La muerte de la oficial de la Policía Bonaerense, ocurrida en abril en un puesto policial de Berisso, dejó de ser abordada sólo bajo la hipótesis inicial de suicidio. La Justicia de La Plata hizo lugar al planteo de la familia y ordenó incorporar formalmente la hipótesis de femicidio, en línea con los protocolos vigentes para toda muerte violenta de una mujer.
La muerte de Érica Valdez, oficial de la Policía Bonaerense de 34 años, ocurrida el pasado 9 de abril en Berisso, fue recaratulada como femicidio.
La decisión judicial no significa que la causa ya tenga una conclusión definitiva ni que exista una persona penalmente responsable determinada, pero sí implica un cambio de enorme importancia: la investigación deberá profundizar la hipótesis de que la mujer pudo haber sido víctima de un crimen cometido en un contexto de violencia de género.
Valdez se encontraba cumpliendo funciones de guardia en un puesto policial ubicado en la zona de 60 y 128, cerca de la destilería de YPF, cuando recibió un disparo en el abdomen. Fue trasladada al Hospital Mario Larrain, donde permaneció internada y fue intervenida quirúrgicamente, pero finalmente falleció como consecuencia de las heridas sufridas.
La familia nunca aceptó la hipótesis del suicidio
Desde los primeros momentos, una de las líneas de investigación fue la del presunto suicidio. Esa hipótesis fue rechazada por la familia, que durante meses reclamó que el caso no se cerrara prematuramente y que se investigaran otras posibilidades, especialmente la existencia de un eventual contexto de violencia de género.
Ahora, a partir del planteo familiar, la causa fue recaratulada y quedó formalmente bajo la hipótesis de femicidio.
La precisión es indispensable: investigar como femicidio no equivale a afirmar que ya hubo femicidio. Significa que la Justicia está obligada a agotar esa línea investigativa antes de descartarla. Y esa obligación no surge de una simple opinión de la familia, sino de estándares jurídicos y protocolos vigentes.
Qué obliga a investigar el protocolo vigente
La documentación aplicable en la provincia de Buenos Aires es clara. La Resolución P.G. N.º 476/18 de la Procuración General aprobó el uso del “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres —femicidios—” y recomendó su aplicación a funcionarios y magistrados del Ministerio Público.
Ese protocolo establece un criterio fundamental: ante la muerte violenta de una mujer, la hipótesis de femicidio debe ser considerada desde el comienzo de la investigación, incluso cuando inicialmente se presente como suicidio o accidente.
Ese punto es central. El protocolo no ordena fabricar culpables ni invertir la carga de la prueba. Ordena investigar bien. Ordena no clausurar posibilidades antes de tiempo. Ordena mirar el contexto, las relaciones previas, los antecedentes de violencia, las circunstancias del hecho, la escena, las pericias, los testimonios y todos aquellos indicios que permitan determinar si la muerte estuvo vinculada con violencia de género.
Una investigación que deberá revisar lo actuado
En el caso de Érica Valdez, la nueva carátula obliga a revisar con mayor profundidad lo ocurrido aquella madrugada en el puesto policial.
La causa comenzó en la UFI N.º 7 y luego pasó a la UFI N.º 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, tras la excusación de la fiscal Virginia Bravo. Desde entonces, el expediente se encuentra en etapa de revisión de medidas ya realizadas, análisis de pericias, testimonios y producción de nuevas diligencias.
La familia reclama que se investigue la posible responsabilidad de A.L.P., expareja de la oficial, a quien señala como presunto autor de un ataque. Ese señalamiento debe ser tratado con toda la prudencia que exige el Estado de Derecho: se trata de una hipótesis sostenida por los familiares y no de una responsabilidad penal establecida por la Justicia. Pero justamente por eso debe investigarse de manera seria, completa e independiente.
El pedido de apartar a la Policía Bonaerense
Los familiares también solicitaron que la Policía Bonaerense sea apartada de la investigación y que las medidas pendientes queden bajo intervención de otros organismos.
Ese pedido se vincula con la desconfianza sobre la primera etapa de la pesquisa y con la necesidad de garantizar imparcialidad, especialmente cuando la víctima era integrante de la propia fuerza y el hecho ocurrió mientras cumplía funciones.
Otro punto sensible está relacionado con unas presuntas cartas que, según la familia, Érica habría escrito antes de morir. La fiscalía habría solicitado esos documentos para peritarlos, pero recibió como respuesta que habían sido quemados y ya no existían.
Si ello se confirma, la imposibilidad de analizar esas piezas constituye un dato que también debe ser cuidadosamente valorado dentro de la investigación.
Una mujer policía también puede ser víctima de violencia de género
El caso interpela por varias razones. Primero, porque se trata de una mujer policía muerta en circunstancias violentas mientras cumplía servicio. Segundo, porque durante meses su familia denunció que la hipótesis de suicidio no explicaba todo lo ocurrido. Tercero, porque la normativa vigente exige que las muertes violentas de mujeres sean investigadas con perspectiva de género desde el inicio, precisamente para evitar que femicidios sean encubiertos, minimizados o descartados bajo categorías prematuras.
Hay aquí una enseñanza institucional que no debería perderse. Las mujeres policías también pueden ser víctimas de violencia de género. El uniforme no las coloca fuera de esa realidad ni convierte su muerte en un simple episodio interno de la fuerza.
Cuando una trabajadora de la seguridad muere en circunstancias violentas, el Estado tiene una doble obligación: investigar como corresponde y garantizar que su condición policial no funcione ni como privilegio ni como obstáculo para la verdad.
Una puerta que no debía cerrarse
La recaratulación de la causa no repara por sí sola el dolor de la familia ni responde todavía la pregunta central: qué ocurrió realmente con Érica Valdez. Pero abre una puerta que no debía cerrarse.
A partir de ahora, el expediente deberá avanzar con mayor amplitud, con perspectiva de género, con control sobre lo actuado y con la obligación de descartar hipótesis sólo después de haberlas investigado.
La Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia la hipótesis de un homicidio cometido en un contexto de violencia de género o si, finalmente, esa posibilidad debe ser descartada. Lo que ya no parece admisible es reducir el caso a una explicación inicial sin agotar todas las medidas necesarias.
Érica Valdez era una mujer, una trabajadora policial y una ciudadana bajo protección del Estado. Su muerte exige una investigación completa, seria y transparente. No por presión mediática ni por oportunismo político, sino porque cuando una mujer muere violentamente, la primera obligación institucional es no mirar para otro lado.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora