RAFAELA: denuncian maltrato, recargos y temor a represalias en el Comando Radioeléctrico

Policías recientemente incorporados al Comando Radioeléctrico de Rafaela denuncian recargos, malos tratos y un clima de presión interna, mientras aseguran que existe temor a sufrir represalias si formalizan sus reclamos.

Personal policial recientemente incorporado al Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V hizo llegar a APROPOL Noticias una denuncia en la que describe presuntos malos tratos, recargos excesivos, problemas con la registración y pago de horas trabajadas, incumplimientos vinculados al transporte y falta de respuestas a pedidos de pases y permutas.

Los efectivos solicitaron preservar estrictamente sus identidades por temor a represalias. APROPOL considera que los hechos denunciados deben ser verificados mediante una intervención administrativa seria e independiente.

Una nueva denuncia interna vuelve a poner bajo la lupa las condiciones en las que presta servicio parte del personal policial destinado en la Unidad Regional V, departamento Castellanos, particularmente efectivos recientemente incorporados al Comando Radioeléctrico de Rafaela. La información llegó a APROPOL Noticias a través de una fuente cuya identidad mantendremos en estricta reserva y que asegura representar el malestar de varios compañeros pertenecientes al denominado personal de cuerpo.

La primera cuestión que aparece resulta, por sí sola, preocupante: quienes decidieron hacer pública la situación pidieron reiteradamente garantías de anonimato porque aseguran tener miedo a sufrir consecuencias laborales o disciplinarias. Uno de los mensajes recibidos lo expresa sin rodeos: “La verdad me asusté”. La fuente explicó además que continúa destinada en Rafaela junto con otros compañeros, a pesar de haber solicitado pases o permutas que, según sostiene, nunca se concretaron.

Ese temor no prueba por sí mismo ninguna de las irregularidades denunciadas, pero constituye un dato institucional que no debería ser minimizado. Cuando trabajadores del Estado consideran que no pueden plantear abiertamente sus condiciones laborales sin exponerse a consecuencias, existe al menos un problema de confianza que merece ser atendido.

Maltrato y hostigamiento

Según el escrito remitido a este medio, parte del personal recientemente incorporado denuncia tratos despectivos, humillaciones, atropellos y situaciones que califican como abuso de autoridad y hostigamiento laboral por parte de determinados superiores. Los denunciantes describen una conducción que, según su versión, estaría generando un clima especialmente adverso para los agentes con menor antigüedad.

Conviene mantener una precisión elemental: APROPOL no se encuentra en condiciones de afirmar como comprobadas cada una de esas conductas. Se trata de una denuncia formulada por personal policial que reclama una investigación institucional, y precisamente por eso corresponde verificarla mediante los mecanismos administrativos adecuados, preservando además a quienes aporten información de cualquier eventual represalia.

Recargos y horas que deben ser esclarecidas

Uno de los puntos centrales del reclamo está relacionado con los recargos de servicio. Los policías sostienen que existirían jornadas y horas adicionales que, en determinados casos, no serían abonadas o no quedarían correctamente registradas en los libros correspondientes, y también cuestionan la falta de transparencia que, según afirman, existiría alrededor de la administración de esos recargos.

Si esta situación se confirma, no estaríamos simplemente frente a un desacuerdo acerca de cómo organizar un servicio. Cada hora durante la cual un policía permanece a disposición del Estado es tiempo de trabajo y debe estar correctamente dispuesta, registrada y, cuando corresponda, remunerada. La organización policial posee necesidades operativas especiales y situaciones extraordinarias que pueden justificar extensiones de jornada, pero excepcionalidad operativa no significa disponibilidad ilimitada del trabajador ni habilita a transformar el recargo permanente en una forma habitual de organización.

Una auditoría de los libros de guardia, diagramas de servicio, planillas y liquidaciones permitiría establecer con bastante facilidad qué ocurrió realmente y si existen diferencias entre lo efectivamente trabajado, lo registrado y lo finalmente abonado.

Pases y permutas que no llegan

La denuncia también refiere a solicitudes de pases y permutas que, según los agentes, continúan sin resolución. Este punto adquiere particular relevancia porque varios de los efectivos destinados en Rafaela provendrían de localidades alejadas, de modo que la permanencia obligada en ese destino impactaría de manera directa sobre su organización familiar, sus tiempos de descanso y sus gastos cotidianos.

La fuente que habló con APROPOL sostuvo que los trabajadores continúan en la misma situación y que las alternativas de traslado prometidas no se habrían concretado. El problema no es menor cuando esa distancia obliga al empleado a afrontar diariamente gastos importantes de transporte y, al mismo tiempo, cumplir regímenes laborales sometidos a recargos o modificaciones horarias que pueden volver todavía más gravoso el desplazamiento.

La promesa del transporte

Los denunciantes aseguran además que existieron compromisos relacionados con el traslado del personal proveniente de otras localidades, pero que actualmente muchos deben utilizar y pagar colectivos de línea para concurrir a prestar servicio.

Si el Estado convocó, incorporó o destinó personal bajo determinadas previsiones de transporte y posteriormente esas condiciones fueron modificadas, corresponde al menos explicar cuál fue la decisión administrativa adoptada y qué alternativa se ofreció a los trabajadores afectados. Detrás de aquello que desde una oficina puede parecer un simple problema logístico existe una realidad cotidiana concreta: policías que deben viajar largas distancias, pagar pasajes, cumplir horarios exigentes, afrontar recargos y luego regresar a sus hogares, muchas veces con períodos de descanso reducidos.

Todo eso forma parte de las condiciones laborales y no puede ser considerado una cuestión secundaria.

El desgaste también impacta en el servicio

La presentación recibida por APROPOL habla de desgaste emocional, estrés y desmotivación. Es un punto que merece ser abordado con responsabilidad porque los trabajadores policiales desarrollan una actividad que ya posee por naturaleza niveles elevados de exigencia, exposición al conflicto y responsabilidad, de modo que agregar jornadas excesivas, incertidumbre sobre los horarios, problemas de traslado, tensiones jerárquicas o ausencia de respuestas institucionales puede aumentar considerablemente esa carga.

La denuncia menciona además la preocupación de los propios trabajadores por antecedentes de crisis graves dentro de las fuerzas de seguridad. No corresponde establecer relaciones automáticas entre conflictos laborales y conductas individuales extremas, porque esas situaciones poseen causas múltiples y complejas, pero sí corresponde afirmar que la salud y el bienestar psicológico del personal policial deben formar parte de cualquier política seria de seguridad laboral y prevención institucional.

Esperar a que aparezca una crisis para recién entonces intervenir constituye exactamente lo contrario de una política preventiva.

La verticalidad no habilita el maltrato

También existe una cuestión conceptual que debe quedar clara. La Policía es una organización jerarquizada, necesita mando, disciplina, órdenes claras y responsabilidades diferenciadas, pero jerarquía no significa arbitrariedad ni autoriza el destrato.

Un superior posee mayores responsabilidades institucionales, no un derecho superior sobre la dignidad del subordinado. La disciplina profesional debe fortalecer el funcionamiento del servicio y permitir que cada integrante conozca con precisión qué debe hacer, cómo debe hacerlo y ante quién responde, pero cuando degenera en humillación, hostigamiento o utilización abusiva de la posición jerárquica deja de cumplir esa función y comienza a destruir la confianza interna.

Una fuerza donde los subordinados obedecen pero temen hablar no necesariamente es una institución disciplinada; puede ser simplemente una institución donde los problemas permanecen ocultos hasta que finalmente estallan.

Investigar sin perseguir al denunciante

La presentación solicita una investigación seria, imparcial y urgente sobre las condiciones laborales dentro del Comando Radioeléctrico de Rafaela. Consideramos razonable el planteo y entendemos que esa intervención debería revisar, como mínimo, los diagramas y recargos de servicio, su registración y pago, las solicitudes pendientes de pases y permutas, las condiciones de traslado del personal y las denuncias relacionadas con el trato jerárquico.

Pero existe una condición indispensable: la investigación no puede transformarse en una búsqueda para descubrir quién habló con APROPOL.

Si la primera reacción institucional frente a una denuncia consiste en identificar al denunciante en lugar de comprobar los hechos denunciados, se estaría confirmando precisamente una de las razones por las cuales los trabajadores dicen tener miedo. El objeto debe ser el problema, no la fuente.

Una cuestión que la UR V debería aclarar

Nada impediría que la conducción de la Unidad Regional V brinde públicamente su versión e informe cuál es actualmente el régimen de recargos, cómo se registran, cómo se liquidan, qué situación presentan los pases y permutas reclamados, qué ocurrió con el transporte y qué mecanismos posee el personal para denunciar situaciones de maltrato sin exponerse a represalias.

Si las denuncias son incorrectas, una investigación administrativa también permitirá demostrarlo. Si son parcialmente ciertas, habrá que corregir aquello que corresponda. Y si se verifican irregularidades más amplias, deberán determinarse las responsabilidades de quienes ejercen funciones de conducción.

Lo que no parece razonable es dejar que el problema continúe acumulándose bajo la superficie.

Cuidar al policía también es seguridad pública

Durante demasiado tiempo se pretendió separar artificialmente las condiciones laborales del personal y la calidad del servicio que presta, cuando en realidad se trata de cuestiones inseparables. Un policía agotado, sometido a jornadas desordenadas, preocupado por cómo regresar a su casa, frustrado por pedidos administrativos que no obtienen respuesta o trabajando en un ambiente hostil no se encuentra en las mejores condiciones para desarrollar una función que exige atención, autocontrol, criterio y capacidad permanente de decisión.

Proteger los derechos del trabajador policial no debilita la seguridad, sino que la fortalece. Por eso la denuncia que recibimos no debería ser leída como un problema interno que conviene esconder, sino como una advertencia que debe ser atendida antes de que el deterioro se profundice.

Los efectivos que se comunicaron con APROPOL no están reclamando privilegios. Piden algo bastante más elemental: trato digno, jornadas correctamente administradas, horas registradas y pagadas, respuestas a sus pedidos y condiciones que permitan trabajar sin miedo.

Eso no debería resultar extraordinario dentro de ninguna dependencia del Estado, y mucho menos dentro de una institución encargada de hacer cumplir la ley.