaluó todo eso antes.
Si el Banco Santa Fe puede ahora acomodar los vencimientos al cronograma de pagos de la Administración Pública, como acaba de anunciar, entonces ese criterio también podía haber sido contemplado antes de generar incertidumbre entre miles de trabajadores.
Y si finalmente no habrá intereses para quienes cobren después del vencimiento, convendría también conocer con precisión cómo se aplicará esa excepción, qué deberá hacer el usuario afectado y cómo se evitarán eventuales registros automáticos de mora.
El problema sigue siendo el endeudamiento
La discusión tampoco termina con mover tres días una fecha.
El verdadero problema es que una cantidad creciente de trabajadores necesita esperar la acreditación del salario para pagar inmediatamente compromisos financieros acumulados.
En la nota anterior señalábamos precisamente eso: una cosa es cuándo entra el sueldo y otra muy distinta cuánto queda después de tarjetas, créditos, alquileres, servicios, alimentos y obligaciones familiares.
Para una familia con ahorro suficiente, que una tarjeta venza el 1, el 4 o el 7 puede ser una molestia administrativa.
Para quien llega al último día del mes sin margen financiero, esos tres días pueden significar mora.
Ahí está el verdadero problema social.
La denuncia sirvió
Pividori puso el tema sobre la mesa.
Los trabajadores reclamaron.
El ministro tuvo que intervenir.
El banco tuvo que explicar y corregir.
Eso también debería servir para recordar algo básico: cuando los trabajadores denuncian una situación que afecta su salario, la respuesta no debería ser minimizarla ni esperar que el problema desaparezca.
Esta vez hubo reacción.
Y, al menos por ahora, el Banco Santa Fe asegura que no cobrará intereses derivados de este adelantamiento y que los próximos vencimientos serán adaptados al cronograma salarial provincial.
Bienvenido el retroceso (si se cumple).
Ahora falta saber por qué se tomó una decisión que nunca debería haber obligado a retroceder.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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